Gaceta de Madrid
Madrid, domingo 21 de febrero de 1836
 
número 426
páginas 1-3

Quedan declarados en venta todos los bienes que hubiesen pertenecido a las Comunidades y Corporaciones religiosas extinguidas

[ Real Decreto de 19 de febrero de 1836 ]

Exposición a S. M. la reina gobernadora.

Señora:

Vender la masa de bienes que han venido a ser propiedad del Estado, no es tan solo cumplir una promesa solemne y dar una garantía positiva a la deuda nacional por medio de una amortización exactamente igual al producto de las rentas; es abrir una fuente abundantísima de felicidad pública; vivificar una riqueza muerta; desobstruir los canales de la industria y de la circulación; apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio; ensanchar la patria, crear nuevos y fuertes vínculos que liguen a ella; es en fin identificar con el trono excelso de ISABEL II, símbolo de orden y de libertad.

No es, Señora, ni una fría especulación mercantil, ni una mera operación de crédito, por mas que este sea la palanca que mueve y equilibra en nuestros días las naciones de Europa: es un elemento de animación, de vida y de ventura para la España. Es, si puedo explicarme así, el complemento de su resurrección política.

El decreto que voy a tener la honra de someter a la augusta aprobación de V. M. sobre la venta de esos bienes adquiridos ya para la nación, así como en su resultado material ha de producir el beneficio de minorar la fuerte suma de la deuda pública, es menester que en su tendencia, en su objeto y aun en los medios por donde se aspire a aquel resultado, se enlace, se encadene, se funda en la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios, cuyos goces y cuya existencia se apoye principalmente en el triunfo completo de nuestras actuales instituciones.

A este pensamiento de intenso y desinteresado patriotismo se contrae todo mi proyecto; a él se dirigen todas mis combinaciones, y él campea y descuella en todas las medidas que me atrevo a proponer a V. M.

La confianza de los pueblos suele ser muy quebradiza, y de cierto no se capta por entero cuando no ven franqueza y sinceridad en sus gobernantes. Para que la suspicacia mas ingeniosa no alimente escrúpulos, donde solo hay sanidad de intención, se comienza declarando que todos los bienes están en venta: esto es, que ningún respeto, ninguna influencia, ninguna pasión mezquina podrá impedir ni detener la de cualquiera finca conocida como propiedad nacional. Hasta las que el Gobierno ha de reservar para fines del servicio público, para homenaje de las artes o para gloria de las proezas de los españoles, no han de permanecer cubiertas con el velo del misterio. Una lista impresa de todas ellas anunciará a la nación cuáles han sido las preferidas para esos objetos de utilidad, y aun de justo orgullo nacional.

Conceder un derecho sin acompañarle de los medios para ser ejercitado, es casi una irrisión de aquellos a quienes se quiere suponer favorecidos. En vano sería la declaración que dejo indicada, si todo el que se propusiere comprar una o mas determinadas fincas, hubiera de depender de la voluntad del jefe de la provincia, o no poder llevar a ejecución su deseo hasta que les tocase el turno o la suerte de ser tasadas, y anunciadas para la subasta. Universal y sin traba alguna es la facultad que se confiere de pedir la tasación de cualquiera finca, y terminante el deber impuesto a la autoridad de disponer sin tardanza esta operación. Para alejar de ella hasta el asomo de un manejo o de una mira particular, se ha de comunicar al público la solicitud de la tasación y el valor a que esta haya ascendido. Digno es de consideración el que promueve la venta de una finca; y como una especie de recompensa se le otorga la facultad de hacer intervenir un perito de su elección en el acto de la tasa; y no solo puede contar con que la heredad o el edificio será suyo toda vez que en la subasta no traspase ningún licitador la línea del justo precio; sino que se le halaga con la seguridad de ser preferido, si le acomoda, en igualdad de circunstancias.

Este aliciente podrá contribuir a impulsar y abreviar las ventas; pero en su esencia no pasa de una ventaja accidental.

El gran atractivo, el móvil poderoso que incline y aun arrastre a interesarse en ellas, ha de nacer principalmente de los términos de las mismas ventas, y del modo desahogado para el pago. Indispensable es que un reglamento especial deslinde y determine todos los trámites que hayan de dar a estos actos publicidad, rectitud y solemnidad. El decreto de las Cortes de 3 de Setiembre de 1820 contiene reglas y precauciones propias de la sabiduría de aquel cuerpo legislador; y aunque serán muy pocas las que por el imperio de las circunstancias requieran alguna ligera variación, esta misma causa obliga a añadir a aquellas algunas otras medidas de importancia saludable.

Una de ellas es la que previene que las subastas no se verifiquen tan solamente en la capital de la provincia donde se hallen radicadas las fincas; sino que también se ejecuten en esta corte, celebrándose en uno y otro punto en un día mismo. Si cuando una disposición demuestra por sí que su espíritu es dar mayores facilidades para el logro del fin propuesto, puede excusarse la explicación detenida de las razones que indujeran a dictarla; todavía admite la presente una reflexión que acabará de convencer de su oportunidad. La capital del reino puede mirarse como un centro de riqueza, de combinación y también de especulaciones. De donde se sigue que nada puede ser tan conveniente como darla el estímulo y facilitarla la proporción de entrar en el negocio de las ventas, sin que sea preciso instituir agentes, ni valerse de intermediarios, a quienes por muchas facultades que se les confieran siempre han de obrar con alguna ligadura que solo puede romper el que juzga y decide por la extensión de sus medios.

Suelen introducirse abusos en las concesiones y en los objetos mas plausibles. A la previsión de la ley toca anteponerse a ellos, hasta ahuyentarlos. Ninguno puede temerse en esta duplicada subasta, cuando al día inmediato a la celebración del remate se han de publicar en la Corte y en la capital de la provincia el precio más alto ofrecido en ambos puntos por la finca; omitiéndose por entonces el nombre del licitador. La sutileza más exquisita no puede inventar un ardid, ni poner en planta un amaño para que en dos actos simultáneos ejerza el uno influencia sobre el otro. El óbice que quizá ocurriera respecto a las capitales, cuya comunicación con la Corte no exija mas que algunas horas, se desvanece por la consideración de la publicidad de las subastas, y por la legalidad con que ha de consignarse en cada expediente su verdadero resultado. Si en este método se columbra algún inconveniente, es el que puede traer consigo la necesidad de que el licitador de más alta promesa no quede declarado desde luego por adjudicatario, teniendo que pasar algunos días en la incertidumbre de si podrá o no ser dueño de la finca de sus deseos. Pero este inconveniente, grande tal vez para el interés individual, degenera de muy pequeño en casi imperceptible cuando se le compara con el interés máximo del Estado, que es sacar los mayores productos para amortizar lo mas que pueda en el capital de la deuda pública. Y todavía para suavizar el poco o mucho desabrimiento de este menguado inconveniente, que de seguro encontrará poca cabida en los pechos españoles, se limita a estrecho plazo el señalado para hacer la declaración de quién sea el comprador.

Otra medida de incalculable trascendencia es la que se encamina a recomendar la división de las grandes propiedades, para reducirlas a suertes que estén al alcance de los ciudadanos honrados y laboriosos que forman la fuerza y las esperanzas de la patria. Sin este sistema y sin consagrar a su ejecución la solicitud mas afanosa, quedaría defraudado lastimosamente el fin primordial de estas ventas, que, como ya he manifestado a V. M., es crear nuevos vínculos que aten al hombre con la patria y con sus instituciones. Por lo tanto se deja al interés de los pueblos mismos el nombramiento de las personas inteligentes que hayan de designar las divisiones que cómodamente puedan hacerse en los grandes predios de sus jurisdicciones. Para que pasiones mezquinas o ruines no atajen ni paralicen el grandioso propósito que envuelve esta idea, se echa mano del freno mas poderoso en el Gobierno representativo, que es la publicidad en los actos de todo género de administración. Las divisiones acordadas por los hombres inteligentes de cada pueblo se publicarán en el mismo y en la capital de la provincia, a fin de que la connivencia de unos pocos, la seducción de algunos, o las miras torcidas de otros, no neutralicen el beneficio de la división. La ley, considerando a sus agentes y ejecutores colocados en una esfera superior a las pasiones de las localidades y de las familias, reviste ahora al intendente de la autoridad terrible de resolver sin ningún otro recurso, en cualquier reclamación que se suscite sobre estas divisiones; y al ejercer tan grave autoridad no duda el Gobierno que estos mismos jefes no olvidarán que si bien ocupan ese lugar alto que les granjea tanta confianza, su misma altura atrae sobre ellos las miradas públicas, y dan a cada ciudadano el derecho de examinar y censurar su conducta.

Estas son, Señora, las novedades o las ampliaciones introducidas en el reglamento de 3 de Setiembre de 1820. Réstame exponer a la soberana comprensión de V. M. el sistema también nuevo que ha de seguirse en los pagos.

Nada se habría hecho para alcanzar el pensamiento de multiplicar el número de los propietarios españoles, si ya que los bienes de que se trata han de ser aplicados a la extinción de la deuda pública, no se ensanchára hasta el mayor término posible la facilidad de satisfacer el precio de las compras, combinándola de tal modo con la posibilidad de las clases medias, y con las aficiones más comunes de los hombres, que de ella misma salga el empuje que avive los deseos de hacerse propietarios.

A la elección de los licitadores se ofrecen dos medios igualmente cómodos y halagüeños de verificar los pagos. Ambos descansan sobre la base de entregar una quinta parte del precio del remate a la solemnización de la escritura que trasmita la propiedad; pero según sea la especie de moneda que prefieran para el pago, así disfrutarán de ocho o de diez y seis años sucesivos para realizar las otras cuatro quintas partes: de modo que en el un caso la entrega anual es a razón de 10, y en el otro caso de 5 por 100, tomando por tipo el valor del remate.

La opción entre los dos medios es irrevocable, y debe tener lugar en el acto de la adjudicación. Si se elige pagar en documentos de la deuda pública, estos se admiten por todo su valor nominal, con la distinción precisa de que una tercera parte sea en títulos de la deuda consolidada al 5 por 100; otra tercera parte en títulos de esta misma deuda al 4 por 100, y la restante en títulos de la deuda de nueva consolidación al 5 por 100. Y para satisfacer desde luego cualquiera observación que tendiese a poner en duda la oportunidad de distinguir dos deudas de un interés igual, o que tratase de inquirir la razón de hacer diferencia entre la deuda ya consolidada y la que va a consolidarse al 5 por 100, encontrando como más sencillo que se elevase a dos terceras partes la cantidad pagadera en esta especie, explicaré a V. M. que esta nueva consolidación no comienza a devengar interés desde el momento que se presenten sus títulos actuales a ser convertidos en los nuevos, sino desde la época, algo más atrasada, que se señale para su devengación. Esta circunstancia inevitable se trocaría en evidente desventaja de la nueva consolidación, siempre que sus títulos, por no haber entrado al beneficio de disfrutar de su interés declarado, se excluyesen de ser moneda corriente para el pago de las fincas.

Destinado a la amortización de la deuda el producto general de estas ventas, ninguna conveniencia trae al Estado, y ningún desahogo se promete el Gobierno del otro sistema de pago, que consiste en dinero efectivo. Prueba irrefragable de este concepto es la disposición de que los rendimientos metálicos se inviertan mensualmente en la adquisición de efectos públicos para extinguirlos y destruirlos en seguida. Si no obstante se ha admitido este medio, es por consideraciones a la clase de personas que por su posición o por sus hábitos no se hallan en estado de entregarse al cálculo que en mas o menos grado debe suponerse necesario para adquirir con tino los efectos públicos. La negociación de ellos, encerrada, por decirlo así, en las grandes poblaciones podría presentar estorbos y embarazos a los habitantes de los pueblos interiores; prescindiendo de que casi forman la gran masa de la nación aquellos donde todas las transacciones de la vida civil no se juzgan, comparan, ni estiman por otro regulador que el dinero efectivo. La facultad de pagar en esta especie, sin envolver ningún daño para la esencia del objeto, que es vender, abre la puerta a combinaciones que se encuentran tanto mas al alcance de los hombres no acostumbrados al manejo y especulación de los efectos públicos, cuanto mas cierto es que por no iniciarse en sus fáciles misterios, habría no pocos que renunciaran contra su voluntad a hacerse compradores de esos bienes.

Sobre las ventajas, desahogo y comodidad del pago del precio de las fincas, sería superfluo entrar en reflexiones. La simple enunciación de su término respectivo de 8 y 16 años, convence de la dulzura de un sistema que sin duda carece de ejemplar. ¿Cuál es el capitalista, el hacendado, el hombre económico, el labrador aplicado, el artesano y hasta el jornalero con algunas esperanzas o con la protección de un ser benéfico, que no pueda sentirse inclinado a adquirir una propiedad donde emplee sus medios o sus sudores, para o dilatar sus goces o satisfacer sus necesidades durante la vida, dejando después a su familia los medios honestos de mantener una existencia útil a sí propia y al Estado? O hay que suponer el imposible de que entre nosotros faltan todas las ideas de la conveniencia, todos los sentimientos de bienestar y todos los deseos de mejora, para no preveer y esperar el éxito mas cumplido y feliz de este sistema de pagos.

Los que deban ejecutarse en papel del Estado con renta, no pueden sujetarse al abono de ningún interés, por cuanto ellos llevan uno en sí mismos. No sucediendo así en el dinero, se grava con el suavísimo rédito de 2 por 100 al año, sobre la suma que se quedare debiendo a la extinción sucesiva de los 16 plazos concedidos al dinero; gravamen que en este lapso de tiempo no excede de 17 por 100, partiendo del valor de las cuatro quintas partes. Por manera que no es en realidad mas que 1 por 100 al año sobre la totalidad de la cantidad no cubierta.

Cuando se brinda con tantas facilidades y alicientes al comprador, menester es que los intereses del Estado no queden expuestos a contingencias y quiebras. Para precaverlas, se declarará y constituirá en las escrituras de venta la hipoteca de las fincas al pago de los plazos; otorgándose con simultaneidad a la formalización de estos documentos las obligaciones marcadas por el Reglamento, y que han de servir de título para reclamar y exigir la entrega del importe del respectivo plazo. Los herederos de los compradores al adquirir el derecho de aprovecharse de los productos de las fincas han de contraer también la responsabilidad que todavía pueda pesar sobre ellas; y por un principio tan justo, se les declara subrogados en todas las obligaciones afectas a esta clase de cosas heredadas. Y últimamente se lleva la previsión hasta disponer que se proceda contra las fincas vendidas cuando entre los bienes de los compradores no se hallen otros mas expeditos y disponibles con que cubrirse del importe de los plazos no satisfechos a su vencimiento y después de los requerimientos prescritos para tales casos.

En medio de tantas ideas benéficas, todas en favor de los compradores, no se ha omitido otra de gran consuelo para los que tal vez mirarán como un obstáculo en el acto de la compra, o en cualquier tiempo del ejercicio de su propiedad, la condición de no verla libre de toda ligadura antes del término de los 8 o de los 16 años. De su voluntad ha de pender tan solo que sus nuevos bienes se vean exentos de toda responsabilidad; y al facultarlos para que puedan cancelar como quieran el todo o alguna parte de las obligaciones de los plazos, se estimula a los compradores a papel, ofreciéndoles el abono de un 5 por 100 sobre las cantidades cuyo pago anticiparen, y a los compradores a dinero, dispensándoles del rédito de 2 por 100,y concediéndoles además el premio de 3 por 100.

En fin, concluye el decreto confirmando la garantía solemne de que todos los productos de las ventas de los bienes nacionales se invertirán religiosamente en la amortización de la deuda pública, destruyéndose los títulos de los valores entregados en pago, y anunciándose en la Gaceta, para que lo copien todos los periódicos del reino, el importe de estos valores y los números de estos títulos. Pero esta amortización no se reserva exclusivamente a la parte de deuda que ha subido a la clase de consolidada. Si los productos de las ventas en papel no pueden ni deben tener mas destino que la extinción de los mismos capitales que representen, y en las especies en que consistan; los rendimientos en dinero es necesario, es justo que se distribuyan, no solo entre lo ya consolidado, sino también entre lo que estando liquidado y reconocido no ha podido ser llamado todavía a la consolidación; no obstante que la circunstancia de no devengar rédito haga esta parte de deuda muy atendible y recomendable. Por eso se ha procurado conciliar todos los derechos, compartiendo exactamente entre los títulos consolidados, y los liquidados y reconocidos de la deuda sin interés que aun no hayan sido presentados a la consolidación todos los productos metálicos de las ventas a dinero.

He aquí, Señora, rápidamente bosquejados el objeto y los fundamentos del decreto, cuya minuta someto a la augusta aprobación de V. M. en uso del voto de confianza. Madrid 19 de Febrero de 1836. = Señora. = A. L. R. P. de V. M. = Juan Álvarez y Mendizábal.

Real Decreto

Atendiendo a la necesidad y conveniencia de disminuir la deuda pública consolidada, y de entregar al interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas, que no podrían conseguirse por entero en su actual estado, o que se demorarían con notable detrimento de la riqueza nacional, otro tanto tiempo como se tardara en proceder a su venta: teniendo presente la ley de 16 de Enero último, y conformándome con lo propuesto por el Consejo de Ministros, en nombre de mi excelsa Hija la Reina Doña Isabel II he venido en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Quedan declarados en venta desde ahora todos los bienes raíces de cualquiera clase, que hubiesen pertenecido a las Comunidades y Corporaciones religiosas extinguidas, y los demás que hayan sido adjudicados a la nación por cualquiera título o motivo, y también todos los que en adelante lo fueren desde el acto de su adjudicación.

Art. 2.º Se exceptúan de esta medida general los edificios que el Gobierno destine para el servicio público, o para conservar monumentos de las artes, o para honrar la memoria de hazañas nacionales.

El mismo Gobierno publicará la lista de los edificios que con estos objetos deban quedar excluidos de la venta pública.

Art. 3.º Se formará un Reglamento sobre el modo de proceder a la venta de estos bienes, manteniendo, en cuanto fuere conveniente y adaptable a las circunstancias actuales el que decretaron las Cortes en 3 de Setiembre de 1820, y añadiendo las reglas oportunas para la ejecución de las medidas siguientes:

1.ª Que la subasta se verifique no solo en la capital de la provincia donde estuvieren radicadas las fincas o bienes, sino también en esta corte, precisamente en un día mismo; no pudiéndose hacer la adjudicación hasta que remitido el resultado del remate de la provincia se establezca, por la comparación con el celebrado en la corte, cuál ha sido el mayor postor.

2.ª Que en los Boletines oficiales de las provincias, o bien en uno especial, se publiquen al otro día de celebrados los remates las posturas más altas hechas a los diferentes bienes subastados, a fin de que los respectivos licitadores, teniendo conocimiento del valor ofrecido por cada finca así en la corte como en la provincia, adquieran la certidumbre de que la adjudicación se hace al precio más alto.

Se omitirá en estas publicaciones el nombre de los licitadores, expresándose circunstanciadamente el importe de la postura mas alta.

3.ª Que dentro de los diez días siguientes al recibo en la corte de los resultados de los remates hechos en las provincias, se publique el nombre del licitador, que por haber sido el que ofreciera el precio más alto, que se expresará, por la finca, deba ser declarado su adjudicatario o comprador.

4.ª Que todos los predios rústicos susceptibles de división, sin menoscabo de su valor, o sin graves dificultades para su pronta venta, se distribuyan en el mayor número de partes o suertes que ser pudiere.

5.ª Que estas suertes se pongan en venta con total separación, como si cada una hubiese compuesto una propiedad aislada.

6.ª Que para hacer estas divisiones, en las cuales se han de tener muy presentes todas las circunstancias que puedan conducir a facilitar su venta, se nombre por el respectivo ayuntamiento una comisión de agricultores, o personas de buenos conocimientos en la labranza, que designe los terrenos que puedan ser divididos en la jurisdicción del pueblo.

7.ª Que hecha la división, se publique en el pueblo a cuyo término corresponda la finca o fincas, y se remita un tanto de ella por el presidente del ayuntamiento al intendente de la provincia, que mandará publicarle en la capital de la misma.

8.ª Que cualesquiera reclamaciones que sobre el acto de la división llegaren a suscitarse, se resolverán de plano por el intendente, previos los muy precisos conocimientos que basten a asegurar el acierto; y lo que resolviere se llevará desde luego a ejecución.

Art. 4.º Cualquiera español o extranjero tendrá facultad para pedir por escrito al intendente de la provincia que disponga la tasación de la finca o fincas que designare entre las que todavía no hubieren sido tasadas, ni comprendidas por lo tanto en las listas publicadas para proceder a las subastas.

Art. 5.º El intendente comunicará inmediatamente las ordenes necesarias para que tenga efecto la tasación; y hará insertar en el Boletín de la provincia, o en el especial de ventas públicas y en cualesquiera otros periódicos que se den a luz en la capital de su residencia, un aviso que exprese la finca o fincas cuya tasa se haya reclamado.

Art. 6.º La tasación se ejecutará por los peritos que estuvieren nombrados, según el reglamento, para formalizar estos actos; pero el reclamante podrá designar otro perito, a fin de que concurra y tome parte en la operación.

Si resultare discordia, será dirimida por un nuevo perito, que designará el intendente.

Art. 7.º Verificada la tasación, se anunciará por medio de los periódicos, y este anuncio tendrá la fuerza de una notificación en forma a la persona que reclamó la operación.

Art. 8.º Quince días después de publicado el precio de la tasación, a mas tardar, se anunciará la venta de la finca o fincas designadas, observándose en la subasta las mismas reglas dictadas para la enajenación de cualesquiera otro bienes de esta clase.

Art. 9.º La persona que haya pretendido la tasación, tendrá derecho a que se le adjudique la finca o fincas, siempre que en la subasta no se haya ofrecido un valor superior a la tasación, y que él se avenga a satisfacer este por entero.

También podrá aspirar a la preferencia si ningún licitador hubiese excedido en sus posturas del indicado valor de la tasación.

La solicitud a la preferencia se dirigirá al jefe designado en la capital del reino para declarar quién debe ser el adjudicatario de cada finca.

Art. 10. El pago del precio del remate se hará en uno de estos dos modos: o en títulos de la deuda consolidada, o en dinero efectivo.

Art. 11. Los títulos de la deuda consolidada que se dieren en pago del importe del remate, se admitirán por todo su valor nominal, pero con la condición precisa de que el mismo pago se realice y resulte ejecutado en estos términos: una tercera parte en títulos o documentos de la deuda ya consolidada al interés de 5 por 100; otra tercera parte en títulos o documentos también de la deuda consolidada al 4 por 100; y la restante en títulos o documentos de la deuda que nuevamente se va a consolidar al 5 por 100.

Art. 12. En el acto de hacerse la adjudicación de las fincas rematadas en el mejor postor, optará éste en cuanto al pago por uno de los dos medios señalados en el artículo 10.

Esta opción no admite reforma, porque es irrevocable.

Art. 13. Todos los compradores, ya sean a pagar en títulos de la deuda consolidada, o en dinero efectivo, satisfarán la quinta parte del precio del remate antes de que se otorgue la escritura que les trasmita la propiedad.

Art. 14. Las otras cuatro quintas partes se pagarán; a saber:

Los compradores a títulos de la deuda consolidada otorgando obligaciones de satisfacer en cada uno de los ocho años siguientes la octava parte de dichas cuatro quintas, o sea un 10 por 100 del importe total del remate.

Y los compradores a dinero las otorgarán de satisfacer en cada uno de los diez y seis años siguientes una décimasexta parte de las mismas cuatro quintas, o sea un 5 por 100 del importe total del remate.

Estos plazos comenzarán a correr desde la fecha del otorgamiento de la escritura de venta, y las obligaciones deberán extenderse con la misma.

Art. 15. Los compradores a dinero, o que hayan de disfrutar del plazo de los diez y seis años, abonarán un 2 por 100 desde la fecha de la escritura de venta hasta el pago total del precio de su remate, calculándose o recayendo este abono sobre el importe de lo que respectivamente quedaren debiendo al vencimiento de cada plazo.

Art. 16. Cualquiera comprador podrá anticipar el pago de uno o más plazos de los que tuviere pendientes.

Por las obligaciones en títulos de la deuda consolidada se abonarán al comprador un 5 por 100 sobre el importe de los plazos que anticipare.

Y por las obligaciones en dinero efectivo no se cobrará el premio de 2 por 100 en ellas estipulado, y se abonará un 3 por 100 también sobre el importe de los plazos que se satisfagan con anticipación.

Art. 17. Los herederos de los compradores de fincas se subrogan a las personas heredadas para el cumplimiento de todas las obligaciones pendientes por pago de plazos, hasta consumar el del importe total del precio en que fueron rematadas las fincas.

Art. 18. Las fincas quedarán hipotecadas al pago de las obligaciones que debe otorgar el comprador.

Esta circunstancia se hará constar en la escritura de venta que trasmita la propiedad.

Art. 19. Cuando al vencimiento de una obligación no fuese satisfecha puntualmente, se darán al deudor los avisos que prevenga el reglamento; y cuando hubiere pasado su término y el mismo deudor no tenga otros bienes de mas pronta y expedita disposición, se procederá a nueva subasta de la finca o fincas a que pertenezca el débito, sufriéndose todos los gastos por el que fue su adjudicatario, a fin de reintegrar a la nación de lo que la deba, y asegurarla el cobro por entero de lo que reste al completo del importe del primer remate, aplicándose el sobrante a favor del citado primer adjudicatario.

Art. 20. Se publicará mensualmente una relación de las ventas verificadas a dinero efectivo durante el mes anterior, y de las cantidades recibidas como procedentes de la quinta parte que ha de satisfacerse antes de la formalización de la escritura. Su producto se invertirá por terceras partes en la compra por medio de agentes de cambio en esta capital del reino, de títulos de la deuda consolidada al 4 y 5 por 100 y de la deuda sin interés que ya liquidada y reconocida no se hubiese presentado a la consolidación, los cuales se amortizarán destruyéndose públicamente, y anunciándose en la Gaceta los números y el valor de los títulos así amortizados.

Art. 21. Del producto íntegro de las otras cuatro quintas partes de las ventas a metálico, se invertirá una mitad en amortizar la deuda consolidada del 5 y 4 por 100, y la otra mitad en la de la deuda sin interés, que se expresa en el artículo anterior.

Estas operaciones se harán con toda publicidad, anunciándose las cantidades respectivamente amortizadas, y destruyéndose los títulos que las representaban.

Art. 22. Igualmente se amortizarán desde luego, y a su tiempo se destruirán los títulos al 5 y 4 por 100, procedentes de las ventas a pagar en estas especies; publicándose también en la Gaceta sus números y valor.

Tendréislo entendido, y dispondréis lo necesario a su cumplimiento. = Está rubricado de la Real mano. = En el Pardo a 19 de Febrero de 1836. = A D. Juan Álvarez y Mendizábal.

Imprima esta pagina Informa de esta pagina por correo

filosofia.org
Proyecto Filosofía en español
© 2014 filosofia.org
Hispania
1830-1839
Hemeroteca