Modesto Fernández González

Más industriales y menos doctores

«Es preciso distraer el exceso de jóvenes que acude a las Universidades tras de un título que los habilite para pretender un empleo, o para penetrar en el agitado campo de la política, y atraerlos hacia las profesiones que inmediatamente redundan en provecho de la producción material. Este cambio producirá grandes bienes a la riqueza y a la tranquilidad de la Nación. No se trata de proscribir los estudios clásicos, sino de equilibrarlos con los modernos. Parece conveniente aumentar la disciplina académica, el rigor de los ejercicios y dar mayor unidad y enlace a las asignaturas.» (Vicuña, Discurso de apertura de la Universidad de Madrid, 1.º de Octubre de 1876.)

I

La prensa política, que vive y se desarrolla y se agiganta en la controversia parlamentaria, ora atacando sin piedad o defendiendo con tesón a los partidos y a los gobiernos, acaba de dar punto de reposo a sus cotidianos trabajos para recoger en sus columnas el pensamiento iniciado por La Ilustración Española y Americana, relativo a la afluencia de escolares que asiste y se educa, de buen o mal grado, en las Universidades españolas.

El afán de titularse académicamente y el deseo de ostentar insignias doctorales ha llegado al último límite en nuestro país. Lo prueba la estadística universitaria, y lo evidencia el escaso numero de alumnos con que cuentan las escuelas especiales.

Si hasta el presente pudo conllevarse la situación, porque los licenciados en Derecho y en Medicina tenían delante de sí las oposiciones, los registros, las asesorías, el arreglo de partidos médicos y la Sanidad del Ejército y Armada, en lo venidero las dificultades aumentarán progresivamente, llevando a las familias y a los poderes públicos el triste resultado del tiempo perdido y de los gastos improductivos.

Todavía es tiempo de pensar, de discutir y de resolver. Los que dirigen la opinión pública por medio de la prensa; los que la representan en la tribuna, y los que gobiernan a la Nación, por el propio derecho y por los merecimientos, examinarán de seguro ese problema, que puede ser grave en el día de mañana, y que es ya difícil en los tiempos que corremos.

Digamos todos nuestra manera de pensar, como patrióticamente lo han dicho los periódicos políticos, desde El Imparcial hasta La Época, desde El Tiempo hasta La España, y habremos cumplido con nuestro deber, y habremos hecho uso de nuestro derecho.

II

Los numerosos lectores de La Ilustración Española y Americana saben ya que llegan a 9.768 los alumnos matriculados en las facultades de Derecho y Medicina, durante el presente año escolar, cuya cifra puede y debe descomponerse en estas dos:

Carrera de Leyes4.744
Carrera de Medicina5.024

Pues bien; dada la abundancia de abogados y médicos que ofrece esta bendita tierra de España, ¿es conveniente para el país y para las familias la reserva togada que va a salir anualmente de nuestras Universidades?

Si el número de Licenciados y Doctores correspondiese al cálculo de las vacantes, el mal, aunque de tristísimos resultados, continuaría siendo el mismo; pero como los suplentes son en mayor número que las bajas profesionales, resultará un excedente más considerable que el por todos sentido y deplorado en la época actual.

¿Qué hacer ante esta dificultad que se avecina a pasos agigantados? ¿Cómo sobreponerse a las aficiones académicas de la juventud contemporánea? ¿De qué manera y por qué medio podría contrariarse el propósito de los jefes de familia, sin lesionar por eso el principio de libertad, que acepta y proclama a grito herido el espíritu moderno?

Veámoslo.

Y cuenta que no hemos de entrar en la tan debatida cuestión de si el Estado debe o no enseñar, de si debe o no sostener y subvencionar establecimientos docentes, ni si la educación oficial debe o no ser enteramente gratuita. Nosotros aceptamos la misión protectora del Estado, en cuanto el individuo no puede cumplir por sí el fin social.

En España el espíritu de asociación se halla en la infancia. Nuestro progreso, nuestra actividad, hasta nuestra iniciativa la ha regalado el Estado, porque la acción individual era impotente para realizar todos los beneficios de la colectividad.

Así es que el presupuesto general mantiene el claustro universitario; el provincial, el profesorado de segunda enseñanza, y el municipal, el magisterio de instrucción primaria, siendo muy contadas las escuelas, los Institutos y las Universidades que ha creado, amparado y desarrollado la voluntad de los poderosos o los humildes desembolsos de los amantes de la educación popular.

Veamos, pues, si dentro de la legislación vigente, que admite y reconoce la competencia del Estado para adoctrinar a la juventud, y lejos de oponerse, favorece la iniciativa individual en cuanto se relaciona con la creación de establecimientos de enseñanza; veamos si existe algún medio bastante eficaz que desvanezca ilusiones académicas, acalle escrúpulos universitarios y restituya a los estudios profesionales el esplendor de pasados tiempos.

III

En nuestro humilde sentir existen dos medios, dos sistemas, dos procedimientos; el uno de fácil realización y de inmediatos resultados; el otro más largo en sus detalles y de mayor alcance en lo venidero.

Vamos por partes.

Todos sabemos que la afluencia de escolares a las Universidades reconoce dos causas: la primera, baratura de la matrícula, que es inferior en mucho a la de la enseñanza particular, y la segunda, facilidad de ganar cursos académicos y obtener títulos universitarios sin grandes quebraderos de cabeza.

No hay más que fijarse en los honorarios que desembolsa un alumno en la preparación para carreras especiales, y la suma que importan las matrículas satisfechas hasta el momento de titularse licenciado o doctor en Facultad, y se verá que ascienden los desembolsos del primero a mayor suma que los gastos del segundo.

Pues bien, aumentando la matricula se dificulta indirectamente el ingreso de escolares. Hasta qué limite fuera conveniente hacerlo, lo sabe mejor que nosotros el poder público. Pero el hecho evidente es que, siendo, como debe ser, la enseñanza en España, económicamente hablando, un origen de renta, que se traduce en guarismos en el Presupuesto de Ingresos, el Estado tiene el derecho de fijar la cuota que debe satisfacer aquel que necesite, utilice y reciba el servicio solicitado. Se dirá, ¿y los pobres, qué va a ser de ellos? Los pobres, que son, por punto general, y en mi carrera lo eran, los mejores escolares, porque el ingenio y la memoria y el entendimiento se aguzan con la carencia de metales preciosos, para ésos debe el Estado conceder becas de gracia, que se ganarían en público certamen. La quinta parte de las matrículas existentes habrían de ser enteramente gratuitas, es decir, que de cada 100 alumnos 20 seguirían su carrera sin satisfacer derechos de matrícula ni de grados, galardón obtenido por el solo concurso de su talento, de su trabajo y de su honrada pobreza.

La gente adinerada, aquella que paga el impuesto, pero que no se fija en la extensión ni en la medida ni en el alcance del mismo, continuaría matriculándose y obteniendo, con más o menos fatigas escolares, las censuras académicas, hasta llegar a ser lo que son la mayoría de nuestros conciudadanos, abogados y médicos.

La gente pobre o de pobreza relativa, aquella que busca en la profesión un medio honroso de vivir, y en el cultivo de la ciencia la noble aspiración de saber o de enseñar, obtendría del Estado, por merecimientos propios y sin ajenas protecciones, la dispensa de los derechos fiscales y la donación de libros o instrumentos estimables que exige la enseñanza, si ésta ha de seguirse con aprovechamiento.

Tendríamos, pues, que cuatro partes de los alumnos seguirían sus carreras a costa suya o de sus familias, y una quinta, quizás la más granada, la más sufrida y la menos bulliciosa, debería a la Nación su presente y su porvenir. ¡Cuántos no ilustrarían, andando el tiempo, su nombre y el de su patria en Ateneos y Hospitales, en Academias y Museos, en Institutos y Universidades, en el Gobierno y en la Administración, en la Tribuna y en la Prensa!

Pero si este sistema, si este procedimiento, si este medio se considera infeliz recurso del humano criterio, todavía encuentra otro la fecunda, aunque desgraciada inventiva española.

Dos calificaciones se conocen en nuestras Universidades para obtener el grado de Licenciado o Doctor, y son aprobado y sobresaliente. Bajo el punto de vista legal no existe diferencia alguna entre el aprobado y el sobresaliente. Uno y otro, sin distinción, pueden acusar, defender, dirimir y recetar con permiso de la ley.

Parécele al autor de estas líneas que para algo, y aun para algos, se ha establecido esa clasificación.

El meramente aprobado supone que reúne ciertos conocimientos generales, que posee cierta suficiencia para que con mayores estudios y más aplicación pueda considerársele perito en su respectiva facultad.

El sobresaliente, lo indica la misma palabra, es el alumno aventajado entre los demás, que domina con la posible perfección, dada su corta edad y el orden de los conocimientos, las materias y las asignaturas propias de la carrera.

¿Por qué la ley no autoriza taxativamente al licenciado o doctor sobresaliente para ejercer la facultad en las ciudades y en las aldeas, con exclusión de los aprobados? ¿Por qué a éstos no se les deja las oposiciones, los destinos públicos, y hasta la satisfacción de llamarse abogados y médicos?

No es cosa baladí la curación de las dolencias corporales y la defensa de la honra y de la vida para dejarla a merced de gente imperita y advenediza. Cuantas garantías se exijan, mejor. El Estado debe buscar en la suficiencia el mejor título para el ejercicio de una facultad. ¿Y cuál es la mejor prueba? En los momentos actuales, la mejor prueba es la calificación de sobresaliente, que se prodiga menos y que aun se estima algo en la sociedad en que vivimos.

Por lo demás, no debiera existir más que una sola calificación, y es la de aptitud reconocida.

Pero para ello necesitaríase un sistema de exámenes rigoroso y severo, sin contemplaciones escolares y sin perezas magistrales; mas no un examen o grado como al que estas líneas escribe le obligaron a hacer en la Universidad de Madrid, de escasos momentos y de más escasas observaciones. ¿Puede esto seguir así? Lo declaro con dolor, la enseñanza universitaria, por la profusión de alumnos, no responde a lo que debiera ser ni a los sacrificios que se impone el Estado.

Es necesario examinar y graduar, no en minutos, sino en horas, y quizás en días, porque entraña gravedad suma el declarar apto para el ejercicio de la Medicina a un escolar de mucha palabra y de poca instrucción, y tenor por perito en Derecho a quien no lo haya saludado más que en los casinos de las ciudades populosas.

Ante todo, y sobre todo, debe exigirse al aspirante un examen verdadero, con tranquilidad y sin presión de tiempo. Y el examen no ha de consistir en preguntas sueltas, calificadas de sorpresa entre escolares desaprovechados, sino en el desenvolvimiento de tesis que abran ancho campo al método y a la inteligencia del escolar.

Toda otra prueba, como se hace al presente y se hizo en pasados tiempos, es ocasionada a error y a perdurables remordimientos para los juzgadores y para los alumnos.

Creemos que con exámenes rigorosos, y declarando sólo aptos para el ejercicio de la profesión a los licenciados y doctores con la calificación de sobresaliente, se limitaría por sí misma y sin ajeno impulso la afición a ser letrados más o menos iletrados, y médicos más o menos facultativos.

Resumiendo estas humildísimas observaciones, pueden establecerse o seguirse dos métodos distintos; el primero, aumentando la cuota de matrícula, pero concediendo a los pobres un número respetable de becas de gracia, y segundo, declarando exclusivamente aptos para el ejercicio de las profesiones a los calificados en sus respectivos grados académicos de sobresalientes, cuya circunstancia constase, como consta, en los títulos universitarios.

IV

¿Qué inconvenientes podrían seguirse de la adopción de esas medidas, medidas que deberían ser únicamente aplicables a los que en lo venidero emprendiesen sus respectivas carreras universitarias, es decir, respetando como deben y como merecen respetarse los derechos adquiridos al amparo de las leyes?

A nuestro juicio, las ventajas serían superiores a los inconvenientes, porque los escolares faltos de fortuna, aunque ricos de entendimiento, se sentirían estimulados con la protección del Gobierno, y los licenciados y doctores sobresalientes gozarían de un privilegio que la calificación, si no lleva, debe llevar consigo.

De todas suertes el mal aumenta de día en día, y aumentará más con la paz que felizmente disfrutamos. Los mismos profesores de las Universidades se lamentan de la concurrencia de alumnos que priva a las artes, al Comercio, a la Industria y a los oficios de aptitudes e inteligencias especiales. El Sr. Vicuña, joven y ya doctísimo maestro de la Universidad Central, lo dijo y se condolía en la apertura del curso académico de 1876 a 1877.

Varios son los remedios que pueden y deben aplicarse. Ensáyese alguno, aunque no sean los propuestos por nosotros, y es posible, y aun probable, que con el tiempo, libres ya de preocupaciones, agradezcan las familias este aviso amistoso del más modesto de los escritores.

Modesto Fernández y González