La phi simboliza la filosofía de tradición helénica, la ñ la lengua española Proyecto Filosofía en español
Anuario Hispano Cubano de Filosofía

Mirtha A. Del Río Hernández & Joaquín Alonso Freyre
Presupuestos para la indagación y búsquedas en torno al poder
(Santa Clara / 17 de marzo de 1995)

C08-PODE.02

El vínculo entre política e intereses de un modo u otro se produce en el pensamiento humano cuando se trata de asuntos relativos al poder y al Estado. Ello se corresponde no sólo con el reflejo a nivel de conciencia cotidiana de la política, sino también cuando se estudia de un modo especializado.

Existe cierta tradición de enfoque de la política en su relación con el Estado y con el Poder (Duverger I, 22), aunque el pensamiento marxista lo aborde más desde la perspectiva de los intereses (Engels I; Lenin I).

La política puede ser definida como la actividad de influencia de unos hombres sobre otros para el logro de determinados intereses parciales. Aquí conviene llamar la atención sobre los siguientes elementos de esta definición:

-actividad;
-influencia de unos hombres sobre otros; e
-intereses parciales.

Comencemos a la inversa: definir la política en términos de intereses está en estrecha correspondencia con su génesis histórica y su razón de existencia. El surgimiento de la política guarda estrecha relación con el surgimiento de la propiedad privada y con la consiguiente división de los hombres en clases sociales. Esta idea desarrollada brillantemente por Engels en su conocida obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, fue continuada por Lenin (en particular en su El Estado y La Revolución) siendo hoy uno de los marcos conceptuales dominantes en la ciencia contemporánea, al decir de Bunge (p 43) o quizás, parafraseando a Kuhn, un paradigma.

El surgimiento de la diferenciación humana provocó un cambio en las esferas de la sociedad (aceptando el modelo por esferas propuesto por Marx, cuya expresión más sintetizada se puede encontrar en el conocido Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política) emergiendo entre ellas la esfera de la política en la que se despliegan un tipo de relación social a través de las cuales se ventilan intereses humanos diferenciados ante todo por la posición que se ocupa respecto a los medios de producción. Por ello, hemos calificado como «parciales» a estos intereses. Esto puede originar que alguien, partiendo desde posiciones integrativas, intente hacernos ver que cualquier instituto político no sólo se orienta al logro de objetivos particulares, sino también al desempeño de determinadas funciones «públicas», ante todo refiriéndose al Estado. Es cierto que estas funciones deben ser desempeñadas en la sociedad, sin embargo. el matiz político que revisten en la etapa actual de la civilización humana, no es algo que podamos atribuir per se a estas funciones. Por ejemplo, si seguimos con atención el relato que Engels expone en el capítulo de la obra citada, cuando describe la aparición de una «fuerza pública» armada al servicio del Estado usurpando el lugar del «pueblo en armas», protector de sí mismo (p 86) queda claro que la función protectora no necesita ser desempeñada por un órgano especializado, a menos que, y es el caso, tenga como potencialidad el ser utilizable contra el pueblo.

La alusión que se hace en la definición sobre la influencia de unos hombres sobre otros pretende precisar el carácter de interrelación personal que tiene la política, aún cuando en la mayoría de los casos se trate de sujetos colectivos, aunados a través de organizaciones específicas. En ocasiones se expresa que el objeto de la influencia es por ejemplo el Estado, como si tal instrumento dejara de ser lo que es y se convirtiera en sujeto dotado de activismo intrínseco. Ello puede esconder la postura de considerar al Estado por encima de los hombres.

Asumir la política como interrelación personal resuelve además desde un enfoque sistémico el asunto de la simulación, enfocado como táctica diversionista por Duverger (I, 254) y como táctica adaptativa por nosotros, siguiendo las sugestiones contenidas en las obras de Merton y Goffman.

Finalmente enunciar la política como actividad nos permite adscribirla a un universo cuya disección analítica permite evaluarla desde una perspectiva de eficacia instrumental con arreglo a modelos ya desarrollados por la ciencia. Nos referimos ante todo, al modelo aplicado por Marx para analizar el proceso de trabajo (Marx, II, Cap V, 140) donde toma como elementos estructurales de la actividad a los siguientes:

SUJETO ------------ medio ------------ OBJETO

El sujeto de la política lo constituye el conjunto de individuos que, partiendo de una comprensión exacta o no de sus intereses, ejercen una labor de influencia orientada al logro de tales intereses. Este sujeto puede ser desde un individuo cuya capacidad de influencia sea tal que le permita desempeñar un rol protagónico dentro de la política alcanzando el status de líder para la colectividad; hasta una masa de millones de individuos agrupados en una organización. Es característico del sujeto de la política asumir una postura activa ante la causa que defiende; la pasividad, aunque pueda tener un significado político en determinado contexto, no caracteriza al actor que se constituye en sujeto de la política.

El objeto de la política lo constituye el conjunto de individuos sobre los que recae la acción consciente del sujeto de la política. Tal conjunto conserva la condición de objeto si no es capaz de pasar a la postura activa propia del sujeto de la política. Si pasa a ella el primer acto político es respondido reflexivamente por otro originándose una interacción política entre sujetos que elevará a la actividad política al rango de comunicativa, si está animada por intereses interrelacionados, o asumirá la forma de lucha en el caso de intereses contrapuestos. Sólo en la interacción comunicativa cada parte reconoce a la otra como sujeto. Cuando ello no ocurre, la acción de cada sujeto tendrá un sentido manipulador del otro sujeto, tomado sólo como objeto.

Los medios de la política son los instrumentos conque cuenta el sujeto de la política para el logro de sus intereses. En el contexto de las relaciones políticas estos medios aparecen como instituciones cuya capacidad para proyectar los intereses en voluntad políticalas define en su adecuación o no como medios de la política.

De todos los instrumentos que constituyen medios de la política el más importante lo constituye el Estado por radicar en él lo que se denomina Poder Político.

En general el poder significa, siguiendo el razonamiento de Max Weber (p 43), la probabilidad de imponer la voluntad propia contra toda resistencia dentro de una relación social. Weber distingue «poder» de «dominación» considerando a la segunda como probabilidad de encontrar obediencia a un mandato entre personas (p 43). Nosotros tendemos a unir ambas probabilidades extendiendo el acto de imposición de voluntad hasta la obediencia. Ello nos permite incorporar la concepción de Marx sobre la apropiación (Aneignung) del objeto por el sujeto, cuyas traducciones indirectas (pasando por el ruso) emplean indistintamente los términos «asimilación» y «dominación» junto al de apropiación (Kagan, 31).

Esta concepción le permite a Marx explicar a su vez el fenómeno de la enajenación como situación en la que el objeto domina al sujeto, lo esclaviza y le limita su libertad (Marx, III). Dentro de la actividad política significa imposición de unos y obediencia de otros; realización de unos y negación de otros. De ahí la orientación capital de la actividad política hacia la posesión y ejercicio del poder.

El análisis del poder extendido hasta la dominación contempla el control no como verificación, sino como capacidad de mando, según el sentido anglosajón de uso del término (Mayntz, 171). Ello permite distinguir al poder de la autoridad. Tanto Weber como Duverger dan al poder un sentido de autoridad; el primero a través de la legitimación (p 170), el segundo a través de la institucionalización (I, 27). Sin embargo, aunque ambas se orientan al logro de la obediencia, entendida como control conductual, el poder se centra en el fin instrumental, mientras la autoridad en la aceptación de este fin. Por tanto, es privativo de la segunda la legitimación.

El hecho de que una mayoría de individuos y subgrupos se sometan explícitamente al conjunto de expectativas de roles definido normativamente por el Estado no debe inducir a prejuzgar el problema distinto acerca de la posibilidad de que dichas normas y estructuras de roles posean o no cierta base de legitimidad (Buckley, 259). Desde esta perspectiva el poder aparece como capacidad de controlar la conducta de otros mediante la manipulación de medios disponibles, mientras la autoridad es esa misma capacidad de control, pero legitimada al punto de estar basada en el consenso.

El control y la obediencia implícito en el poder nos lleva a la cuestión del logro de la conformidad a nivel social y a la estructuración de mecanismos capaces de reaccionar frente a la desviación. Para Parsons (p 218) las tendencias a la desviación obligan al sistema social a enfrentarse con problemas de control, puesto que si tolera la desviación más allá de ciertos límites, tenderá a cambiar o desintegrar al sistema. Aunque buena parte de los mecanismos desarrollados por Parsons (en el capítulo VII de su Sistema Social) llevan el sello de la manipulación, no por ello son ajenos al Estado, si bien este se distingue precisamente por la fuerza abierta. No obstante, resultan empíricamente constatables posturas de apoyo para retener, tolerancia como indulgencia y limitación de reciprocidad como señal de rechazo.

Las relaciones de poder son desiguales, en ellas uno o varios individuos dominan a los otros y los doblegan más o menos a su voluntad, Sin embargo, ello caracteriza a las relaciones sociales de toda sociedad profundamente diferenciada como las surgidas desde la aparición de la propiedad privada, es decir, tal desigualdad no es algo referente sólo a la política. Más bien la política expresa desigualdades más profundas de la sociedad, ante todo en las relaciones económicas.

Las teorías jurídicas difundieron durante mucho tiempo la idea contraria, merced a la extensión que daban de la noción de contrato (v. gr. Rousseau). Pero la igualdad de las partes es ilusoria: tras la apariencia de derechos iguales, uno de los contratantes impone su voluntad al otro de manera más o menos velada.

El poder se halla constituido por un conjunto de instituciones de dominación de unos hombres sobre otros que permiten concentrar en él la posibilidad del uso de la fuerza, esta violencia potencial es la que permite a este sistema institucional el logro de la sujeción social y con ello la integración de la sociedad, cuyo potencial de conflicto estallaría en una confrontación de intereses contrapuestos. Ello como se comprenderá al servicio de quien ostenta el poder.

Estas instituciones de dominación integran el Estado. El Estado es el órgano integrador de la fuerza pública de la sociedad encargado de hacer prevalecer los intereses de determinada clase, capa o grupo social sobre el resto de la sociedad. La agrupación que cuente con ese órgano integrador se erige políticamente dominante. Según la concepción materialista de la sociedad, tal dominación se produce como expresión de la posesión de otra dominación, en este caso económica. Siempre que se rompa esta correspondencia la sociedad se verá abocada a una transformación radical de las relaciones de poder político.

La fuerza pública que se concentra en el Estado es el aparato o mecanismo estatal entendido en sentido amplio como conjunto de instituciones mediante las cuales la clase que ejerce el poder estatal asegura su dominación política, económica e ideológica; aplasta a los opositores de la clase y realiza la dirección de la sociedad.

Tal aparato de violencia cumple dos funciones esenciales, una interna encargada de impedir a los oprimidos desplegar una resistencia que subvierta el orden existente; y la otra externa de protección de la comunidad humana que agrupa contra los atentados exteriores (Kelle y Kovalson, 193).

Entre los indicios del Estado se encuentran la división territorial, la soberanía y la diferenciación entre poder público y poder social. El primero supone la unión de los ciudadanos o súbditos acorde al principio territorial. Si en el régimen tribal la gente se unía por lazos consanguíneos o de parentesco, con el Estado, la organización gentilicia es suplantada por la administrativo-territorial, que siempre es política (centro, provincia, municipio, comunidad). conforme a esta división también se estructura la fuerza pública.

Por su parte la soberanía se trata de una «propiedad» del poder estatal que significa su superioridad dentro de país y su independencia hacia fuera.

Estos indicios, así como la fuerza pública misma cambian durante el desarrollo histórico del Estado.

El surgimiento del Estado, según la concepción marxista, ocurrió bajo la influencia de las diferencias patrimoniales entre los individuos. La condición social de cada uno comenzó a ser deteminada, de hecho, por su riqueza o pobreza. Así se sentaron laspremisas para convertir en esclavos, primero a prisioneros de guerra, y luego a compatriotas. La mayoría de las personas pasó a ser explotada y oprimida, la minoría, poseedora de los medios de producción, se convirtió en clase de explotadores y opresores. Esto llevó a la necesidad de surgimiento del Estado, un aparato de coerción y violencia que permitiera a los más poderosos doblegar a los oprimidos.

La tipificación de los Estados que ha conocido la humanidad puede realizarse tomando como base el régimen económico-social sobre el cual se levanta, resultando de ello la clasificación de cuatro tipos de estados: esclavista, feudal burgués y socialista, aunque se admita la existencia de Estados de transición de un régimen a otro. En cada tipo de Estado se sirve del poder las clases dominantes de estas sociedades aún cuando toda o sólo una parte de ella pueda servirse directamente de la posesión del Estado.

En cada tipo histórico de Estado se desarrollan multitud de formas de Estado, concepto más estrecho que resulta de muchísimos factores (desarrollo socio-económico, tradiciones, características geográficas, &c.), pero siempre al Estado se dará la forma que más convenga a los grupos dominantes para lograr el despliegue de su poder en todas las esferas.

Para determinar las formas de Estado hay que tener en cuenta tres elementos fundamentales: la forma de gobierno, la organización estatal y el régimen político-jurídico.

La forma de gobierno comprende el procedimiento para formar los órganos del estado, en especial los máximos y centrales, así como la interrelación entre el Jefe de Estado, el Parlamento y el Gobierno. Los fundamentales son la monarquía y la república. En la primera el Jefe de Estado (monarca, emperador, zar, &c.) recibe y trasmite su cargo por herencia; en la segunda, es elegido siguiendo algún sistema de sufragio. La monarquía ha sido la más extendida para los estados esclavistas y feudales, mientras la república para el capitalista y el socialista. No obstante han existido notables excepciones en el esclavismo (la etapa republicana en la Roma antigua) y en el capitalismo (las monarquías británica, nórdicas y japonesa). La correspondencia señalada entre tipos y formas se explica por los principios distributivos imperantes. En las sociedades precapitalistas según el nacimiento; en el capitalismo, según la capacidad; y en el socialismo según el desempeño. Por ello antes del capitalismo la cuna legitimaba suficientemente el acceso al trono; a partir del capitalismo y su conquista de igualdad humana ante la ley, el acceso se debe dilucidar en una contienda que ofrezca igualdad de probabilidades, al menos formalmente, para todos.

En cuanto a las excepciones es conveniente señalar que las monarquías que subsisten son más bien formales que reales, pues la máxima decisión no descansa en el monarca, sino en el Parlamento o en el Gobierno.

Ello introduce una especificación en cuanto a las formas de gobierno, a partir del papel que desempeña el parlamento. La monarquía puede ser absoluta o parlamentaria; la república presidencial o parlamentaria. En los primeros casos la máxima instancia radica en el Soberano y en el Presidente respectivamente, quienes llevan adelante programas de gobierno, designan ministros con mayor o menor participación del Parlamento, cuya tarea esencial es de corte legislativo (en ocasiones no existe). En las repúblicas gobierna el Partido que ganó las elecciones presidenciales. Monarcas que gobiernan existen en Jordania, Arabia Saudita, Marruecos, Nepal, &c. Regímenes presidenciales en Estados Unidos, Francia, Hispanoamérica, &c.

El régimen parlamentario, sea monarquía o república, establece una distinción entre el jefe de estado y el jefe de Gobierno, no cumpliendo el primero más que un papel honorífico, sin poderes reales, mientras el segundo asume la dirección del ejecutivo en el seno de un gabinete ministerial que responde al Parlamento. El Gobierno, en cuyas manos se encuentra la dirección del país se forma por el partido que posee la mayoría en el parlamento. Por consiguiente gobierna el Partido (o bloque de partidos cuando existe coalición) que haya triunfado en las elecciones parlamentarias. En la actualidad existen monarquías parlamentarias en el Reino Unido (Gran Bretaña), Japón, Suecia, España, &c. Mientras las repúblicas parlamentarias son Italia, Alemania, India. En todas el Jefe de Gobierno como máxima figura política se personifica en el Primer Ministro, a excepción de Alemania que se denomina Canciller.

Desde el punto de vista de la organización estatal nos encontramos Estados unitarios y Estados federales. En los unitarios los órganos de poder estatal, el gobierno, el sistema judicial y la legislación son unos solos para todo el país, no obstante puede incluir formaciones autónomas que tengan incluso derecho de legislación para cuestiones locales.

El Estado federal se puede fundar en una unión de estados que representan una federación basada en la autonomía de las unidades que la componen. Sus partes no son unidades administrativo- territoriales, sino Estados o formaciones estatales (nacional- Estatales). Las partes integrantes de la federación (los estados en Estados Unidos, India, Nigeria; las provincias en Argentina, Paquistán) tienen sus órganos representativos y gobiernos propios, y gozan de derecho legislativo.

Se debe distinguir la confederación como unión permanente de Estados que, por lo común, limitan unos con otros, de la federación al interior del estado federal. Los Estados que integran una confederación resuelven de manera colectiva las cuestiones concernientes a las relaciones exteriores y la defensa, pero conservan su independencia en todos los demás dominios. Las decisiones de los órganos de la confederación entran en vigor después de ratificadas por los miembros de la misma. Los Emiratos Arabes Unidos constituyen una confederación, aunque en determinados aspectos se comportan como federación. La Comunidad de Estados Independientes, sucesora de la extinta URSS, ha intentado constituirse en confederación, sin embargo, la red de contradicciones en que se mueve no lo ha permitido. Mientras, la Comunidad Europea en el Occidente del continente ha proyectado pasos hacia una unión de este tipo, aunque a largo plazo.

El problema de elegir una u otra forma de organización estatal se resuelve de modo distinto en los diferentes países. Por lo común se vincula al problema étnico-nacional. El número de estados o provincias no corresponde al de grupos nacionales, y sus fronteras o bien están determinadas por causas históricas o bien tienen carácter casual. La federación o la autonomía se consideran generalmente procedimientos de descentralización del poder estatal.

El régimen político, como parámetro de clasificación de los Estados, se puede definir como el conjunto de procedimientos y métodos de ejercicio del poder del Estado. Tal régimen puede propiciar y estimular la incorporación del pueblo en el ejercicio del poder a través de diversas vías o puede impedirlo a toda costa. En el primer caso se trata de un régimen democrático, en el segundo de una dictadura.

La distinción entre democracia y dictadura para el pensamiento marxista clásico se relaciona ante todo con el tipo de Estado y no con su régimen político, pues profundiza en el servicio que presta a la clase que ostenta el poder político. De ahí que siempre sepreguntara «democracia: ¿para qué clase?», «dictadura: ¿contra qué clase?» (Lenin, I). Sin embargo, al tratar la cuestión de la dictadura del proletariado subrayando su carácter de «poder férreo» se le dio el sentido de régimen político pues era imprescindible «limitar la participación de los explotadores y sus aliados» del poder.

La distinción entre democracia y dictadura ocurre de modo extendido entre científicos y también a nivel de conciencia cotidiana en el sentido de régimen político. Una y otra son los polos extremos del nivel de posibilidades de ejercicio del poder existentes en la sociedad, de modo que la dictadura constituye de hecho una autocracia, es decir un poder concentrado en una persona, mientras democracia es el poder de todo el pueblo. Entre una y otra se pueden mencionar la aristocracia, la burocracia y la tecnocracia. En el régimen aristocrático sólo tienen acceso al poder una minoría de privilegiados, como era característico de los Estados esclavista y feudal, al aplicar el llamado sufragio censitario, o sea derecho al mismo sólo de aquellos individuos cuyas fortunas rebasaran cierto valor que permitiera considerarlos ricos. La burguesía, en su lucha contra el feudalismo levantó la bandera del sufragio universal partiendo del principio de la igualdad de todos los hombres ante la ley. Esta lucha se enfilaba principalmente contra el derecho por herencia al poder, reservado sólo para la nobleza, de modo que tal igualdad representaba ante todo la posibilidad para la burguesía de acceder al poder.

La burocracia en sentido político es el dominio del poder por los burócratas; en sentido organizacional se refiere a la estructuración racional impersonal de cualquier organización (económico, política o cultural) encaminada al logro de sus fines instrumentales (ver M. Weber). Como es lógico aquí el sentido que nos interesa es el primero: se trata del dominio político que pueden ejercer aquellos individuos cuyas funciones estatal- administrativas a nivel social les permite tomar decisiones públicas a partir de sus propios intereses particulares e imponerlas al resto de las clases, capas y grupos sociales. Ello ocurre principalmente cuando se combinan dos circunstancias: de una parte la hipertrofia del aparato estatal, cuyo funcionamiento absorbe una elevada masa de individuos que, dado su número, se constituye en un grupo social plenamente diferenciado; de otra la falta de control institucionalizado sobre la actividad y decisiones de ese grupo social, lo cual les permite obrar sin reparos en defensa de sus propios intereses. El acceso al poder de la burocracia puede ocurrir en cualquier tipo de Estado, ya que la naturaleza del mismo no impide tal fenómeno.

Por su parte el régimen tecnocrático surge del supuesto de confiar el poder a individuos, cuyos conocimientos les permite gobernar con criterio de expertos tomando las mejores decisiones para todos. Esta utopía fue esbozada ya desde el mundo antiguo por Platón, reiterado en la historia por socialistas como Tomás Moro, y más recientemente por diversas corrientes ligadas al determinismo tecnológico. Vista en su racionalidad resulta atrayente conceder a expertos el gobierno de la sociedad, sin embargo, al nivel actual de diferenciación humana con sus respectivos sistemas de intereses, tomar decisiones sólo basado en criterios técnicos y no políticos, constituiría un error colosal.

Otro aspecto a tomar en cuenta al estudiar el régimen político lo constituye el uso de la violencia. Democracia y dictadura están asociados no sólo al mayor o menor acceso al poder, sino al control del uso de la fuerza. El régimen democrático supone un uso limitado y por causas legítimas de la violencia; mientras la dictadura supone el uso amplio e indiscriminado de la violencia al no existir un control institucionalizado sobre la facultad de utilizar la fuerza. En realidad este es el aspecto más acuciante de toda dictadura, pues el mayor o menor acceso al poder no resulta tan denigrante para el ser humano como el sometimiento por la fuerza ante otros hombres.

El perfeccionamiento del régimen político en una dirección u otra tiene repercusiones sobre la actividad política de la sociedad en su conjunto al sancionar el Estado el sistema normativo que sirve de marco funcional a todas las instituciones políticas de la sociedad. De ahí que el perfeccionamiento del régimen democrático pueda hacer devenir a todo el sistema político de la sociedad a un nivel de consensualidad indispensable para el despliegue de una política responsable. De igual modo el perfeccionamiento del régimen dictatorial puede controlar tan fuertemente la actividad de todos los institutos del sistema político que sujete al individuo a los criterios del Estado hasta en su quehacer privado. Ello significa que el sistema político ha devenido totalitario.

Una creencia que es necesario modificar es la de atribuir una relación causal entre los demás parámetros de clasificación del Estado y este del régimen político. Democracia o dictadura puede existir en cualquier tipo de Estado, en cualquier forma de gobierno y en cualquier organización estatal. Lo mismo se puede afirmar respecto a su extensión a todo el sistema político: consensualidad o totalitarismo puede existir en cualquiera de ellos.

El Estado es de hecho un sistema institucional ligado al Poder Político de la sociedad, aún cuando no constituya el único sistema institucional ligado a la política. Junto al sistema estatal podemos encontrar el sistema de partido y el sistema de asociación parcial, integrando todos el sistema político de la sociedad.

Un partido es una institución del sistema político que se orienta a la conquista y ejercicio del poder para realizar el proyecto contenido en su programa político en representación de una colectividad humana. Esta colectividad puede ser una clase, un sector de una clase o una alianza de varias clases. Ello depende del alcance social real del proyecto contenido en su programa, con independencia de que todo partido hace aparecer su programa no como el de una parte de la sociedad, sino como representación de la totalidad.

Los partidos modernos surgieron a inicios del siglo XIX como resultado de la universalización del sufragio. Antes, durante milenios, la lucha por el poder y su ejercicio estuvo limitada a un círculo restringido (la aristocracia) del que se encontraba excluida el resto de la población. La burguesía para acceder al poder necesitaba eliminar el mecanismo hereditario existente, así como los privilegios de que gozaba la aristocracia. Por ello proclamó la igualdad jurídica de todos los hombres y la soberanía popular como principios políticos.

Con el sufragio universal el número se convierte en una fuerza política que, no obstante, resulta impotente separada de las técnicas de encuadramiento colectivo que son las que dan al número una eficacia. Con anterioridad estas técnicas de fueron utilizadas a nivel de pequeños grupos (sociedades secretas, órdenes religiosas, y otras). Sin embargo es, en los partidos modernos, donde adquieren su mayor connotación.

Los partidos surgieron y se desarrollaron junto a los procesos electorales y parlamentarios. Aparecieron primero bajo la forma de comités electorales, después en el marco parlamentario se organizaron grupos que reunían parlamentarios de una misma tendencia con vistas a una acción común. Este acercamiento de los diputados en la cúspide origina una federación de sus comités electorales en labase y se convierten así en partidos políticos.

Los primeros que surgen son los conservadores y los liberales, después los socialistas y ya en este siglo los comunistas y los demócrata-cristianos.

Las técnicas de encuadramiento permite organizar a las masas, educarlas políticamente, movilizar su energía, canalizar y orientar su acción e incorporarlas a la lucha política.

El número de partidos que integra el sistema político depende, entre otros factores, de la capacidad que tengan los partidos existentes de plantear programas políticos de mayor o menor alcance. En el mundo existen sistemas de partidos que van desde el amplio multipartidismo (Italia, Francia), el bipartidismo (Gran Bretaña, Estados Unidos), hasta el sistema de partido único (México, hasta hace poco tiempo), según la clasificación de M. Duverger (1968). Ello ocurre con independencia del régimen político que exista en el país.

Este sistema de partidos, de tradición electoralista y parlamentaria constituye una superestructura lógica al régimen económico del capitalismo y a los fines de la concepción contractualista de la burguesía. Sin embargo, no resulta adecuada como instrumento para la realización de un proyecto social, pues no reflejaría la diferencia cualitativa existente entre la base socio-económica que se construye respecto a la sociedad anterior, ni garantizaría la continuidad de los fines del proyecto por encima de los virajes de la práctica política cotidiana.

Del mismo modo que la burguesía tuvo en el parlamento la institución política adecuada para que la necesaria concesión de poder a determinados individuos fuera utilizada para beneficio de toda la clase y no para beneficio personal de los elegidos, la clase obrera tiene en este partido la institución política análoga. Allí, donde la burguesía no posee una fuerte institución parlamentaria, aparecen dictaduras personales y la inestabilidad política; allí donde la clase obrera no ha contado con un verdadero partido para su proyecto social, han aparecido consecuencias análogas.

La existencia y dominación de un partido en el sistema político de un país democrático se asocia al logro de una hegemonía (en el sentido gramcsiano), es decir, al logro de un consenso a nivel de toda la sociedad, por lo cual en su programa y en su práctica política se ven reflejados no sólo los intereses de la colectividad que directamente representa, sino también los del conjunto de la población (R. García Coratelo y A. De Blas Guerrero 1986). Ello distingue a la hegemonía de la dictadura, pues existe una dominación que se logra mediante la legitimación y no mediante el uso de la fuerza.

Un indicador importante de la orientación del partido en una u otra dirección lo constituye la expresión interna del régimen político existente. Lenin, en su lucha por la creación de un partido de nuevo tipo, insistía en la enorme necesidad de que imperara una amplia democracia interna, junto a la indispensable unidad de acción que debe caracterizar a todo partido. La unión de estos dos elementos se conoce dentro de la literatura marxista como «principio del centralismo democrático». Trotski, a pesar de las diferencias que tuvo respecto a Lenin y a Stalin, reconocía esto como una de las fuentes de la enorme autoridad y prestigio del Partido Bolchevique durante la Revolución de Octubre.

Por tanto, a países donde el poder político pertenece a un partido que emprende un proyecto de transformación social no le corresponde medir su superestructura con el sistema de partidos que caracteriza a la sociedad capitalista. Allí no hay ni pluripartidismo, ni monopoartidismo, sino un sistema de partido hegemónico.

En la historia cubana la creación por Martí del Partido Revolucionario Cubano demostró la lógica de tal tipo de organización. No se creó un partido para contiendas electorales, ni parlamentarias, sino para lograr la unidad de las fuerzas independentistas y superar los errores estratégicos y tácticos cometidos durante las guerras anteriores. En la historia más reciente el Partido Comunista de Cuba constituye una fuerza política llamada a garantizar la unidad de la nación.

En el orden funcional un partido ejerce el poder a través de mecanismos por los cuales hace llegar a los organismos estatales las directivas donde se trazan los lineamientos políticos que se corresponden con su programa de acción. El principal mecanismo que se utiliza en cualquier sociedad moderna es la colocación en puestos claves de dirección estatal a miembros suyos con tal encargo. No constituye un problema de principio el que en estos miembros coincidan responsabilidades estatales y partidistas. El acceso de estos representantes del partido a tales cargos responde al carácter electivo o no que tengan. Normalmente a los principales cargos se accede por elecciones en regímenes democráticos por lo cual el partido debe realizar determinada campaña proselitista, mientras los cargos de menor relevancia se ocupan por designación.

La eficacia del ejercicio del poder por un partido sólo es posible si institucionalmente se comporta como un verdadero partido político. Mientras el Estado basa su acción en la coacción, es decir en la obligatoriedad de las leyes, el partido tiene que basarse en el convencimiento, en la legitimación constante de sus directrices, en su capacidad real para hacer política. Ello supone tener habilidad para utilizar el poder estatal con que cuenta y también a las organizaciones socio-políticas que se les subordinan.

El partido debe saber delimitar el alcance institucional de su acción evitando suplantar o sustituir tanto al Estado como a las organizaciones socio-políticas mencionadas. Si el partido se enfrasca en gestiones administrativas, pierde autoridad política, pues tal gestión se basa en mecanismos coactivos (obligatoriedad del cumplimiento de las leyes) y no en llamados a la conciencia. Por ello, su ejecución compete al Estado como componente funcional del sistema político con potestad para imponer la ley. Pero si ese mismo partido deja de llamar a la conciencia y aplica directamente la coacción, entonces deja de ser un partido político, mientras deslegitima la soberanía del Estado, que deja de ser un medio eficaz de ejercicio del poder. Como consecuencia: debilitamiento del Estado y del partido, disloque funcional del sistema y entorpecimiento a la viabilidad interna del proyecto que ese partido impulsa. Un daño funcional similar se produce cuando la falta de delimitación afecta las relaciones entre el partido y sus organizaciones socio-políticas.

Las organizaciones socio-políticas forman parte del universo de organizaciones existentes en la sociedad con la particularidad de que su acción es política a diferencia de otras (económicas, científicas, culturales, fraternales, &c.) que actúan en la sociedad civil. Frente al Estado y a los partidos, cuya incidencia afecta a la sociedad en su conjunto, estas organizaciones son parciales, pues representan intereses inmediatos de colectividades humanas específicas (trabajadores, estudiantes, mujeres, &c.). Por tanto, su acción política persigue fines inmediatos de estas colectividades, como es el caso de los sindicatos, federaciones de diverso tipo, &c.

Estas organizaciones en su mayoría están implícita o explícitamente bajo la orientación de algún partido político. En unos casosporque son creadas a instancias de algún partido como vía de influencia en el sector social correspondiente, o por adscripción voluntaria propia en el caso de aquellas organizaciones que surgen espontáneamente (a los efectos del partido) y después siguen a algún partido existente. No obstante, pueden existir organizaciones independientes respecto a los partidos, aunque siempre sobre ellas existirá la acción atrayente de, por lo menos, algún partido.

Las relaciones entre el partido y sus organizaciones deben seguir determinados principios. entre ellos se pueden citar:

La independencia orgánica de las organizaciones socio-políticas: ello significa que estas organizaciones tienen sus propios estatutos, vida interna y elección interna de sus dirigentes.

La libre comunicación partido-organización: el partido debe lograr que la organización comprenda y apoye su línea política a través de la argumentación de sus fines; a la vez debe poseer la capacidad de captar el estado de ánimo y aspiraciones de la colectividad representada por la organización de modo que encuentre reflejo en los propios fines del partido. Cuando esas aspiraciones incluyen elementos que se apartan de la línea del partido, entonces debe redoblar el, esfuerzo comunicativo, pues una de las partes debe modificar su punto de vista, o ambas mediante la negociación.

El número de estas organizaciones se corresponde con los resultados de la diferenciación socio-estructural existente en la sociedad, con el número de partidos que integren el sistema político y con la propia historia del país.

En el caso de un sistema de partido hegemónico la dominación de ese partido implica un amplio apoyo a la acción de estas organizaciones por el partido en el poder, evitando que se confundan la aceptación de la línea partidista con la práctica de gestión estatal. Ello es indispensable pues el Estado y estas organizaciones responden a intereses de distinto nivel de generalidad. El primero responde por funciones que atañen a la sociedad en su conjunto, las segundas por los de las colectividades que representan. Por ello, el partido es el encargado de lograr en ambas la correlación más adecuada de lo general y lo particular, acorde a las necesidades de realización del proyecto por el cual lucha, aunque a veces existen compromisos políticos que obligan a posposiciones realistas.

Los grupos de presión surgen bajo tal denominación en los Estados Unidos ligados a la práctica de lo que se denomina el lobby político o cabildeo. Este consiste en que durante los recesos del Congreso (parlamento) determinados grupos de individuos se acercan a los congresistas con el fin de influir sobre ellos a favor de determinada acción o ley. Esta práctica espontánea durante mucho tiempo, después devino en acción especializada de individuos que dominan la manera de abordar a los congresistas, ofrecerles ventajas de algún tipo a cambio del apoyo a la acción que pretenden. Estos individuos se agrupan en este tipo de organización, cobran por el servicio que prestan y desarrollan su acción. Como es lógico, la existencia de estos grupos se presta para el soborno y la corrupción por lo que en 1948 se dictó una ley que pretendió limitar su acción en alguna medida. Se conoce que W. Clinton se ha destacado en la lucha por establecer nuevas limitaciones a estos grupos.

En la literatura podemos encontrar un uso más amplio de este concepto (M. Duverger, 1968). En realidad se estima que comités creados a nivel popular para la protección ecológica del medio, para brindar ayuda solidaria a países o causas políticas pueden ser considerados como grupos de presión, pues no llegan a constituir partidos políticos, ni organizaciones socio-políticas, mientras de alguna manera crean presión sobre los políticos a favor de los objetivos que persiguen.

Como se puede apreciar las instituciones políticas son aquellas que se refieren al poder, a su organización, a su ejercicio, a su legitimidad, &c. (Duverger, M. 1968). De conjunto están integradas en el sistema político de la sociedad.

El concepto de sistema político posee una gran importancia para caracterizar los procedimientos de dominación política. Para el marxismo el dominio clasista en la sociedad se produce integrando todas las esferas mediante un sistema de medios de influjo económico, político e ideológico. En este caso el dominio político visto desde una perspectiva de sistema se refiere no sólo al empleo del Estado como instrumento de poder, sino también a las vías institucionalizadas de acceder al mismo o influir sobre él. Por tanto el sistema político es el sistema de instituciones relacionales, regulativas e ideológicas que fijan las pautas funcionales de la dominación política.

Las instituciones relacionales están constituidas por aquellas que integran los sistemas estatal, de partido y de asociación parcial (organizaciones socio-políticas y grupos de presión) a través de las cuales se fijan las pautas de integración y realización de la actividad política en la sociedad. Estas instituciones establecen el marco organizacional de la política.

Las instituciones regulativas incluyen a aquellas que establecen el lugar y atribuciones de todas las instituciones sociales y sujetos con personalidad jurídica reconocida. Se generan principalmente dentro del derecho y se sancionan por el Estado. Estas instituciones integradas por la Constitución, leyes y disposiciones político-jurídicas fijan las pautas de expectativa conductual que forman el marco normativo de la política.

Las instituciones ideológicas que integran el sistema político son aquellas que sustentan las diversas posturas políticas fijando las pautas de proyección social a corto y largo plazo. Son instituciones relacionadas con el devenir de la sociedad en coordenadas tales como el régimen social (capitalismo o socialismo), el progreso social (sucesión o renovación), la transformación social (reforma o revolución) y la identidad social (independencia o integración). Estas instituciones fijan los marcos ideológicos de la política.

Los sistemas institucionales que forman el sistema político no existen independientes unos de otros, sino que se entrecruzan formando cortes que se integran a nivel de sujeto de la política aportándole el conjunto de pautas por las que puede orientar su actividad. Ninguna organización como instituto relacional puede ser analizada al margen de los marcos normativo e ideológico en que actúa; ningún precepto legal fuera de su sentido organizacional e ideológico, &c.

La concepción de institución que empleamos y su tipología se inspiran en la desarrollada por T. Parsons (pp 57-70) aunque han sido necesarias ciertas precisiones. Estimamos que las instituciones constituyen modelos de relaciones sociales que ejercen una acción reguladora sobre el comportamiento humano; tales relaciones se distinguen de aquellas que son ocasionales, efímeras e inestables. La existencia de las instituciones le permite al hombre contar con una pluralidad de pautas de rol interdependientes (T. Parsons, 1966) que puede oponer a las acciones naturales que emprende. Ejemplo, el acto sexual es un fenómeno natural; el matrimonio, una institución.

La diversidad de roles involucrados en cualquier institución pueden contribuir a dar estabilidad, seguridad e integración a la sociedad al permitir definir toda una red de expectativas recíprocas de comportamiento indispensables para el funcionamiento de lasociedad. Ello depende de la capacidad que tengan de reflejar el estado de las relaciones sociales existentes en cada momento y no sólo cuando surgen, pues estas relaciones se modifican con el tiempo y resulta indispensable, por ello una readecuación de las instituciones acorde al nuevo estado que adquieran las relaciones sociales. Este proceso se denomina de institucionalización permanente y constituye toda una ley sociológica para el funcionamiento adecuado de la sociedad.

En la política ello apunta a la necesidad de readecuación continua de las instituciones para que sean medios adecuados de actividad, de lo contrario se verán incapacitadas para convertir en voluntad política los intereses, aspiraciones y capacidades de quienes deben servirse de ellas. Entonces hacer política como capacidad de empleo efectivo del poder en la regulación dirigida a fines de las relaciones sociales (Limia, M 1994) no será posible dentro del marco institucional establecido y las vías alternativas estarán planteadas desde la perspectiva crítica que siempre acompaña al hombre como sujeto de su propia actividad.

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