Ricaurte Soler

Panamá: Nación y oligarquía 1925-1975

Cuarta edición

Ediciones de la Revista Tareas
Panamá, 1989

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Libro de 105×160 mm. 65 páginas. [cubierta] “Ricaurte Soler | Panamá: Nación y oligarquía 1925-1975 | Cuarta edición, 1989”, [1] “Panamá: Nación y oligarquía 1925-1975 | Panamá 1989”, [3] “Contenido”, [5] “A Ricardo Soler Mendizábal”, [6] “Del Autor”, [7 = portada] “Ricaurte Soler | Panamá: Nación y oligarquía 1925-1975 | Cuarta edición | Ediciones de la revista Tareas Panamá | 1989”, [9] “Panamá: Nación y oligarquía”, [10] “Ediciones de la Revista ‘Tareas’”, [11] “Al hombre le es más fácil morir con honra que pensar con orden. MARTI”, [13-62] texto, [63-64] Ediciones de la revista Tareas, [65] “Este libro se terminó de imprimir en el mes de agosto de 1989 en los Talleres Gráficos del Centro de Impresión Educativa del Ministerio de Educación. Tiraje: 2.000 ejemplares.”

La cuarta edición de 1989 prescinde del “Prólogo” que aparece en la primera de 1976, y que ofrecemos aquí tomado del monográfico dedicado a Ricaurte Soler por la revista Lotería, Panamá, diciembre 1994, nº 400, págs. 251-252.

El párrafo que comienza “Desde el punto de vista de las clases sociales…” (en la parte 2), no figura en la antología de Lotería (nº 400, pág. 257), que dice seguir la primera edición de 1976.

Introducción

No creemos excesiva la afirmación de que, desde el punto de vista del materialismo histórico, las aproximaciones teóricas al problema nacional latinoamericano han sido escasas, inseguras y particularmente controvertibles. Al respecto las siguientes son las tendencias de interpretación más claramente discernibles:

1. Las tareas nacionales latinoamericanas, burguesas por definición, delimitan un período histórico, todavía inconcluso (exceptuado Cuba), en el cual las luchas populares definen como objetivos fundamentales la liquidación de las relaciones precapitalistas de producción y la simultánea emancipación de la dominación imperial.

Este esquema de interpretación, correcto en su formalidad abstracta, deja, empero, sin explicar el fenómeno de la formación de naciones latinoamericanas en ausencia de burguesías industriales o “nacionales” durante el siglo pasado. Durante el presente quisiera asumir, contradictoriamente, y contra toda evidencia, que la revolución nacional y socialista de Cuba es producto de la insurgencia revolucionaria de su clase obrera postulada sin embargo, por definición, como internacionalista.

2. Un segundo esquema de interpretación, inspirado en las hasta hace poco influyentes “teorías de la dependencia”, niega la existencia, en el pasado y en el presente, de naciones latinoamericanas postulando, también contradictoriamente, como exaltante objetivo internacionalista de la clase obrera la creación de la nación socialista latinoamericana.

Confesamos nuestra convicción de que a los objetivos de la liberación nacional, de la socialización de los medios de producción y cambio, y de la creación de los Estados Unidos Socialistas de América Latina, nos acercaremos con mayor seguridad en la medida en que el análisis de las clases latinoamericanas surja del estudio de la específica materia histórica de nuestros países más que de las características “por definición” postuladas en las clases sociales del mundo desarrollado, e inmediatamente aplicadas a nuestras realidades. La metodología que proponemos supone que la universalidad de un modo de producción no es la expansión, geográfica e inalterada, de una legalidad así hipostasiada. Esa universalidad tampoco es consecuencia de una suma de especificaciones cuyo resultado sería una legalidad “mayoritaria”, geográficamente dominante. Estos son recaudos indispensables para una mejor comprensión de la realidad latinoamericana. Y dentro de ese marco, de la realidad panameña.

1
Clases nacionales y antinacionales en la América Hispana

Durante el siglo pasado, a escala latinoamericana, dos fuerzas sociales, con variables resultados según los casos, se opusieron a la organización y consolidación de sus diferentes Estados nacionales:

1. Las relaciones de producción esclavistas y/o serviles, con sus propietarios de ingenios o de mayorazgos, que limitaban la producción convirtiéndola en monoproducción, y “estancaban” la propiedad en compartimientos que impedían el real y unificador ejercicio político del poder estatal-nacional.

2. El clero, con su enorme propiedad amortizada, con su función de prestamista-usurario universal, con su apenas discutido monopolio cultural y educativo, que jugó en Hispanoamérica su papel de clase antinacional, y no quedó convertido en institución corporativa, con enorme influencia sin embargo, sino después de las reformas liberales. En ausencia de una burguesía industrial, y en contradicción con la función, intereses y concepción del mundo de las clases anteriormente mencionadas, el poder social liberal delineó un proyecto de organización estatal-nacional de definidos contornos. Ese poder comprendía:

1. La libre propiedad territorial, opuesta a mayorazgos y amortizaciones. Su papel progresivo consistió, durante los dos primeros tercios del siglo pasado, en su aspiración a revolucionar el régimen de la propiedad agraria. Su limitación obvia radicaba en su incapacidad de introducir la producción capitalista en la propiedad agraria ya desvinculada o desamortizada. Por su lugar y función en los conflictos sociales del siglo pasado incluimos dentro de esta clase a la pequeña propiedad agraria.

2. La burguesía comercial. Su papel nacional y progresivo derivaba de la unidad y cohesión estatal que le era necesaria para la libre circulación de las mercancías. Pero esa aspiración era contradictoria con su situación de intermediaria, siempre dependiente de la ajena factura metropolitana.

3. La pequeña burguesía urbana. Teorizó con vehemencia, incluso con profundidad, generoso impulso y desgarrado profetismo, el dolor y porvenir de nuestra América. En Mariano Otero concretó la máxima lucidez de la teoría. Y en José Martí la solución final de la tensión y el empeño. Como clase social, sin embargo, la pequeña burguesía no podía encontrar en sí misma el fundamento material para la organización y final asentamiento histórico de su proyecto nacional.^{1}

Contradictoriamente nacionales en su esencia, las clases sociales hispanoamericanas que sustentaron el proyecto liberal-nacional sólo precariamente triunfaron sobre el poder social antinacional y conservador. A finales del siglo XIX la expansión imperial definitivamente desnaturalizó el empeño trasmutando en nuevos contenidos la significación nacional o antinacional de las viejas y nuevas clases sociales latinoamericanas.

De lo anteriormente expresado se desprende que si no hemos de atenernos a la vaguedad de su definición etimológica, el concepto de oligarquía, en Hispanoamérica y Panamá, es inseparable del carácter nacional o antinacional de las clases existentes. Desde ese punto de vista, oligárquicas fueron en Hispanoamérica, durante el período de organización estatal-nacional, aquellas clases que internamente obstaculizaban el proyecto de cohesión y afirmación nacionales. Esas clases fueron: el clero, la aristocracia feudal y la aristocracia esclavista. A partir de la degeneración liberal, y simultánea expansión imperial, oligárquicas son las clases estructuralmente incapaces de resistir la enajenación exterior, sustrayendo así importantes asideros sociales a la consolidación nacional.

El marco clasista dentro del cual nos esforzamos por comprender la formación de las naciones hispanoamericanas, con diferencias adjetivas, creemos, que ofrece confirmación relevante en el “caso límite” de la nación panameña.

2
La nación y el Estado panameño

Transcurrido el período inicial de la conquista peruana, el comercio colonial entre el Pacífico y España se realizó casi que exclusivamente a través del Istmo. Como consecuencia de ello a partir de la segunda mitad del siglo XVI, hasta los primeros lustros del XVIII, la intensa actividad transitista, de circulación de mercancías y servicios, comenzó a definir un espacio geo-económico, que en otro sentido fue, sin embargo, efecto de la política mecantilista metropolitana (”El Istmo de Panamá, Istmo de Sevila”, Pierre Chaunu)^{2}. La temprana desaparición de las encomiendas, la ausencia de explotaciones mineras, la inexistencia de mayorazgos y la menor importancia del agro amortizado crearon en el Istmo, desde la época colonial, condiciones económicas y sociales que espontáneamente inducía en sus pobladores la convicción de un proyecto político que haría posible la explotación del principal recurso natural: la posición geográfica.

La profunda decadencia económica y el estancamiento demográfico del siglo XVIII, ambas instancias en comparación y contraste con el crecimiento de la población y del comercio hispanoamericanos del periodo, y consecuencias principales del cambio del ruta por el Cabo de Hornos, explican que las ciudades principales, Panamá y Portobelo, no prolonguen con eficacia su pasada función de definir un espacio geo-económico nacional. Esta es también causa principal de la imposibilidad en que se encontró el Istmo para formar Estado independiente al momento de desmembrarse la Gran Colombia en 1830. Todo ello no implica, sin embargo, que durante el siglo XVIII y principios del XIX hubiese desaparecido aquella conciencia de poseer un recurso natural sui géneris de explotación posible en beneficio de los istmeños. Pues de todas maneras subsistió un precario comercio transístmico. Y la actividad contrabandista fue intensa. No es de extrañar, por ello, que el proyecto político en función del recurso geográfico aparezca temprano en el siglo XIX, marcando todos los momentos históricos significativos de esa centuria.

El acta de independencia de Panamá de España de 1821 declaraba en su artículo 2º que el Istmo formaba parte de la República de Colombia. Pero después, de manera relevante, en el artículo 9º, reclamaba explícitamente la autonomía económica. Incluso, con anterioridad, el Cabildo de la ciudad había manifestado que el “Reino de Tierra Firme” no formaba parte, políticamente, del Virreinato de la Nueva Granada. Eran los primeros jalones de un empeño de autonomía, e incluso de independencia económica y política, que se prolongaría durante el resto del siglo. Momentos de ese empeño secular fueron:

1826. Una declaración de notables expresa el deseo de que el Istmo se convierta en “país hanseático”.

1831. En la coyuntura de la desmembración de la Gran Colombia el Istmo se separa de la Nueva Granada por breve período.

1840-41. En ocasión de una guerra civil neogranadina el “Estado del Istmo” se independiza formalmente durante más de un año.

1855. Se crea el “Estado de Panamá”, soberano, como primer Estado Federal de la Nueva Granada.

1861-62. En la coyuntura de una guerra civil neogranadina declaraciones de notables de dos provincias excitan a independizar el Istmo; el gobernador Santiago de la Guardia muere defendiendo la soberanía conquistada años antes.

1899-1902. Panamá es el teatro principal de la sangrienta insurgencia liberal contra el centralismo conservador, pues bajo el pendón liberal se luchaba a favor de la autonomía perdida desde 1885.

La precedente descripción, incompleta y apresurada, es sin embargo suficiente para identificar en el Istmo un proyecto estatal-nacional que se reitera y renueva. El proyecto es indesligable de los intereses de la burguesía comercial que espera, en su propio provecho, ver el Istmo convertido en emporio universal. Este es también el proyecto de la pequeña burguesía –en especial las capas medias, las profesiones liberales, la burocracia– que preven mejores posibilidades en la autonomía o independencia política. En el caso particular de Panamá el proceso de identificación y afirmación nacionales no encontró, como en otros países hispanoamericanos, los obstáculos de un poder social antinacional (trabajo esclavo y/o servil, mayorazgos, propiedad amortizada, fuero eclesiástico, fuero militar, &c.). Pero, desde muy temprano, se reveló que si la posición geográfica legitimaba un proyecto de comunidad política, esa misma posición geográfica desencadenaba fuerzas absorbentes que podrían desnaturalizarlo. Inglaterra primero, y después los Estados Unidos –sobre todo a partir del Tratado Mallarino-Bidlack, 1848, que “garantizaba” a la Nueva Granada su soberanía sobre el Istmo– serían protagonistas de incidentes e intervenciones de objetivos evidentes. No es por ello de extrañar la formación temprana en Panamá de una conciencia política simultáneamente nacional y anticolonialista. Tampoco debe extrañar por ello que en el principal teórico de la nacionalidad panameña, Justo Arosemena (1817-1896), encontremos, a nivel hispanoamericano, una de las primeras y más vigorosas denuncias del expansionismo yanqui. Y también en él, junto con José María Torres Caicedo, a escala de los países bolivarianos, el más significativo llamado de su época para la unidad del pueblos hispanoamericanos.^{3}

Desde el punto de vista de las clases sociales toda la documentación histórica, y el trabajo heurístico, conduce a la ya señalada conclusión de que el empeño de organización estatal-nacional panameña, durante el siglo pasado, es un proyecto claramente promovido por la burguesía comercial y la pequeñoburguesía urbanas. Las clases y sectores de clases propiamente populares hicieron sentir sus reivindicaciones al margen, y a veces en contradicción, con aquel proyecto. Tal sucedió, por ejemplo, en 1830 cuando las “castas” (negros, mulatos, mestizos) del arrabal de Santa Ana, en la capital panameña, apoyaron al caudillo popular José Domingo Espinar en su llamado a Bolívar para que éste, desde el Istmo, reconstituyera la Gran Colombia, en trance de disolución. El pueblo arrabaleño veía en Espinar un caudillo que se oponía a “los de adentro” (la burguesía comercial y la pequeñaburguesía de la época, fundamentalmente liberales y autonomistas). Pero su conciencia social estaba todavía lejos de proponer un concepto de nación compatible con sus reivindicaciones inmediatas. Otro tanto podemos decir del apoyo del arrabal a las tropas colombianas que en 1862 llegaron al Istmo para reprimir el autonomismo del Gobernador Santiago de la Guardia (conservador moderado, apoyado por el liberalismo) y que condujo a su sacrificio en una acción bélica.

Durante el siglo pasado, pues, las reivindicaciones y manifestaciones populares, eminentemente espontáneas e inmediatas, aparecen todavía desconectadas del esfuerzo consciente por la organización estatal-nacional panameña. A principios de la década del cincuenta tuvo lugar un movimiento campesino en La Chorrera. Algún cronista del momento lo calificó de “comunista”. Nada autoriza vincularlo con la “cuestión nacional”. Años más tarde, en 1856, enfrentamientos multitudinarios entre panameños y norteamericanos (”Incidente de la Tajada de Sandía”) deja un saldo de muertos y heridos. Pero será el liberalismo autonomista, a través de Justo Arosemena y Pablo Arosemena, el que extraerá una lección de afirmación panameña frente a la insolencia norteamericana.

Son estos los antecedentes que confieren a la participación de Victoriano Lorenzo en la “guerra de los mil días” (1899-1902) simbolismo y significado especial. Eliminación del diezmo fue la reivindicación económica inmediata del jefe indígena. Pero esa reivindicación estaba inscrita en el contexto de una guerra civil sangrienta en la cual el problema de la autonomía política era relevante para la insurgencia liberal istmeña. El silencio, con aisladas excepciones, frente al fusilamiento injustificado de Victoriano, ya finalizada la guerra, tenía para el liberalismo un significado preciso: silenciar la reivindicación económica o social en el marco de toda lucha por la autonomía política. Por ello mismo, y muy a su pesar, la muerte de Victoriano, en los albores mismos de la independencia de Colombia, adquiría para la historia la significación real de que, camino al futuro, la cuestión nacional era indesligable de la cuestión social.

3
El imperialismo (1903)

Los Yankees han perpetrado toda clase de atentados,
mostrando en todos sus actos de provocación
el más insolente desprecio por las instituciones,
las costumbres, la autoridad y la raza nacional del Istmo.
Justo Arosemena

Cuba, Panamá, Puerto Rico, los pueblos hispanoamericanos de más tardía formación de su entidad estatal-nacional, enfrentaron profunda y directamente la distorsión que implicaba la presencia imperialista. La enmienda Platt en Cuba, el Tratado Hay-Bunau Varilla en Panamá, constituyeron el precio exigido por el imperialismo para permitir la formalidad de la independencia política. Ambos instrumentos jurídicos sancionaban la intervención norteamericana en los asuntos internos de los Estados recién formados. En el caso particular de Panamá este status enajenante lo agudiza al extremo la presencia del enclave colonial –económico, político y militar– a lo largo de diez millas de ambas riberas del Canal.

Desde la perspectiva de las clases sociales la independencia de Panamá de Colombia, en 1903, se sitúa en un contexto histórico claramente diferenciado. A nivel hispanoamericano el proyecto nacional prohijado por el liberalismo sucumbe irremisiblemente por la debilidad y contradicciones internas de las clases que lo sustentaron. Dentro del marco panameño, la burguesía comercial y la pequeñaburguesía vieron frustrados sus anhelos, en la coyuntura misma de la independencia de Colombia, de usufructuar en propio provecho la posición geográfica del Istmo^{4}. Con excepción de una irrisoria anualidad, ninguna ha sido la participación directa de Panamá en cuanto a los beneficios del Canal.

Por otra parte al margen, incluso, del Tratado Hay-Bunau Varilla los Estados Unidos, a través de una red de establecimientos comerciales y de servicios, arrebató a la burguesía comercial toda posibilidad de capitalización sobre la base de utilizar la posición geográfica. En estas condiciones la clase dominante de la zona de tránsito quedó reducida, en ocasiones, a la simple propiedad inmobiliaria, –rentismo de casatenientes– para lo cual prestaba favorable coyuntura la explotación de los obreros que trabajaban en la Zona del Canal y residían en la ciudades terminales.

Es este el marco general, económico y social, dentro del cual habrían de crearse las instituciones republicanas. La Constitución de 1904, inspirada en los postulados clásicos de la democracia liberal, sancionó la facultad interventora del Gobierno norteamericano cuando éste lo considerara conveniente a fin de “restablecer la paz pública y el orden constitucional, si hubieren sido turbados”. Por motivos electorales el ejecutivo panameño, o los partidos opositores, solicitaron, hasta 1928, aquella intervención. Motu propio los Estados Unidos realizaron intervenciones armadas en 1918 y 1921. Por otra parte el perfeccionamiento jurídico del enclave político canalero llegó al extremo de que a partir de 1921 los Estados Unidos exige a los cónsules extranjeros acreditados en Panamá otro exequátur en Washington para ejercer sus funciones en la Zona del Canal.

Dada las condiciones de mediatización política del Estado por parte del imperialismo y de absoluta dependencia económica de las clases dominantes, el proceso de afirmación estatal-nacional se inició lento, inseguro y contradictorio. Desde 1904 comenzó la batalla diplomática dirigida a contrarrestar las interpretaciones arbitrarias del Tratado Hay-Bunau Varilla por parte de los Estados Unidos. Pero las reclamaciones panameñas sólo alcanzaron renovado vigor en las condiciones sociales que hicieron posible los distintos períodos administrativos del Dr. Belisario Porras (1912-1916; 1918-1920; 1920-1924).

El imperativo de afirmar institucional y políticamente la República condujo a este caudillo popular, formado sin embargo en las tradiciones del liberalismo colombiano del siglo pasado, a una práctica política que hubo de revisar la inercia de aquellas tradiciones. En algunos de sus ministros y colaboradores el empeño renovador se inició en expresiones teóricas neoliberales: La política educativa habría de inspirarse en la “democratización de las escuelas” y en la “socialización de la enseñanza.” En la teoría política se inició el esfuerzo por definir un “liberalismo social”. Es la atmósfera ideológica que se iba formando paralelamente a medidas concretas: Nacionalización de la Lotería (en Panamá, como observaba Trotsky para España, es sorprendente el papel de este juego de azar en la vida social). Construcción de carreteras y un importante ferrocarril, lo que habría de dar mayor cohesión física a la nación (significativamente los Estados Unidos se opusieron a algunas de estas medidas). Afirmación del Estado frente a algunas funciones públicas que de una u otra manera todavía eran conservadas por la Iglesia (fundación de los Archivos Nacionales, creación del Registro Civil). Resistencia, con éxito, a la pretensión de desarmar la policía nacional en la coyuntura del conflicto con Costa Rica en 1921). La enumeración es, obviamente, incompleta. Pero suficiente para concluir que las administraciones de este caudillo popular tuvieron para Panamá rasgos análogos, en las condiciones de un país tan penetrado por el imperialismo, a los que caracterizan el irigoyenismo en la Argentina, o el batllismo en el Uruguay. Pero es la consideración de la base social de este régimen lo que deja lecciones para el futuro.

Con anterioridad a las administraciones de Belisario Porras el poder político era simple y directa expresión de la burguesía comercial, de los casatenientes, y de los sectores pequeñoburgueses que les eran subordinados. Las reformas institucionales y de afirmación nacional introducidas por Porras sólo fueron posibles por el realineamiento de las fuerzas sociales que sustentó su liderazgo. Ese realineamiento consistió en la alianza, expresada electoralmente, de las masas populares de la capital con las masas campesinas del interior, en especial los pequeños propietarios agrarios que caracterizan la región de Azuero. Esta convergencia de fuerzas sociales resultó acrecentada por sectores de la pequeñaburguesía que además de razones de política interna se sentían confusamente estimulados por el impacto de la Revolución Mexicana, de la Revolución Rusa y de la Reforma Universitaria de Córdoba.

La primera experiencia nacional-popular en función de gobierno, no obstante sus rasgos populistas, dejo para el futuro la clara evidencia de la impotencia, incluso a nivel de reformas, de la burguesía comercial y de los casatenientes. En ausencia de una burguesía industrial, la pequeñaburguesía urbana, en alianza con la pequeña propiedad agraria y sectores citadinos del pueblo, comenzó a mostrar sus posibilidades reales en cuanto a la afirmación estatal-nacional y en relación con la resistencia a la absorción imperial. Por su parte la burguesía comercial y casateniente pronto mostrará, en significativa coyuntura de la historia panameña, que las banderas liberal-nacionales levantadas durante el siglo pasado correspondían a un empeño que le era ya definitivamente irrecuperable.

4
La oligarquía (1925)

1925 representa en la historia panameña un momento definitivo, que aclara hasta la saciedad los compromisos, limitaciones y destino histórico de las clases existentes.

A partir de 1924 es posible afirmar que la experiencia nacional-popular del porrismo ha agotado su ciclo. Desde 1923, en efecto, la pequeñaburguesía se empeñaba, por primera vez en la historia panameña, en crear su propia organización política, independiente tanto de la alternativa oligárquica como de la opción porrista. Esa organización concretó en Acción Comunal, sociedad semi-clandestina, nacionalista y conspirativa, integrada por ingenieros, odontólogos, abogados, burócratas, &c. En las condiciones particulares de Panamá muchos de estos profesionales se encontraban desplazados por personal norteamericano que como asesor proliferaba en la administración pública. Desde 1924, por otra parte, la clase obrera alcanzaba una nueva etapa en la luchas por su organización al crearse el Sindicato General de Trabajadores. Estamos, por tanto, en presencia de organizaciones incipientes que ya escapan al primer esquema populista de la historia republicana y que constituía también fuerzas sociales de oposición a la oligarquía.

En las específicas condiciones panameñas el poder oligárquico lo integra la burguesía comercial y casateniente, proyectada en el Interior a través de terratenientes y caciquismo regionales, a partir del momento en que esa misma burguesía, por razones internas y externas, renuncia a su proyecto histórico de organizar el Estado Nacional en función del recurso natural de la posición geográfica.

La causa externa de esa renuncia fue la creciente supeditación al poder imperial a partir de la independencia de Colombia en 1903. Vimos que la estructuración de la República, y el más vigoroso esfuerzo de afirmación nacional, se hizo a través de un diseño populista en el cual la oligarquía tuvo menguada participación. La causa interna de la renuncia radica en el enfrentamiento, para ella cada vez más peligroso, con organizaciones de la pequeñaburguesía, de la clase obrera y, eventualmente, del campesinado. La evidencia de esa renuncia, y el carácter definitivamente antinacional de la oligarquía, se expresó con nitidez en 1925, precisamente por la confluencia de las causas externas e internas a que aludimos.

En 1925, en efecto, se da el primer movimiento multitudinario de reivindicación social que registra nuestra historia republicana. Se trata de una protesta popular contra al alza de los alquileres –movimiento inquilinario– protesta organizada por la “Liga de Inquilinos” como sección del Sindicato General de Trabajadores. La represión de la fuerza pública, el 10 de octubre, dio origen a un mínimo de cuatro muertos y numerosos heridos. El ejecutivo, identificándose con los casatenientes, no vacila en solicitar la intervención de las tropas norteamericanas, lo cual tiene lugar el 12 del mismo mes, dando por resultado nuevos muertos y heridos. Encarcelamientos y deportaciones siguieron a los sucesos. El 30 de octubre Horacio F. Alfaro, Secretario de Relaciones Exteriores, y primer presidente-fundador de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, expresa al Gobernador de la Zona del Canal su “agradecimiento por la cooperación eficaz prestada por las fuerzas militares de los Estados Unidos para mantener el orden de la ciudad de Panamá durante los disturbios ocurridos en el presente mes”.

La intervención norteamericana de 1925 tiene una significación sensiblemente diferente a las anteriores. Dejó un saldo de muertos y heridos. Fue solicitada no para arbitrar sobre cuestiones electorales sino para reprimir reivindicaciones sociales. Se hizo patente a la conciencia de las clases dominantes, y a la conciencia de los sectores esclarecidos del pueblo, la orgánica solidaridad que enlazaba los intereses de la oligarquía y del imperialismo.

De enorme transcendencia fueron, por otra parte, las consecuencias del movimiento inquilinario pues a la experiencia de 1925 no es ajena la repulsa popular al proyecto del Tratado Alfaro-Kellog en 1926, y su final rechazo por la Asamblea Nacional en enero de 1927. La militancia de “Acción Comunal”, del Sindicato General de Trabajadores, y los manifiestos de numerosos municipios y asociaciones cívicas hicieron posible aquel rechazo.

Finalmente, en 1932, aquel movimiento alcanzó, todavía, un último epílogo cuando nuevas manifestaciones multitudinarias obligaron a la Asamblea Nacional a crear instrumentos legales que precariamente recogían las aspiraciones de los inquilinos.

Desde otros miradores es notable verificar que, también desde 1925, se manifiesta a nivel económico la solidaridad oligárquico-imperial. Desde 1917 se había fundado la norteamericana Compañía Panameña de Fuerza y Luz, pero es a partir de aquel año que arranca el acelerado e ininterrumpido proceso de concesiones entreguistas a la inversión extranjera. Algunos momentos iniciales de ese proceso son:

— La concesión en 1925 de 36.000 hectáreas, que habrían de extenderse, a la Tonosí Land Company, subsidiaria de la United Fruit Company. Las tierras permanecieron inexploradas.

— Las leyes en 1927 y de 1929 que permitieron el asentamiento definitivo de la United Fruit Company en la costa pacífica; en la costa atlántica la explotación se remontaba a finales del siglo XIX.

— Los nuevos contratos y concesiones a la misma empresa, a la Nestlé, a la Goodyear Rubber Co., Limited, escalonados de 1932 a 1936, que sancionan definitivamente la penetración de las compañías extranjeras, con una oposición limitada a la minoría socialista parlamentaria.

Los efectos enajenantes de este proceso de inversión extranjera son tanto mayores cuanto se considera que, en contraste con los otros países latinoamericanos, en el caso panameño ningún proceso significativo de sustitución de importaciones siguió a la crisis mundial de 1929^{5}. Un indicador de la postración económica de aquellos años lo da, por otra parte, el hecho de que a partir de 1932 el presupuesto de gastos de la República decae abruptamente, y no llega a superar el de aquella fecha sino siete años después, en 1939.

Podemos afirmar, para concluir este apartado, que los años treinta se saldaron con la absorción o mediatización de las fuerzas sociales organizadas que se opusieron a la oligarquía levantando banderas nacionalistas. La más militante de ellas, “Acción Comunal”, tuvo éxito al organizar el dos de enero de 1931 el primer golpe de Estado de la historia republicana. Pero al día siguiente entregó, literalmente, el poder conquistado, revelando así la debilidad organizativa e ideológica de la primera expresión políticamente autónoma de la pequeñaburguesía republicana. Hombres de aquella organización hicieron posible, posteriormente, el Tratado Harmodio Arias-Franklin D. Roosevelt, de 1936, cuya conquista fundamental fue la abrogación del derecho norteamericano a intervenir en los asuntos internos del país. Por este acuerdo, también llamado “Tratado Carne y Cerveza”, se eliminó parcialmente el comercio en la Zona del Canal y se concedió a Panamá el derecho de vender carne y cerveza en el mercado zoneíta, de fuerte consumo. De todo ello no resultaba, en realidad, sino un acrecentamiento de la dependencia económica en los momentos mismos en que, como vimos, las trasnacionales proliferaban en el país. Podemos concluir, pues, afirmando que la oligarquía absorbió, “oligarquizó”, la primera y militante organización política pequeñaburguesa de nuestra historia republicana.

5
El populismo (1940)

Durante los años treinta se organizó en Panamá el Partido Socialista y el Partido Comunista, muchos de cuyos cuadros habían integrado al anterior Partido Laborista. La dirección socialista, partiendo de la premisa de la inexistencia de masas obreras y de la imperativa necesidad de reformas agrarias, resumió así su programa: “Revolución agraria pequeñoburguesa y campesina y no revolución proletaria sin proletarios”. Con relativa rapidez el socialismo logró obtener un apoyo de masas efectivo, sobre todo en las comunidades campesinas de la provincia de Panamá. Las condiciones del agro favorecieron ese apoyo. “Investigando [decía el principal jefe socialista], me di cuenta que setenta y dos personas naturales o jurídicas, eran dueñas de seis millones de hectáreas, de las ocho que tiene mi patria”^{6}. Batallas legales contra Arturo Muller, poseedor de 200.000 hectáreas en la provincia de Darién, contra la Iglesia, poseedora de 10.000 hectáreas en las cercanías de la capital, y muchas otras, afirmaron el prestigio del socialismo entre el campesinado. En la Asamblea actuó unido a la representación del Partido Comunista, influyente en los débiles sindicatos obreros, pero que nunca logró constituirse en partido de masas.

Durante aquellos mismos años, como vimos, la oligarquía logró absorber a “Acción Comunal”, diluyendo así el radicalismo de la pequeñaburguesía. En estas condiciones el poder oligarca podía expresarse en múltiples partidos sin que su hegemonía real, económica y política, sufriese merma alguna. Los partidos Liberal Unido, Liberal Demócrata, Liberal Renovador, Liberal Doctrinario y Liberal Nacional constituyeron las intrascendentes y coexistentes variaciones de la misma hegemonía.

El cuadro, sin embargo, habría de alterarse, como sucedió también a escala latinoamericana con motivo de la segunda guerra mundial.

Desde el golpe de Estado de 1931 el Dr. Arnulfo Arias había comenzado a hacer carrera política. En 1940 alcanza la presidencia de la República intentando actualizar en el Partido Nacional Revolucionario (después fundará el Partido Revolucionario Auténtico y el Partido Panameñista) el espíritu nacionalista de la desaparecida “Acción Comunal”. Las medidas tomadas en un año de gobierno le permiten sustentar un proyecto político de rasgos definitivamente populistas.

A través de la “nacionalización del comercio”, que implicaba el traspaso a ciudadanos panameños de los numerosos establecimientos comerciales en manos de inmigrantes chinos, hindúes y judíos, el régimen de Arias se aseguró el apoyo de dos importantes sectores de la pequeñaburguesía: La pequeña propiedad y la pequeña producción. Las capas medias y el sector asalariado no productivo, fetichizando los cánones del demoliberalismo, le será, en general, hostil. La creación del patrimonio familiar (débil y primer intento de racionalizar la propiedad agraria), del Seguro Social, y la resistencia a conceder bases militares a Estados Unidos en los inicios de la segunda guerra mundial, le granjean el apoyo de clases y sectores de clases populares cuya delimitación, como en todo populismo, es difícil precisar. Su derrocamiento, apenas un año de iniciado su programa reformista, contribuirá a asentar, por muchos años, el prestigio de caudillo carismático.

La segunda experiencia populista de la historia de la República, que como factor político recurrente prolonga su vigencia hasta 1968, obliga a inevitables consideraciones.

Entendemos por populismo, en Latinoamérica, movimientos políticos de masas que desbordando coagulados esquemas partidarios enfrentan el poder antinacional oligárquico e imperialista sobre una base social en la cual confluyen clases con intereses distintos, e incluso contradictorios. Las expresiones nacional-popular y populismo son equivalentes; en la primera se acentúa la necesidad táctica de considerar los rasgos positivos del movimiento en su carácter antioligárquico y anti-imperialista; en la segunda se acentúa la necesidad estratégica de denunciar la imposible conciliación de clases que lo inspira.^{7}

A escala latinoamericana, en los países menos atrasados, la clase obrera aunó su empeño en movimientos nacional-populares; en el irigoyenismo por ejemplo. En la coyuntura de la gran depresión de los años treinta y de la segunda guerra, con el impulso industrial a que dio lugar en Latinoamerica, la clase obrera nuevamente evidenció su misión nacional al concurrir a los clásicos movimientos populistas de Lázaro Cárdenas, Vargas, Chibás y Perón. En el marco de la específica realidad panameña tenemos, sin embargo, que la tradicional preponderancia económica del sector servicios impidió, en forma significativa, el desarrollo de un proceso de sustitución de importaciones, motivo por el cual la segunda manifestación del populismo, en 1940, no se benefició, como en otros países latinoamericanos, de la confluencia en su proyecto político de una clase obrera en conciliación con una incipiente burguesía industrial. El populismo de Arnulfo Arias padeció, así, de debilidades congénitas. Incluso podemos afirmar que como las organizaciones de masas eran en gran parte patrimonio del Partido Socialista, el populismo de Arias tuvo como primer acto, y primera causa, las medidas institucionales reformistas de 1940-41.

Las características indiscutiblemente racistas de la administración primera del Dr. Arias y cierta fraseología fascista condujo al Frente Popular (Partido Socialista, Comunista, Liberal Renovador, Liberal Doctrinario, Liberal Demócrata) a identificar el populismo panameño con una modalidad criolla del nazismo (igual sucedió con Vargas y Perón). En una versión autocrítica posterior del jefe del socialismo panameño reconoció que la autonomía organizativa y la base popular de su movimiento quedó destruida por las alianzas indispensables para combatir el régimen de Arias. El socialismo, efectivamente, desapareció como partido de masas, cada vez más absorbido por los diferentes “liberalismos” que se sucedían en el poder.

A partir de los años cuarenta hasta 1968 tres factores políticos conforman el cuadro dentro del cual se suceden las luchas sociales y políticas.

I. La oligarquía. A la tradicional burguesía comercial y casateniente hemos de agregar ahora la incipiente burguesía industrial. “En el producto interno bruto, los sectores de la construcción, energía y transporte, pasaron el 37% al 47% del total de 1945 a 1956; el sector servicios se redujo de dos tercios a la mitad del total” (CEPAL). Si en las condiciones del neo-imperialismo es discutible el carácter nacional de la burguesía industrial latinoamericana, en el caso panameño su carácter dependiente y antinacional es indiscutible. La oligarquía, que en Panamá incluye desde 1945 a la incipiente burguesía industrial, logró mantener inalterada su hegemonía política mediante un reformismo prudente y escalonado.

Logró, en efecto, la desaparición del Partido Socialista. Mediatizó o reprimió, según la coyuntura, al Partido Comunista. Hizo otro tanto por lo que respecta a las nuevas organizaciones de la pequeñaburguesía. Cuando el calor de la revolución cubana la juventud universitaria se radicalizó a extremos peligrosos, estimuló la creación de la Universidad Católica, que sobrevive gracias a subvenciones de la empresa privada, sin contar los estimables y públicos aportes que hizo la United Fruit Co. Finalmente, en lo relativo a las relaciones con los Estados Unidos, la oligarquía logró en el Tratado Remón-Eisenhower de 1955 nuevas ventajas económicas, pero al precio oneroso de que se omitiese toda referencia a la soberanía panameña sobre la Zona del Canal.

II. El populismo. Señalamos en párrafos anteriores la congénita debilidad del populismo del Dr. Arnulfo Arias. Esa debilidad se acentúo con el tiempo en la medida en que la incipiente burguesía industrial, que apareció con posterioridad a la experiencia de 1940-41, optó por reforzar los partidos oligárquicos tradicionales, o por crear nuevas organizaciones políticas (Coalición Patriótica Nacional), antes de estimular, en la coyuntura de la guerra fría, un nacionalismo potencialmente peligroso. Grandes sectores de masas continuaron expresándose electoralmente en el populismo pero las banderas nacionalistas de éste se destiñeron con rapidez dando lugar a una demagogia vulgar, análoga a la de un Velasco Ibarra en el Ecuador. La intrascendente administración Arias de 1949-1951 comprueba la anterior aseveración. Cuando los partidos oligárquicos decidieron apoyar, en 1968, la candidatura del Dr. Arias lo hicieron con la convicción –no se equivocaban– de que las características nacional-populares de su movimiento constituían ya un pasado irrecuperable.

III. La pequeñaburguesía. Desde los años iniciales de la segunda guerra un sector de la pequeñaburguesía –las capas medias y el sector asalariado no productivo– se empeñó, al margen del populismo y de los partidos oligárquicos, en crear organizaciones cívicas y políticas autónomas, reivindicativas y nacionalistas. La decidida militancia de la Federación de Estudiantes de Panamá, fundada en 1943, del Magisterio Panameño Unido, fundado en 1944, y del Frente Patriótico de la Juventud, fundado en 1944 y posteriormente convertido en Partido Político, en 1947, condujo, por ejemplo, al Sexto Pleno del Partido Comunista, en 1956, a reconocer la función de vanguardia revolucionaria que objetivamente jugaban “las capas medias radicalizadas”. El papel de estas organizaciones fue decisivo en las reiteradas manifestaciones multitudinarias de 1947, que obligaron a la Asamblea Nacional a rechazar el Convenio que prorrogaba el asiento de base militares norteamericanas en territorio de jurisdicción panameña. Y también fue relevante en todas y cada una de las luchas sociales de finales de los años cincuenta y primeros de la pasada década. El siguiente es un incompleto registro de esas luchas: “La huelga estudiantil de 1958, con su secuela de mártires en las calles de la capital; la lucha por la autonomía municipal (1959); la ‘Marcha de Hambre’ realizada de Colón a Panamá [50 millas] por millares de trabajadores y desocupados en 1959; el enfrentamiento de los estudiantes y el pueblo en noviembre del 59 contra las autoridades y militares de la Zona del Canal […]; el levantamiento armado del ‘Tute’, en Veraguas, en abril de 1959 […]; la huelga bananera de Bocas del Toro y de Chiriquí, en 1960; la lucha por la reforma universitaria que tuvo su expresión más profunda en la huelga de 1962; y la celebración en la ciudad de Santiago de Veraguas del Primer Congreso Nacional Campesino”^{8}. Habría que agregar, entre otras luchas y manifestaciones significativas, la marcha sobre Panamá desde la ciudad de Aguadulee (189 Kms.) realizada por obreros agrícolas de los ingenios azucareros en 1960.

Todas estas luchas conformaron la atmósfera dentro de la cual tuvieron lugar las grandes manifestaciones antiimperialistas de 9-10 y 11 de enero de 1964, con su saldo de 20 muertos y 300 heridos panameños, que abrieron el ciclo histórico en el cual estamos viviendo.

6
Bonapartismo y nacionalismo revolucionario (1968)

“examiné ya este paso de Prusia al bonapartismo,
aunque allí pude dejar sin destacar un punto que aquí es muy esencial,
a saber que este paso fue el avance más grande
hecho por Prusia desde 1848”^{9}
Engels

Entendemos por bonapartismo el poder estatal relativamente autónomo frente a las clases y sus luchas que en determinadas coyunturas históricas orienta el proceso económico arbitrando los conflictos sociales. En la coyuntura de las revoluciones demoburguesas expresa sus peores posibilidades en un equilibrismo demagógico (Luis Bonaparte) y sus mejores virtualidades en un proceso revolucionario anti-feudal y nacional (Bismarck). Vinculado al bonapartismo, y en explícita referencia a Bismarck, se encuentra, precisamente, el período de revoluciones desde arriba que, señala Engels, se abre en Europa durante la segunda mitad del siglo XIX.^{10} En el mundo subdesarrollado, dada la debilidad estructural de las clases dominantes, el Estado tiene por sí mimo un carácter bonapartista que con frecuencia se manifiesta en regímenes populistas, o en regímenes bonapartistas en sentido estricto. Esto abre la posibilidad, en ambos casos, de su transformación en regímenes nacional-revolucionarios que conduzcan a la efectiva socialización de los medios de producción y cambio mediante las movilizaciones populares imprescindibles.

Es preciso destacar, por cierro, que en los estados mayores de los regímenes populistas y bonapartistas alienta, en primera instancia, un afán espontáneo en cuanto a conciliar las clases explotadas y explotadoras. Este diseño conciliador, inspirado en la premisa de que “el primer deber de un gobierno es no caerse”, no elimina las luchas sociales que simplemente se trasladan entonces al seno de la estructura estatal-gubernamental. Sin embargo hay que tomar en consideración que en el caso de los países atrasados el Estado es débil frente al poder extranjero pero relativamente fuerte frente a las clases internas. En la atrasada Alemania del siglo pasado el bonapartismo bismarckiano permitió canalizar las fuerzas productivas hasta que éstas encontraran su adecuada expresión en las relaciones de producción y en la superestructura estatal característicamente burguesas. Esta especial inserción de lo político en lo económico, y al revés, en los países atrasados, explica también, por ejemplo, que la Revolución Mexicana constituya “una forma, inédita en la historia, de revolución política, a saber: una revolución populista”^{11}. A nuestro modo de ver nada estructuralmente impide que, en un caso que nos es más cercano, aquellas peculiaridades abran paso, en el bonapartismo del Perú actual, no ya a una revolución política sino a una auténtica revolución social. Como última digresión permítasenos recordar, a propósito de todas estas observaciones, que muy rápidamente se han olvidado hoy los varios orígenes del Movimiento 26 de Julio, de Cuba, en el populismo Ortodoxo de Eduardo Chibás.

Por lo que a Panamá respecta un régimen bonapartista, el primero de nuestra historia, es exactamente el que surgió en octubre de 1968 cuando la Guardia Nacional, único instituto armado del país, asumió las responsabilidades del poder público. Las causas más inmediatas del suceso las encontramos en las multitudinarias manifestaciones antiimperialistas de enero de 1964.

El carácter popular, espontáneo, masivo y heroico de aquellas manifestaciones, su resonancia internacional, y en especial su potencialidad revolucionaria antioligárquica, condujo a las clases dominantes a iniciar un proceso negociador que revisara los fundamentos contractuales de las relaciones con los Estados Unidos. La oligarquía, con habilidad innegable, permitió en una primera etapa que la protesta antiimperial se canalizara a través de los órganos de comunicación social, todos en su poder. La inanidad teórica de esa protesta, asordinada y manipulada durante tres años (con la excepción de la juventud y algunos profesores universitarios) pareció haber creado las condiciones para que, en una segunda etapa, fuese posible lograr la aprobación de un Proyecto de Tratados que mantenía, jurídicamente disfrazada, la perpetuidad del enclave colonial canalero. El mismo partido, y el mismo equipo gobernante que en 1964, como solución de autoconservación rompió relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, urgía ahora la aprobación parlamentaria del Proyecto de Tratados. Pero, como en 1926, la protesta popular, a la que ahora se añadía la coyuntura electoral, determinaron su rechazo por parte de la Asamblea Nacional.

La potencialidad revolucionaria que implica la reanudación, siempre probable, de decenas de miles de manifestantes contra el enclave colonial se convirtió, pues, a partir de 1964, en factor político omnipresente. En la contienda electoral de 1968 una coalición mayoritaria de partidos oligárquicos, a los que se sumó la fracción pequeñoburguesa “demócrata cristiana”, creyó encontrar en la alianza con el populismo, ya puramente demagógico, la plataforma política que asegurara la paz social y la continuidad del statu quo. Una fracción reformista y minoritaria de la oligarquía, organizada en el liberalismo tradicional, denunciaba impotente aquella vinculación con el populismo como una “alianza contra natura”. El triunfo electoral del Dr. Arias era, ciertamente, inevitable, pero a las contradicciones propias del populismo aquel triunfo agregó, todavía, las nuevas contradicciones que implicaba la alianza con el sector mayoritario de la oligarquía.

Estas fueron las condiciones sociales y políticas que, a nuestro entender, hicieron posible la progresiva autonomía política de la Guardia Nacional frente al poder oligárquico. Lo que anteriormente fue “brazo armado de la oligarquía” sólo podía, ahora, afirmar su poder político en contradicción con el populismo y con los sectores mayoritarios de la oligarquía, a los que acababa de desplazar de la gestión gubernativa. Represión, demagogia y tímidas reformas en el agro y en la administración caracterizaron el primer año de gobierno militar. Frente a las transnacionales, durante este período, se tomó una primera medida para hacer respetar disposiciones del Estado panameño al hacerse efectiva la decisión, no cumplida durante 10 años, de traspasar a la nación alrededor de 180.000 hectáreas, no cultivadas, en poder de la Boston Coconut, Co.

La autonomía política frente al poder oligárquico se vio notablemente acrecida después de sucesivas purgas y ascensos en el seno de la Guardia Nacional. Esa autonomía alcanzó a ser verdaderamente sustancial después del 16 de diciembre de 1969 cuando fracasó un “contragolpe” (”contrarrevolución preventiva”) aplaudido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que ya denunciaba el “comunismo” del General Omar Torrijos. Significativamente, entre los desplazados por el fracaso de la asonada se encontraban elementos que hasta entonces constituían “enlaces” entre la Guardia Nacional y la CIA.

A acrecentar la autonomía aludida contribuyó, por último, el progresivo distanciamiento entre el gobierno y el sector liberal-reformista de la oligarquía, aliado de la primera hora. El gobierno tuvo que enfrentar directamente el “civilismo” de estudiantes, profesionales de la enseñanza media, universitaria, de la medicina, del derecho, &c. En ese enfrentamiento era prácticamente nula la eficacia del reformismo liberal oligarca por su escasa influencia en las masas y en las organizaciones de la pequeñaburguesía. Se desplazó así al aliado ineficaz y aumentó, más todavía, la independencia política del régimen militar frente a la oligarguía.

En una escala que trascendía los límites panameños La rebelión de los generales,^{12} prevista para los militares argentinos desde 1962, a través de diferentes destinos concretaba, sin embargo, en Perú, Bolivia y Panamá. Que la defensa nacional es inseparable de un desarrollo económico independiente había sido una fórmula anunciada con precisión por militares argentinos. El fenómeno fue registrado teóricamente por marxistas ajenos a civilismos beatos y dogmas sacralizados. Desde 1968 aquella tesis constituye piedra angular del nacionalismo revolucionario peruano. En 1969 presenciamos la paradoja de que un Alfredo Ovando Candia, Jefe del Estado Mayor que exterminó la heroica guerrilla de Ernesto Guevara, rescata para la nación boliviana 300 millones de dólares al nacionalizar los inmensos depósitos de gas concedidos a la Gulf. Al fracasar un golpe de Estado derechista, Juan José Torres prolonga, frustráneamente, aunque con mejores credenciales, aquel gesto nacionalista.

En el contexto hispanoamericano esto son los obligados puntos de referencia que explican, como “composición de lugar”, algunas de las características del régimen panameño desde 1970. Dentro de nuestra propia historia la confraternización de la policía nacional con las no tan lejanas manifestaciones inquilinarias de 1932 debían hacer pensar que ningún determinismo social hacía ineluctable que la guardia nacional –-un sector institucionalizado de la pequeñaburguesía– se desplegara siempre como “brazo armado de la oligarquía”.

A 1970 se remonta, efectivamente, la primera pública discrepancia entre el nuevo régimen y la empresa privada. Se trabaja, en aquella oportunidad, de la oposición del “sector privado” a que los seguros contra riesgos profesionales fuesen responsabilidad del Estado y no de las compañías aseguradoras. La polémica pública no dio los resultados apetecidos por la empresa privada. Menos de un año después el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos, en carta pública, amenazó veladamente con la violencia en el campo si continuaban las “demagógicas” medidas tomadas por la Reforma Agraria. En esta misma coyuntura el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias pronuncia un agresivo discurso contra el régimen; no fue publicado a pesar de invitación que se le hizo al respecto. Con posterioridad, el sector privado realizó “forums” semi-clandestinos para “evaluar la situación”, los que reanudó públicamente, cambiando lenguaje y estilo, ante la imposibilidad del secreto. Todavía la víspera del 7º aniversario del nuevo régimen, en octubre de 1975, el sector privado reclama públicamente mayor participación en la política económica del Estado.

Es que la autonomía política frente al poder oligarca crea peligrosas coyunturas. Incluso la simple modernización del Estado al afirmar su presencia en el sector servicios creó resistencias. Sin embargo, en 1972 pasa al sector estatal la “Fuerza y Luz”, compañía norteamericana que desde 1917 explotaba al pueblo; en 1973 se compra una compañía privada de microondas y en 1974 la “Western Union”, con lo cual la red estatal de comunicaciones alcanza a cubrir el ámbito nacional y se extiende a escala internacional. Pero la I.T.T. permanece intocable. Mediante la cooperativización se racionaliza el transporte urbano de pasajeros, lo cual no merma, en absoluto, el poder económico de la oligarquía en los sectores verdaderamente rentables de los transportes y servicios, que son los vinculados al tránsito por el Canal.

Finalmente, una política francamente desnacionalizadora se inicia con el llamado “Centro Financiero Internacional”, promovido internamente por el Ministerio de Planificación y Política Económica. Una medida de la creciente enajenación del país la ofrece, al respecto, el hecho de que los 63 bancos existentes de capital extranjero (hay sólo 7 de capital nacional) “controlaban en septiembre de 1974, [el] 81% de los saldos referentes a préstamos internos”^{13}.

Desde miradores más localmente circunscritos el cambio económico más significativo –el de mayor valencia en el álgebra política– radica en la creación, ex nihilo, de un importante sector estatal productivo. $185 millones se invierten actualmente en ingenios azucareros; la importancia del esfuerzo se mide al considerar que Panamá, directa e indirectamente, deriva del Canal enajenado $200 millones anuales y de aquella inversión se preveen entradas aproximadas a los $300 millones. Una mina de cobre con reservas de 4.000 millones de toneladas métricas, que requiere una inversión de $700 millones, será en el 80% propiedad estatal; se discuten actualmente las condiciones de financiamiento, operación y mercadeo. Una importante empresa extranjera agroindustrial de cítricos, en trance de quiebra, fue adquirida por el Estado a fines de 1974; hoy obtiene excelentes resultados de producción y comercialización en todos los mercados posibles. La “guerra del banano”, que por iniciativa panameña condujo a la creación de la Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB), y al anecdótico pero significativo suicidio del Presidente de la United Brands, ha dado también por resultado la compra de sus activos por parte del Estado y el inicio de la comercialización del banano en los países socialistas. Hoy la oligarquía pugna por adquirir el 30% de las acciones dc la futura empresa estatal frente a la indiferencia, o ignorancia culpable, de la izquierda analfabeta. Este incompleto registro de la acción estatal en el sector productivo debe concluir con la observación de que la Reforma Educativa emprendida por el Gobierno prevee y estimula la incorporación del sistema educativo a la producción. Por otra parte los organismos político-administrativos de base, las Juntas Comunales (505, correspondientes a los corregimientos existentes en toda la República), y las Juntas Locales (se pueden crear todas las que permita la espontaneidad y cultura política de las masas) pueden desplegar las iniciativas económicas viables que deseen.

Sobre las posibilidades políticas que ofrece la expansión del sector estatal queremos concluir con las pertinentes observaciones del economista Xabier Gorostiaga: “el plan sumamente dinámico y agresivo de inversiones públicas del gobierno, que alcanza un conjunto de unos $3750 millones de dólares […] hasta 1980, puede presentar alternativas sumamente importantes de ser estudiadas por la clase obrera […]. La creación de un fuerte sector productivo estatal podría servir para aumentar la competencia en frente del sector privado, para independizar en el tiempo al sector público del financiamiento externo, para crear a una clase obrera dentro de los proyectos “domésticos” y no extranjeros […], para permitir a los obreros la participación en la dirección de estos proyectos que reforzarían así tanto el poder de la clase obrera, como el poder del Estado y de un gobierno al servicio de los intereses de la mayoría”.^{14}

Conclusión y perspectivas (1976)

“La política es el arte de lo posible.”
Marx

La imagen que hemos querido ofrecer de la historia panameña conduce a la conclusión de que la formación de la nacionalidad, durante el siglo pasado, es consecuencia de la práctica y proyectos políticos librecambistas de la burguesía comercial y de la pequeña burguesía. Su empeño consistió en definir sobre el espacio ístmico una entidad estatal-nacional en función del recurso de la posición geográfica. Con el retraso que surge de las condiciones de nuestra historia ese proyecto concretó en la formalidad de la independencia política de 1903.

A escala hispanoamericana la organización estatal-nacional quedó distorsionada e inconclusa en razón de la heterogeneidad, contradicciones y pluriclasismo del poder social liberal-nacional que la promovió. Las reformas liberales sólo precariamente triunfaron sobre las fuerzas económicas y sociales pre-capitalistas y antinacionales. La expansión imperialista inglesa y norteamericana, a finales del siglo XIX y principios del XX, trasmutó irreversiblemente la función nacional o antinacional de las clases en Hispanoamérica. Igual sucedió en Panamá a partir de 1903, y sobre todo a partir de 1925, cuando las clases que antes eran portadoras del proyecto liberal-nacional enfrentan conflictos con clases que no podrían prohijar su ideología ni su concepto de nación. La burguesía comercial y casateniente ve desde entonces en el imperialismo la garantía de su existencia. A partir de ese momento “la oligarquía no tiene nacionalidad”.^{15}

Durante el siglo XIX las clases nacionales en Hispanoamérica no fueron las mismas que en la Europa moderna. La situación difiere todavía más a partir de la expansión imperialista. Estas especificidades hispanoamericanas deben ser claras para la investigación marxista, aunque no para la marxteología.

Populismo y bonapartismo, durante el siglo XX, son fenómenos inseparables del problema nacional y de la peculiar configuración de las clases en Latinoamérica. No puede desconocerse el carácter conciliador de uno y otro. Como tampoco el significado nacional popular del primero, y las posibilidades nacional-revolucionarias de ambos.

En el caso concreto de Panamá a las dos experiencias populistas de la República hay que acreditarles significativas reformas de afirmación nacional. En ambos casos participaron militantemente sectores de la pequeñaburguesía. El último populismo quedó, sin embargo, radicalmente limitado en sus posibilidades como quiera que el considerable retraso en la aparición de una débil industria le impidió acrecentar su base social mediante un proyecto político que conciliara la clase obrera con la incipiente burguesía industrial. Esta situación propició, en cambio, la organización política de núcleos pequeñoburgueses nacionalistas que, al cabo, fueron absorbidos por el Estado y partidos oligárquicos.

La división electoral de la oligarquía en 1968, y la alianza de su sector mayoritario con el populismo, determinó que el régimen militar instaurado ese año sólo pudiera afirmarse en conflicto con las principales organizaciones políticas de la oligarquía. El régimen militar fue adquiriendo así, sobre todo a partir del “contragolpe” de diciembre de 1969, un carácter bonapartista sui generis. Si bien es cierto que los cambios realizados se explican en última instancia por las luchas populares de los años cincuenta y primer lustro de la década pasada, una medida de la autonomía política conquistada por el régimen frente a la sociedad global, y en especial frente a la oligarquía, la da el hecho de que, en lo inmediato, todas sus medidas progresistas han sido anteriores a cualquier iniciativa popular surgida “desde abajo”, en tanto que la más importante medida reaccionaria, el “chiricanazo” (destitución de un gobernador de izquierda y su equipo en la provincia de Chiriquí), fue posterior, y consecuencia, de manifestaciones derechistas contrarrevolucionarias.^{16} Es de notar que la izquierda, la del apoyo acrítico, no ha aprendido la lección y nunca ha intentado movilizaciones con objetivos definidamente anti-oligárquicos.

*

Un estudioso brasileño señalaba, en enero de 1974, que las estructuras políticas del actual régimen panameño, ofrecen características que conducen a la desmovilización popular.^{17} Esa afirmación no es ya totalmente válida. Hoy es legítimo esperar una promoción de las organizaciones de base, después del viaje del General Torrijos a Cuba, y en especial a partir de la nueva orientación que se imprime a la Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad (DIGEDECOM). Esta agencia del Estado podría tener funciones y efectos análogos a los del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) del Perú. Se realizaría así, se conozca o no, el señalamiento de Engels: “la 'revolución desde arriba' […] no debe ser anulada sino completada mediante un 'movimiento desde abajo'”^{18}.

En la actual etapa es todavía difícil precisar las posibilidades nacional-revolucionarias del actual régimen. Este se ha privado a sí mismo de mayor apoyo popular organizado al no cumplir su promesa de crear, a escala nacional, el sindicato único de trabajadores. Como tampoco ha cumplido la promesa de crear un “Banco Obrero”. Es cierto que el crecimiento impresionante del sector estatal ofrece, como vimos, promesas exaltantes. Pero desde el punto de vista político, actualmente, todos los avances son reversibles. Frente a la izquierda organizada el régimen ha adquirido mayor independencia al dividir el ya débil Partido Comunista. Esto debe preocupar, tanto más cuanto que el sector fraccionado enfrenta el peligro cierto de una progresiva desideologización. Esta sólo podría ser compensada, parcialmente, por la también cierta politización nacional revolucionaria de algunos oficiales de la Guardia Nacional.

Para concluir queremos señalar la posibilidad real de un embocadura colonialfascista. Como era de esperar, la relativa autonomía política frente a la oligarquía ha permitido al régimen una política internacional más agresiva e independiente, sobre todo en lo relativo al enclave colonial de la Zona del Canal. En estas circunstancias el colonialfascismo, disfrazado de civilismo democrático, es la solución ideal para el imperialismo.

En diversa medida todos los panameños seremos responsables si son las peores posibilidades las que se realizan. Estamos persuadidos que, en la actual coyuntura, son las condiciones subjetivas, de organización y conciencia, las que mayormente obstaculizan la afirmación irreversible de un régimen nacional revolucionario. Hoy, sólo la derecha apoya críticamente al régimen, desde sus perspectivas y posiciones de clase.

El apoyo acrítico de cierta izquierda, dijimos, desmoviliza y distorsiona la perspectiva correcta. Hay también una oposición acrítica de izquierda, inspirada en un internacionalismo proletario abstracto, que pretende actuar como si no tuviese significación alguna la creación del sector estatal productivo ni los embriones de poder popular –Juntas Comunales y Juntas Locales–. Tendencias de este tipo, años antes, se inspiraron en una interpretación ultraizquierdista de la táctica política –”la guerrilla es el partido in nuce”, Régis Debray–, o de la historia toda de América Latina –Lumpeburguesía = Lumpendesarrollo = Lumpennaciones, Gunder Frank–. Pero el ultraizquierdismo, de ayer y de hoy, adolece de la misma enfermedad, infantil o no: el desconocimiento de la realidad histórica y social de nuestros pueblos. Por eso se cree crítico. Y no lo es.

Las reflexiones sobre la historia panameña que precede quisieran, honestamente, contribuir a transformar el presente mediante la realización de las mejores posibilidades que surgen de la materia histórica del pasado. Continuamos así un debate que, esperamos, no cierre la violencia irracional de una reacción triunfante.

Panamá, octubre 1975 - enero 1976.

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——

{1} Para una discusión más amplia sobre el tema Cf. nuestro trabajo Clase y nación en Hispanoamérica. Siglo XIX. Ediciones de la Revista Tareas, Panamá, 1975.

{2} Seville et l'Atlantique, Paris, S.E.V.P.E.N., 1955.

{3} La obra de Arosemena a que aludimos, de 1864, ha sido recientemente reeditada: Estudio sobre la idea de una Liga Americana. Ediciones de la Revista “Tareas” –Edición del Ministerio de Relaciones Exteriores. Panamá, 1974. Véase también, al respecto; Nils Castro: Justo Arosemena: Antiyanqui y latinoamericanista. Ediciones de la Revista “Tareas” – Edición del Ministerio de Gobierno y Justicia. Panamá, 1974.

{4} Desde finales del siglo XIX es significativo observar el predominio de apellidos franceses –efecto del fallido intento de construir el Canal de Lesseps– y sajones –presencia norteamericana– en la razón social de las principales casas comerciales de las ciudades terminales de Panamá y Colón. Cf. al respecto la crónica de Domingo S. de la Rosa: Recuerdos de la Guerra, 1899 a 1902, Cauca y Panamá. Imprenta del Departamento de Barranquilla, s/f [1940], p. 3-4.

{5} Cf. Simeón Emilio González H.: “Panamá: Dependencia económica y desarrollo político”. En Tareas, nº 32, Panamá, julio-agosto 1975.

{6} Demetrio A. Porras: Veinte años de luchas y experiencias, Editorial Americalee, Buenos Aires, 1947, p. 36.

{7} La definición que proponemos es menos extensa, y por ello tiene una mayor connotación, que la ofrecida por Fernando Mires: “entendemos por populismo la manifestación de un retardo ideológico-político de masas en movimiento, pero sin dirección real o con una dirección extraña a sus intereses históricos, aun si ella coincide con sus reivindicaciones inmediatas” (”Bréve histoire du populisme”: Les Temps Modernes, nº 323, juin 1973, p. 1929). Excesivamente extensa nos parece también la definición que se desprende de la caracterización hecha por Octavio Ianni en su obra La formación del Estado populista en América Latina (Serie popular Era, 30; México, 1975). El cardenismo presenta un caso excepcional de institucionalización partidaria y estatal del populismo. Esta especificidad es producto de las características de la Revolución Mexicana de 1910-1917. Cf. al respecto: Arnaldo Córdova: La formación del poder político en México. Serie popular Era, tercera edición, México, 1974, p. 32 y nota 60 de la p. 93.

{8} Rubén Darío Souza; César A. de León; Hugo A. Víctor; Carlos F. Changmarín: Panamá, 1903-1970, Santiago de Chile, 1970, p. 106-107.

{9} Prefacio de F. Engels, de 1874, a La guerra campesina en Alemania. Véase: Carlos Marx; Federico Engels: Obras escogidas en dos tomos. Tomo 1, Editorial Progreso, Moscú, 1966, p. 637 Subrayado de Engels.

{10} Cf. Introducción de Engels, de 1895, a Las Luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. En Carlos Marx; Federico Engels; Op. cit p. 112.

{11} Arnaldo Córdova: La formación del poder político en México. Op. cit., p. 32.

{12} Título de una conocida obra de Rogelio García Lupo (3ª ed., Jamcana, Buenos Aires, 1963). Antecedentes que hacían pensar en la posibilidad de un nacionalismo militar argentino, y no en el posterior gorilismo, lo constituían los cuadros del ejército vinculados a la izquierda del populismo irigoyenista. En especial hay que recordar al Coronel Luis E. Vicat, teórico, en 1925, de la “defensa nacional industrial” argentina, y al General Enrique Mosconi, organizador de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, y propugnador de un industrialismo castrense y nacionalista.

{13} Juan A. Jované: El centro financiero internacional de Panamá o el mito de la prosperidad. Ponencia multigrafiada presentada al “II Congreso Nacional de Sociología” celebrado en Panamá durante el 19 y 20 de diciembre de 1975.

{14} “La Zona del Canal y su impacto en el movimiento obrero panameño”. En Tareas, nº 32, Panamá, julio-agosto 1975, pág. 43.

{15} Expresión del General Omar Torrijos Herrera.

{16} David, la capital de Chiriquí, es una típica ciudad provinciana, fuertemente regionalista y conservadora, donde una oligarquía elemental y soberbia, con pretensiones “federalistas”, resiste con obstinación los cambios. Un índice de la explotación del campesinado en Chiriquí lo da el hecho de que el 45% de los agricultores chiricanos, que constituyen el 25% del total de la población activa de la provincia, sólo son propietarios del 3% de la superficie cultivada. Últimamente esa oligarquía provinciana se ha anotado otro éxito al lograr significativa participación en el importante ingenio estatal que se construye en la región. Fue, sin embargo, en esta capital rural donde la izquierda acrítica realizó un Magno Congreso Nacional de la juventud…, pro celebración del Congreso Internacional de la juventud… ¡en Berlín! Estos hechos constituyeron antecedentes inmediatos del “chiricanazo”.

{17} Herbert Sousa: Notas acerca de la situación socio-política de Panamá. Multigrafiado. Panamá, enero de 1974. (Aparecerá publicado en el nº 35 de la Revista Tareas).

{18} Citado por V. I. Lenin: El Estado y la Revolución. En Obras Completas, tomo XXVII, 2ª ed., Editorial Cartago, Buenos Aires, 1970, p. 81.

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