Recibimos el manifiesto que sigue:
«Se ha producido en la política española un escándalo ante el cual la República ha demostrado su eficacia. En tiempo de la monarquía, escándalos semejantes se ahogaban, no llegaban a tener oficialmente estado público y hacían las delicias de los que hablan al oído.
Hoy no ha sucedido así. Los órganos del Estado se han hecho cargo del asunto, han funcionado normalmente. Las Cortes, con serenidad y diligencia, han pasado el tanto de culpa a los Tribunales y han sancionado las faltas de moral pública en el desempeño de los cargos políticos.
Ningún español, aunque no sea republicano, si siente de verdad la ciudadanía, podrá dejar de reconocer estas virtudes republicanas. Pero basándose precisamente en ellas hay que reconocer también que la moral pública no ha quedado satisfecha. El escándalo ha alcanzado a políticos de uno de los dos partidos que forman fundamentalmente el bloque gubernamental. Este partido sufre las consecuencias.
Y lo que el más elemental sentido de moral pública no puede admitir es que el otro partido dirigente, tolerante y valedor del anterior por interés político, se beneficie de una acción que él no ha iniciado, sino que se ha visto obligado a secundar, y se erija ahora en juez para determinarla según sus conveniencias e incluso elija, atendiendo a sus intereses políticos, hasta el nombre de los culpables.
Miguel de Unamuno
Pío Baroja
Roberto Castrovido
Antonio Machado
Juan Ramón Jiménez
Américo Castro
M. Ciges Aparicio
Gonzalo R. Lafora
E. Oliver Pascual
M. Sánchez Arcas
José F. Montesinos
José Bergamín
Corpus Barga.»
