Editorial

Más sobre
la redistribución de la renta

Señaló Punta Europa en su editorial del pasado mes de marzo, recogiendo una idea que está en la mente de todos los españoles, que ha llegado el momento de plantear seriamente en nuestra Patria el problema, difícilmente aplazable, de la redistribución de la renta nacional. Dijimos entonces que tal exigencia, que requiere el estudio profundo y al mismo tiempo responsable de nuestros complejos fenómenos económicos, se basa no sólo en imperativos de estricta justicia, sino también en la conveniencia de que en una economía como la nacional, en proceso de industrialización, existan, a no muy largo plazo, grandes núcleos activos de consumidores cuya renta alcance un nivel suficiente.

Desde entonces tres importantes acontecimientos nos invitan, por sugerentes, a ocuparnos nuevamente del tema. Son éstos unas declaraciones, las hechas por el Ministro de Comercio en Barcelona, ya en prensa este número, y la reciente publicación de dos importantes libros: «Inversiones y desarrollo económico de España» de Higinio París y «Exposición preliminar de un estudio español de desarrollo económico» patrocinada por el Instituto de Cultura Hispánica.

Las primeras aluden directamente a la redistribución de la renta nacional; los segundos son de esos estudios serios y profundos, a que antes aludíamos, tan necesarios para una visión del futuro de nuestra economía.

Claramente ha afirmado el Ministro de Comercio, insistiendo en lo que ya muchas veces ha proclamado el Jefe de Estado, que el objetivo económico que el Gobierno persigue no es sólo [6] elevar la renta nacional para que, incrementándose tanto la producción como el consumo, ascienda el nivel de vida, sino también asegurar, con las medidas precisas, la mejor distribución de aquélla.

Son dos, por tanto, los problemas que, en trance de solución, tiene planteados nuestra economía en la coyuntura presente.

Es el primero mantener y vigorizar por cuantos medios sean utilizables nuestro actual desarrollo económico y por ende acrecentar el producto nacional. A su planteamiento objetivo tienden los dos estudios mencionados.

En el segundo de ellos se afirma que si trazamos la línea de tendencia del crecimiento acumulativo de la producción española total y por habitante, correspondiente al período 1906-1936 prolongándola hasta 1955, se pone de manifiesto la fuerte capacidad de nuestra economía para crecer. Después de la depresión económica provocada por nuestra guerra, por la segunda contienda mundial y por el quinquenio de aislamiento de la postguerra, se sobrepasó, ya en 1955, la línea de tendencia del crecimiento secular, lográndose niveles de producción total y por habitante, ligeramente más elevados que los que se hubieran alcanzado de no haber tenido lugar tan hondas perturbaciones en el desenvolvimiento histórico de la economía española.

Con las reservas lógicas, se añade en dicho estudio, puede afirmarse que ello ha sido posible gracias a tasas de incremento de la producción verdaderamente importantes, lo cual hace prever que, de poder mantenerse el ritmo de desarrollo alcanzado en los últimos años, nuestro pueblo alcanzaría, en un plazo no demasiado largo, un nivel de bienestar más cercano al existente en los países progresivos de la Europa occidental.

Ahora bien, para sostener y superar ese ritmo de desarrollo es preciso tratar de intensificar las inversiones. Si se acepta que el promedio de inversión neta en España, durante el período 1943-54, ha sido de un 13 por ciento de la renta nacional y que el de inversión bruta –inversión neta más renovaciones– ha alcanzado un 17 por ciento hemos de concluir que ésta es aún insuficiente si la comparamos con la de otros países.

He aquí por qué en nuestro pasado editorial propugnábamos [7] una política que favoreciese la renovación y modernización de las instalaciones industriales, que discriminase favorablemente la renta ahorrada, y por tanto invertida, y que fomentase las aportaciones extranjeras.

La cuestión de la renovación y modernización de las instalaciones industriales entra de lleno en la política de autofinanciamiento de las empresas, hoy tan en boga en todo el mundo. Es este caso uno más de los que demuestran que la sociedad anónima ha dejado de ser, en el campo industrial, la libre expresión de la voluntad de sus accionistas. Por esto ha podido decir muy exactamente Henry Laufenburger, que en la medida en que las sociedades de capitales están hoy en día situadas en una posición intermedia entre el individualismo y el colectivismo, se puede hablar, en el caso del autofinanciamiento, de «ahorro forzoso corporativo o colectivo». Y por eso se explica que Francia, Alemania, Inglaterra, Italia e incluso la U.R.S.S., aunque ésta de forma diversa, favorezcan con exenciones o reducciones fiscales este específico sistema de inversiones.

El principio de la discriminación impositiva en favor de la renta ahorrada e invertida hace ya mucho tiempo que lo defiende la doctrina económica. Por tanto las dificultades para su aplicación radican, más que en el orden teórico, en el de la técnica fiscal, no obstante lo cual Alemania y Francia han hecho intentos estimables en este sentido.

Y en cuanto a las aportaciones económicas extranjeras no podemos olvidar que casi todos los países hoy más desarrollados que España han contado con una u otra forma de colaboración extraña para la puesta en marcha de su desenvolvimiento.

Pero, al mismo tiempo que se fomentan los procesos de inversión y se procura el incremento de la productividad, y más aún para que esto último se logre, es preciso, como ha dicho el Ministro de Comercio, centrar sobre el principio de redistribución los planes futuros de política económica. Por ello, muy acertadamente apunta el estudio del Instituto de Cultura Hispánica que «la elevación de la tasa de inversiones no puede tener lugar más que de una forma progresiva. La detracción brusca de una gran masa de recursos del producto nacional incidiría sobre [8] el consumo y rebajaría temporalmente el nivel de vida». Y una reducción del consumo de tal tipo, como la ha practicado la Unión Soviética, durante sus planes quinquenales, es absolutamente inadmisible desde el punto de vista social.

Pero con esto no basta para conseguir la redistribución deseada. Es preciso además que paralelamente al desarrollo económico progresivo se reglamente el crédito a las empresas medias; se planee, como se está haciendo, la instalación de plantas industriales en las zonas agrarias; se restrinjan monopolios; se fomente el principio de la competencia; se facilite el acceso a la propiedad de los menos dotados; y se sienten, meditada pero firmemente, las bases para una futura imposición personal de carácter general, concediendo más importancia a las contribuciones estructuradas sobre elementos reales, ajustándolas al verdadero valor de los bienes sobre los que recaen y restringiendo los beneficios excesivos distribuidos. Todo esto completado por una serena revisión de la imposición sobre el consumo, reduciéndola a su verdadero carácter de gravamen coyuntural y eliminando de la misma, en lo que subsista, su marcado carácter regresivo aplicando, en lo posible, los criterios de personalización fundamentados en el empleo diferencial de la renta que tanto éxito han tenido en otros países.