Nuestra Bandera, revista teórica y política
del partido comunista de españa
 
nº 76, páginas 3-9
septiembre-octubre 1974

Santiago Carrillo

La situación política en España
y la aparición de la Junta Democrática

No es posible negar que hoy la sociedad española vive una crisis profunda, en la que se manifiestan los rasgos típicos que Lenin describía: no sólo los de abajo se niegan a tolerar la continuación del régimen; también sucede que las clases dominantes ya no pueden seguir gobernando de la misma forma que hasta aquí.

Las huelgas obreras, las protestas campesinas –incluso las que no han salido aún del marco de las organizaciones legales– las manifestaciones de estudiantes y las demandas de los profesionales; los movimientos cívicos de barriadas; los cierres frecuentes de pequeños y medios comerciantes; el conjunto del vasto movimiento obrero y popular, que tanto peso ha alcanzado ya en el país, muestran inequívocamente el estado de ánimo de los de abajo.

En cuanto a los de arriba, la actitud de un amplio sector neocapitalista, que a través de destacados voceros está demandando un régimen democrático, de tipo europeo, es altamente significativa, máxime si se tiene en cuenta que este sector se reconocía políticamente, hasta hace muy poco, no en los grupos burgueses de oposición, sino en los tecnócratas que participaron en diversos gobiernos del régimen.

La prensa de empresa, aun con las limitaciones y cautelas que impone la presión represiva del poder, comienza a reflejar esas actitudes. Los españoles pueden leer en dicha prensa las palabras «democracia», «partidos políticos» –incluso Partido Comunista–, «cambio político», presentados ya no como los grandes males que amenazan al país, sino como la solución necesaria a sus problemas. Este hecho ha contribuido a la sensibilización política de amplias masas a las que no había llegado nunca, por razones obvias, la prensa clandestina.

En el mismo Gobierno Arias ha penetrado la convicción de que para conservar ciertas posiciones a la clase política franquista y a su burocracia hay que salir del inmovilismo y hacer lo que ellos llaman la apertura. Así se ha producido una cierta ruptura de lo que hasta hace poco aparecía aún como el bunker franquista, y los elementos más ultras, los Iniesta, Blas Piñar, Girón y Cía, aparecen, de momento, fuera de juego, criticados transparentemente en el último discurso de Arias, y denunciando, por su parte, lo que llaman traición de éste y de buena parte de los ministros del Gobierno.

La crisis del régimen se manifestó ya antes en los cambios profundos operados en el interior de la Iglesia, que fue otrora uno de los puntales de aquél. Pero hoy se manifiesta ya de manera indubitable en el mismo Ejército.

En el seno de las Fuerzas Armadas se ha acelerado en los últimos tiempos, al calor de acontecimientos nacionales e internacionales, un proceso de diferenciación. Se podría hablar de tres corrientes principales, aunque esta clasificación no recoja todos los matices susceptibles de existir en cada una de ellas.

En la extrema derecha, los ultras, es decir, los que continúan alentando el espíritu de «cruzada» y de guerra civil, suspirando por otro caudillo que reemplace al declinante y por una política terrorista. En las condiciones nacionales e internacionales de hoy, han quedado reducidos a una minoría que, si intentase recuperar el poder, provocaría un levantamiento general del país en su contra, seguramente a muy breve plazo. El temor a esta respuesta les hace vacilar, incluso cuando el retorno del fantasma de Franco a la jefatura del Estado parecía proporcionarles ciertas posibilidades.

En el otro extremo cunden en las Fuerzas Armadas formas de entendimiento a nivel de oficiales y en algunos casos hasta jefes, inspiradas en el precedente portugués, y en reivindicaciones profesionales de fondo, que toman una coloración política democrática y progresista.

Mientras, entre ambas tendencias –ultras y demócratas– va definiéndose un centro, con base en altos mandos, cada vez mas inquietos por el temor de que la unidad del Ejército se rompa y al que este temor hace tomar conciencia del peligro de retrasar los cambios políticos que la sociedad reclama. Para este centro empieza a ser extraordinariamente preocupante la permanencia de un anciano, incapaz de gobernar, totalmente irresponsable dada su situación física, manejado por una familia que se ha convertido en un peligro publico, inconsciente de los efectos destructivos de su presencia a la cabeza del Estado. En los miembros de este sector de centro es cada vez más clara la desgarradura entre la vieja fidelidad hacia el hombre que fue su jefe y lo es aún formalmente, y los imperativos que les mueven a desear su desaparición y, si ésta tarda, a pensar en proclamar su «impeachment».

Una clase obrera y un pueblo hartos de dictadura y de opresión; unas capas medias muy descontentas; un sector fundamental del capitalismo que necesita cambios para su propio desarrollo y al que preocupa la crisis económica; una Iglesia que toma sus distancias y presenta sus críticas; un Ejército que empieza a cuartearse: tal es hoy el cuadro de la sociedad española. El resultado es que a estas horas nadie sabe donde se encuentra el verdadero centro del poder político, si es que hay uno. Que los engranajes del Estado siguen funcionando por pura inercia. Que frente a la crisis mundial y sus consecuencias no hay ninguna previsión seria.

Verdad es que a esta situación hemos llegado a través de un largo proceso; que nuestro Partido la ha anunciado, incluso cuando sus rasgos no estaban tan acusados y visibles. Lo importante es que ahora todos los que cuentan algo en el país se percatan de la realidad, a la que habían venido cerrando los ojos, y se dan cuenta de que es inevitable coger el toro por los cuernos.

Pero justamente en estos momentos, cuando se confirma la inevitabilidad de un cambio, cuando todo parece aclararse y se demarcan zonas de coincidencia muy amplias que permitirían a España pasar de la dictadura a la democracia, surgen o se acentúan peligros reales que pueden dificultar la solución necesaria.

Estos peligros son, por un lado, los derivados de la prolongación de la vida del «caudillo», aunque sea vegetativa, y de las intrigas de la «familia» y del clan ultra. De por sí, deberían ser los menos graves, dado el aislamiento social en que este clan se halla; pero no pueden ser totalmente subestimados, como lo demuestra la criminal provocación de la cafetería «Rolando».

Por otro lado, hay el peligro de los intentos continuistas con Arias y sobre todo Juan Carlos, que podrían encontrar en los ofrecimientos de apertura el medio de atrasar un auténtico cambio democrático, acentuando las contradicciones político-sociales y provocando la violencia.

Este juego podría ser favorecido por la debilidad y desorganización de la mayor parte de los grupos políticos de oposición; el lastre ideológico tradicional que arrastran algunos de sus dirigentes, que están pensando en hacer ahora la política de los años 30; la irresponsabilidad y ligereza de otros, creyendo que basta enarbolar unas siglas para resucitar el pasado, tal como fue; el exceso de los que prefieren ser cabeza de ratón a colas de león, tan corriente en períodos de crisis.

En realidad los intentos continuistas, bajo una forma aperturista, dan lugar a que frente a la voluntad de una ruptura política radical con la dictadura, se esbocen proyectos de reformismo del régimen, condenados indudablemente al fracaso, pero susceptibles de obstaculizar la solución rápida y sin violencia del problema español actual.

* * *

En estas condiciones, el 30 de julio, se anunció en Madrid y en París, simultáneamente, la creación de la Junta Democrática de España. Como se explicó en esa ocasión, la Junta Democrática venía actuando desde hacía cinco meses, discutiendo su programa y su estrategia y tratando de aunar el máximo de fuerzas de la oposición.

La Junta Democrática tenía su origen en un contacto directo entre dirigentes del Partido Comunista, personalidades representativas de círculos industriales y financieros, hombres políticos desempeñando un activo papel en plataformas unitarias nacionales y regionales, representantes del Partido Socialista Popular, del Partido Carlista, personalidades monárquicas y del Opus Dei.

Ese contacto tuvo lugar también con dirigentes de la Democracia Cristiana y del PSOE que, por lo menos de momento, no consintieron en unirse a la Junta. Y con personalidades del Partido Nacionalista Vasco, que participaron durante algún tiempo y se retiraron en vísperas de publicar la Declaración de la Junta, alegando sus compromisos tradicionales con el PSOE y la Democracia Cristiana, en espera de una decisión de estas fuerzas.

Los que ahora dicen que no se contó con ellos no son fieles a la verdad.

El método para formar la Junta vino impuesto por toda una serie de experiencias prácticas anteriores. Hace poco más de dos años en Madrid se formó una Mesa democrática en la que participaban la Democracia Cristiana, el PSOE, el Partido Carlista, elementos liberales, el Partido Comunista y las CC.OO. Vivió un par de meses; a la hora de ir a precisar un programa, la Democracia Cristiana, los liberales y el PSOE rompieron unilateralmente la Mesa, arguyendo que querían previamente unirse y entenderse entre ellos. No se sabe si consiguieron esto último, aunque parece que no, porque en el curso de dos años no surgió públicamente ningún acuerdo de esas tres fuerzas, pero actuaron de manera que hizo imposible la realización de la unidad.

El pretexto aparente eran las reservas hacia la «sinceridad democrática» del Partido Comunista, combinadas también con otras hacia el Partido Carlista, por su posición en la guerra civil; unas y otras reservas harto sorprendentes viniendo de hombres parte de los cuales había colaborado estrechamente con Franco y Falange. Tenemos derecho a pensar que de lo que se trataba, en verdad, era de la reserva a salir de la postura cómoda de una oposición tolerada, a la que se permitía expresarse legalmente, precisamente porque no presentaba ninguna alternativa directa a la dictadura y se limitaba a esperar la muerte del dictador.

Otras tentativas paralelas, auspiciadas por la Coordinadora de fuerzas democráticas de Cataluña, para crear una coordinadora a nivel del Estado, sobre la base de las plataformas regionales y nacionales, tampoco llegaron a cuajar.

La experiencia mostraba que esperar a un acuerdo completo de todos los Partidos dichos de oposición para lanzar una alternativa a la dictadura, conducía a aplazar ad calendas graecas un paso tan importante y necesario.

El trato con diferentes fuerzas nos ha enseñado también algunas cosas que quizá antes ignorábamos: la seriedad y la sinceridad de la oposición carlista al franquismo; que había personalidades monárquicas que han conspirado de verdad, a su manera, contra Franco y que eran efectivamente antifranquistas; que los managers de la nueva generación neocapitalista, cuando llegan a la conclusión de que les hacen falta libertades políticas, son más decididos y, por su espíritu práctico, más fáciles de tratar que ciertas «vacas sagradas» cargadas de resabios ideológicos anticomunistas; y que algunos de los nuevos dirigentes del PSOE, que reprochaban a Llopis sus posiciones antiunitarias, al ocupar sus cargos asumían posiciones muy similares a las de Llopis.

Por eso cuando hace nueve meses dialogamos con los representantes de sectores neocapitalistas, de indudable peso en las estructuras económicas; con carlistas, monárquicos, personalidades políticas de nacionalidades y regiones, socialistas (no incluidos en el PSOE) dirigentes de CC.OO., y llegamos todos a la conclusión de que no se podía retrasar más la elaboración de una alternativa democrática, no paralizamos nuestra acción por las reservas del PSOE y de la D.C. Convinimos en que esas reservas había que ir superándolas sobre la marcha, con una postura abierta, dialogante y de respeto para esos grupos. La Junta se ha constituido, como dice su Declaración, con carácter abierto y está dispuesta a dialogar y resolver las dificultades que pueden subsistir con fuerzas o personalidades que aún dudan en participar.

La Junta consideraba un acto capital anunciar su existencia y su programa sin esperar a la muerte de Franco. Aguardar a la extinción física del «caudillo» para proclamar una alternativa de poder democrático a la dictadura hubiese sido un acto de sucio oportunismo político, incalificable. Puede que algunos no se den cuenta todavía de la importancia que tiene el que la Junta haya aparecido a la luz pública el 30 de julio, el día mismo en que Franco, dado de alta, salía de la clínica. Pero ya tendrán ocasión de dársela y de comprender que no era posible esperar a que todos dieran su conformidad.

La aparición de la Junta ha sido un factor de aceleración de la evolución política y ha levantado una gran esperanza en la opinión pública española. Las Juntas se van a multiplicar ahora por todo el país.

Nadie, ni en la derecha ni en la izquierda, impugna seriamente el programa de la Junta. Todo el mundo reconoce su acierto.

Las críticas al punto 9 de algunos grupos nacionalistas, a la reflexión, deberían ser lógicamente retiradas. El reconocimiento de los problemas catalán, vasco y gallego y de los problemas regionales parecía algo inalcanzable sólo hace unos meses, en un organismo en que está la derecha de tradición centralista. Se trata de un programa para un período provisional y en los de la Coordinadora de fuerzas democráticas y la Asamblea de Cataluña la reivindicación para el período provisional es el Estatuto del 32, que presupone un Estado unido. Lo mismo se plantea por el Gobierno vasco exiliado: el Estatuto del 36. No debe perderse de vista que lo esencial es que los pueblos de España recuperen el ejercicio de la libertad. Lo demás vendrá por añadidura, en el cuadro de la democracia, según la voluntad popular.

Todas las medidas del programa de la Junta tienen un carácter político. Se proponen trazar las coordenadas políticas de la acción a realizar para instaurar un régimen democrático.

No se ha trazado un programa concreto de realizaciones sociales y económicas porque la Junta no se ha estructurado como Gobierno provisional, precisamente por estar convencida de que antes tiene que llegar a acuerdos con otros sectores, y más aún, con los representantes de instituciones que, como el Ejército, tienen que ser consultados y concernidos para pensar seriamente en articular un Gobierno provisional.

Mientras tanto la clase obrera y los distintos sectores populares deben llevar cada vez con más energía su acción por sus derechos y demandas propias, que así serán más fácilmente reconocidos y asumidos en su día por la Junta.

Algunos grupos piden de la Junta un programa que sería ya el de la democracia política y social; pero la Junta es otra cosa. La Junta es la convergencia entre la izquierda y la derecha para dar paso a un sistema democrático, para abolir la dictadura. Ni menos, ni más.

* * *

No son ésas, ciertamente, las únicas objeciones alzadas frente a la Junta. Hay otras, que tienen un carácter más de fondo, aunque no siempre se expliciten con sinceridad.

Y esas objeciones están ligadas al hecho de que la Junta es una alternativa no continuista; que su programa materializa la concepción de la ruptura democrática, sin la que es imposible el paso a un régimen político nuevo.

Hay en España, incluso dentro del Gobierno y de la clase política actual, quienes aspiran a resolver el problema político otorgando unos mínimos derechos de asociación y expresión a las corrientes que se mueven en el recinto del régimen, extendiéndolas –a lo sumo– a algunos grupos de lo que se conoce como «oposición tolerada».

Es algo así como la política del rey Hassan, de Marruecos. Tan pronto fusila a la oposición, como le da cierta cuerda legal, si conviene a sus fines.

A un juego así no pueden prestarse las fuerzas socio-políticas que están por la democracia en España. También a nosotros han llegado emisarios del régimen, muy calificados, proponiéndonos, en tanto que Partido Comunista, un compromiso de ese género. Lo hemos rechazado sin equívocos. El Partido Comunista no quiere ni una democracia otorgada, ni una legalidad otorgada, condicionadas ambas, por el mismo grupo de poder reaccionario que domina hoy. Aceptar ese compromiso equivaldría a perder todos esos derechos en cuanto no se siga la política de ese poder.

La democracia que necesita España es aquella que se origina en el absoluto respeto a un derecho natural de todo el pueblo y que considere la legalidad de las diferentes familias políticas e ideológicas como un resultado indiscutible de ese derecho natural. Por eso nosotros hemos dicho y repetido que incluso las corrientes y grupos ligados al régimen actual deben ver reconocido su derecho a actuar en el nuevo cuadro democrático que el pueblo se dé, a condición de que se mantengan dentro de la nueva legalidad.

El continuismo, por muy aperturista que se muestre, es lo opuesto a esa solución democrática, personificada por la Junta.

En el «no mans land» político existente entre el puro continuismo y la Junta Democrática de España, algunos sectores han tratado de cuajar un denominado Congreso o Conferencia democrática, que definían como una solución de centro-izquierda.

Hasta ahora no han conseguido su objetivo. El PSOE ha negado públicamente su relación con tal intento. Y Ruiz Jiménez, en reciente declaración a «Tele-Express», aun anunciando una nueva coalición que, según él, se presentaría desde el principio con nombres y apellidos, niega que venga enfrentada a la Junta Democrática y que excluya a los partidos marxistas.

Todo lo cual significa que la idea de la Conferencia o Congreso Democrático, de centro-izquierda, carece de padres reconocidos, porque quienes la han lanzado no tienen ninguna base política seria en el país, aunque digan contar con fabulosos apoyos; no representan ninguna familia política reconocida.

Quizá hurgando bien encontremos que detrás de esa idea están los artífices del continuismo y hasta Arias Navarro en persona, con la única finalidad de dividir y condenar a la impotencia a la oposición democrática.

Ese es también el objetivo de quienes quieren utilizar ahora el atentado criminal de la cafetería «Rolando» para montar una provocación contra el Partido Comunista. Presentarnos como un Partido que hace el doble juego, que por un lado busca la reconciliación nacional mientras que por otro alienta el terrorismo y es capaz de participar en crimen tan condenable como ése, tiende a hacer imposible la unidad de la oposición.

La infamia de esta maniobra está clara para todas las gentes que, desde unas u otras posiciones, siguen con atención el curso de la vida política nacional. Nosotros no creemos que ETA sea responsable del atentado indiscriminado de la cafetería «Rolando»; no está en su estilo. Lo que nos extraña es no haber leído, hasta el momento de redactar estas líneas, ninguna declaración de ETA condenándolo. Ello nos lleva a pensar que la ETA del terrorismo antifranquista, desaprobado por nosotros, ya no existe. Que sus restos están totalmente dispersos. Y que lo que queda de ellos puede hallarse manipulado, de una u otra forma, por las infiltraciones de ciertos servicios policíacos.

El estilo del acto vandálico de la Puerta del Sol es exactamente el de los crímenes de «Ordine Nero», la organización terrorista fascista italiana. Tras él se ve la mano de la llamada «internacional negra», en la que participan los «muchachos» de Blas Piñar, muchos de ellos miembros de la Brigada Político-social. Se ve esa mano, tanto en el carácter indiscriminado de las víctimas, en su mayor parte gente sencilla del pueblo, como en la técnica de mezclar sedicentes grupos ultra-izquierdistas y de acusar, en definitiva, como responsable, al Partido Comunista.

Por si quedase alguna duda sobre el origen fascista del acto, «Fuerza Nueva», en el número último, descubre totalmente sus baterías. Blas Piñar parte en guerra contra el Gobierno Arias Navarro, culpable, a sus ojos, por las manifestaciones de aperturismo, de la vitalidad y amplitud de la oposición, e intenta utilizar al clima de terror creado por el atentado para exigir un Gobierno y una política aún más duros.

Arias Navarro, por su parte, lleva el agua al molino de Blas Piñar prestándose a que el policía Sainz lance la provocación anticomunista, con el propósito de reducir cualquier cambio a una simple apertura condicionada y limitada; es decir, a asegurar de un modo u otro el continuismo.

El juego es muy peligroso para España; pero cabe esperar que termine siéndolo, sobre todo, para sus promotores.

En definitiva, lo que demuestra el acontecimiento es que la permanencia de un régimen autoritario, fascista, cuando el país está archimaduro para la democracia, es generadora de caos y de terrorismo.

Un Gobierno más duro, dentro del actual régimen, no serviría más que para impulsar la espiral terrorista. Ya el mantenimiento del actual, de cuya dureza son testimonio la infinidad de detenciones arbitrarias; el mantenimiento en prisión como rehenes, de Simón Sánchez Montero, Romero Marín, Horacio Fernández Inguanzo, Lobato, Camacho y los 10 del proceso 1001, Pillado y tantos otros dirigentes obreros y demócratas; ya el Gobierno Arias Navarro, con sus dedadas de miel aperturistas y sus golpes bajos policíacos, es un verdadero peligro.

¿Es que en España no es posible el orden? De ninguna manera. Lo que sucede es que hoy no es posible en nuestro país un orden que no sea democrático; un orden que no se mantenga por un consenso democrático.

Eso es lo que representa también, hoy en día, la Junta Democrática de España.

* * *

Los comunistas no somos la Junta Democrática. Somos sólo una parte de ella. Respetamos fielmente los compromisos adquiridos con los otros componentes de la Junta. De acuerdo con éstos estamos dispuestos a abrirla a todos los grupos y personalidades que se decidan a sacar a España de la comprometida situación en que se halla.

Nuestro método de lucha es hoy la lucha de masas. La Junta habla en su su declaración de una gran acción democrática nacional. Esa acción hay que facilitarla con múltiples y diversas acciones parciales, en torno a los más diversos objetivos –y particularmente a las consecuencias de la carestía de la vida y de la inflación. Dichas acciones parciales hay que planearlas racionalmente. No se trata de luchar por luchar, sino de luchar por obtener el mayor número posible de victorias, aunque sean parciales, en interés de la clase obrera y de las amplias masas populares.

Pero desde ahora debe estar claro que esa gran acción nacional de un carácter político debe integrar, a todos los niveles, a las fuerzas que están en la Junta. Eso exige una comprensión y un estilo nuevo de trabajo. Por ejemplo el empresario es un adversario social; debemos defender frente a él, sin vacilar, los intereses de clase de los trabajadores. Pero a la vez es, en potencia, un posible copartícipe en esa acción democrática nacional. Hay que batallar con él en el frente social y a la vez hay que esforzarse por llegar a acuerdos en el frente político, en la coyuntura actual. También para él la dictadura franquista es, por diversas razones, un obstáculo. Quienes se representan la lucha de manera simplista pueden no comprender esta complejidad. Un verdadero marxista sí la comprende. Y en diversas empresas de Madrid, Galicia y Cataluña hay ejemplos ya de esta unidad dialéctica entre lucha de clases y convergencia política. Nuestro Partido y sus hombres darán la medida de su auténtica capacidad de revolucionarios en este terreno.

Y en otro: el de los sindicatos. El Pleno de abril de nuestro Comité Central planteó la perspectiva de la conquista del aparato sindical por el movimiento obrero. Pero esta conquista no hay que dejarla para el día X, cuando el cambio democrático se realice. Hay que hacerla desde ahora. ¿Cómo?

Por un lado, tomando todas las posiciones posibles dentro de los sindicatos, comprendiendo que se trata ahora no de la repetición de experiencias pasadas de utilización de posibilidades legales, sino de un paso significativo hacia posiciones de fuerza para crear una nueva organización sindical.

Por otro lado, pactando con los funcionarios sindicales –y son ya legión– que ven los cambios venir y que se muestran favorables a entenderse con CC.OO. y a facilitar la utilización del aparato sindical para movilizar en la acción a las masas trabajadoras. Porque así crearemos esos múltiples focos legales de promoción de la acción democrática nacional.

¿Que muchos de esos funcionarios han sido falangistas, han servido a los capitalistas y ahora proceden por oportunismo?

¡Pues bien, que se esfuercen por rehabilitarse ante los trabajadores con su actitud de hoy!

Los revolucionarios auténticos no deben temer un acuerdo con ellos, si esto sirve para movilizar no a unas decenas o centenares de miles de trabajadores, sino a una masa de millones, que es lo que hace falta.

Si los acuerdos y pactos se hicieran sólo con gentes puras, de un pasado irreprochable, sólo unos miles de revolucionarios y demócratas consecuentes podrían concertarse entre sí, y estarían condenados a vivir eternamente bajo la dictadura fascista.

La cuestión hay que planteársela así: si un acuerdo de ese género nos permite movilizar a millones de trabajadores, y por consiguiente elevar su conciencia de clase, sacarles, de la pasividad, convertirles en combatientes, ¿quién gana? ¿Quién pierde?

La respuesta es obvia. Y un marxista auténtico no puede tratar esta cuestión con simples «frases revolucionarias», con consideraciones «éticas». Tiene que tratarla desde el punto de vista de a quién, a qué clase favorece, tal acuerdo.

Y si es necesario pactar con funcionarios sindicales, lo es más acercarse y atraer al terreno de la lucha a las decenas de miles de enlaces y jurados, que aunque no siempre hayan tenido una actitud combativa de clase, ahora, al calor del cambio de situación, de las consecuencias de la crisis y de la superación de nuestro sectarismo, evolucionan rápidamente.

Por último, del mismo modo que los militantes comunistas han sabido trabajar para disminuir las distancias que nos separaban del movimiento católico, en otros tiempos tan radicalmente enfrentado con nosotros, hay que saber trabajar con audacia y decisión por el acercamiento entre el pueblo y el Ejército. Esta es otra tarea fundamental de la hora.

Para todo ello hace falta un estilo de trabajo distinto al de los tiempos pasados, es decir, para entendernos, los tiempos de la resistencia, en los que la fortaleza moral, la tenacidad, la paciencia, eran esenciales. Ahora estamos en el tiempo de la ofensiva. La rapidez, la agilidad, la audacia para adaptarse a esta nueva situación, son lo decisivo.

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