Capítulo VI
Administración y gobierno
De 1795 a 1798

Habiendo examinado antes los actos de administración del gobierno de Carlos IV en los primeros años de su reinado, ya en el período que aquél estuvo confiado a los antiguos y expertos ministros de Carlos III, ya después de haber sido éstos reemplazados por el joven don Manuel Godoy, en las providencias y medidas concernientes a los intereses materiales y morales del reino, proseguiremos esta reseña administrativa del gobierno del príncipe de la Paz desde la época en que la suspendimos hasta que hizo dimisión de la primera secretaría del Despacho.

Tampoco en esta, como en la anterior reseña, hallaremos un plan coherente de administración, subordinado a un pensamiento dominante y a un orden sistemático. Adviértese no obstante, así en lo económico como en lo político, y más en lo intelectual, cierta tendencia y espíritu que revela el que animaba al hombre en cuyas manos estaba el timón de la monarquía.

Los gastos extraordinarios que seguía ocasionando la guerra, y el deseo constante de Carlos IV de evitar nuevos recargos e imposiciones a los pueblos, así como el de dar mayor estimación y aprecio a los vales reales, produjeron también la continuación del sistema de empréstitos que en los años anteriores se había adoptado. El de 240.000.000 de reales mandado abrir por real cédula de 13 de agosto de 1795 no se había realizado sino en la mitad; con cuyo motivo se expidió nueva cédula (7 de julio, 1796), creando acciones de 10.000 reales cada una, hasta levantar los 120.000.000 restantes, aplicándose al fondo de amortización para la extinción de vales reales, y prescribiendo para su entrega, reintegro y pago de intereses las mismas condiciones y medidas que para el anterior. Bajo las propias reglas se abrió en 1797 (15 de julio) otro préstamo de 100.000.000, si bien éste se distribuyó en veinte y cinco mil acciones de a 4.000 reales para interesar hasta a las pequeñas fortunas, devengando un interés de 5 por 100 anual, y concediendo además a los accionistas por una vez el premio de 3 por 100 de todo el capital, e hipotecando a su garantía la venta del papel sellado. La concurrencia de accionistas para llenar este empréstito fue tal, que algunos meses más adelante (29 de noviembre, 1797) se amplió a otros sesenta millones, debiendo dar principio la extinción de estas quince mil acciones en julio de 1820, que era el año inmediato al en que finalizaba la de las anteriores veinte y cinco mil.

Era no obstante muy difícil resolver el problema de cubrir el déficit anual de las rentas públicas, los gastos de la corona que en pocos años habían acrecido en más de cien millones los intereses de los nuevos vales que importaban sesenta y cuatro millones de pesos, y corrían con la considerable pérdida de 20 por 100, y por último atender a las necesidades de una guerra, con arbitrios y recursos proporcionados, conciliando el que no fuesen gravosos a las clases industriales y productoras. Los medios que para lograr en lo posible este propósito se habían ido arbitrando, los dejamos ya indicados en otro lugar^{1}. Los que en el período que examinamos ahora se siguieron discurriendo, están contenidos en las dos Memorias que sucesivamente presentaron al rey los dos ministros de Hacienda don Diego Gardoqui y don Pedro Varela.

Propúsole el primero (12 de octubre, 1796) un aumento en el derecho de la alcabala, en las ventas y reventas de los géneros y efectos extranjeros, subiéndole al 14 por 100 prescrito en las antiguas leyes de millones, en lugar del 10 que se exigía: –en los tres reinos de la antigua corona de Aragón, donde no se hallaba establecida la alcabala, un aumento proporcional en la contribución llamada equivalente, de tres millones en Aragón, seis en Valencia, y nueve en Cataluña; debiendo contribuir al repartimiento los bienes patrimoniales y decimales, y las fincas de los eclesiásticos, impetrándose para ello breve pontificio, no recargando en Cataluña la contribución personal, por recaer en las clases más pobres del pueblo: –en las provincias de Castilla y León el recargo por un año de los artículos de consumo en las capitales y grandes poblaciones, eximiendo de él los pueblos de corto vecindario, y la igualación de la alcabala en las provincias de Andalucía y Castilla: –la supresión o revocación de toda especie de privilegios y exenciones en el pago de diezmos y tributos; y como esta medida afectaba principalmente al clero y a las clases opulentas, para no hacerla tan odiosa a aquél se le dejaba la renta del excusado, que era de difícil y costosa recaudación: –el restablecimiento de un recargo sobre la sal: –el auxilio que podrían prestar al gobierno, como en otras ocasiones, el Banco y los Cinco gremios mayores: –la venta de los bienes de las fundaciones y obras pías de peregrinos, y otras semejantes.– Tales fueron los arbitrios que don Diego Gardoqui propuso al rey para atender a todas las obligaciones.

Medio año más adelante (22 de marzo, 1797), el ministro que le sucedió en el departamento de Hacienda, después de presentar a S. M. un cuadro luminoso, en que le trazaba la historia rentística de los últimos años, el déficit ascendente del tesoro, la creación sucesiva de los vales, los recursos empleados para cubrir aquél y autorizar éstos, el resultado de todo, y la proporción en que en la actualidad se hallaban los gastos y los ingresos, así como las dificultades que se ofrecían para la imposición de ciertos arbitrios, procedía a proponerle los que él conceptuaba más equitativos y más realizables, como menos gravosos a los vasallos pobres, y eran los siguientes:

Hacer extensiva a los militares y a los eclesiásticos la obligación que ya se había impuesto a los empleados políticos y civiles, de pagar la renta de medio año del destino que se les confería, exigiéndose igualmente a los que solo obtenían los honores de un empleo la media anualidad de lo que aquél valdría si fuese efectivo: –un derecho sobre los títulos firmados de real estampilla, proponiendo que en adelante todos los que se despacharan llevasen este requisito: –una contribución de la cuarta parte del producto anual sobre todos los bienes raíces, y sobre los caudales y alhajas que resultasen por fallecimiento de cualquier poseedor sin herederos hasta el segundo grado inclusive: –un impuesto sobre los objetos de lujo, sobre toda clase de espectáculos públicos, sobre casas, bosques y sotos de recreo (éste se había de subrogar al descuento gradual del sueldo de los empleados, que el ministro hallaba odioso y violento): –el pago por una vez de la mitad o tercera parte del alquiler de un año a los que vivieran en casas que rentaran de tres a ocho mil reales: –una imposición sobre todas las personas de ambos sexos que abrazaran el estado religioso, y sobre los eclesiásticos que se ordenaran a título de patrimonio: –la rifa de algunos títulos de Castilla entre personas que tuvieran las condiciones que exigen nuestras leyes: –un privilegio exclusivo por tiempo de seis u ocho años a los comerciantes de Cádiz, Sevilla y Málaga para el comercio en los virreinatos de Méjico y Lima, a cambio de un servicio pecuniario, o de anticipar el todo o la mitad de los derechos que en dicho tiempo pudiesen adeudar.

Con estos recursos se prometía el ministro tener lo suficiente para llenar las obligaciones del año. Mas como se estaba expuesto a que éstas aumentasen en el siguiente, quería prevenirse para esta eventualidad, y al efecto proponía que se destinasen a cubrir el déficit o las atenciones que pudieran sobrevenir: –el producto de las casas y sitios reales que S. M. no habitaba ni disfrutaba inmediatamente, tales como las posesiones de Valladolid, San Fernando, Sevilla, Valencia y otros terrenos del patrimonio: –la supresión de varias piezas eclesiásticas, tales como los arcedianatos y otras prebendas menos necesarias a su juicio en las iglesias catedrales, obteniendo para ello la anuencia de los respectivos obispos y cabildos; y calculaba que solo la iglesia de Toledo podía servir a la causa pública con doscientos mil ducados anuales, quedando suficientemente dotadas las prebendas: –recoger los vales pertenecientes a depósitos, obras pías, vinculaciones y manos muertas, de los cuales no hacían sus dueños otro uso que cobrar los réditos, dando en su lugar a los interesados un resguardo con la obligación de pagarles los intereses respectivos mientras no necesitasen del capital para otros empleos: –la venta de las encomiendas de las cuatro órdenes militares, encargándose la hacienda de satisfacer a los caballeros pensionados, y formando para lo futuro un fondo que se subrogase en lugar del que constituían las encomiendas para premiar a hombres beneméritos en todas las carreras con pensiones de diversas clases: –abrir la entrada en España a los comerciantes y capitalistas de la nación hebrea, dejándoles entrever la esperanza de que podría seguirse la de toda la nación^{2}.

Algunas de las medidas propuestas se pusieron en planta, y otras muy importantes en el propio sentido se realizaron después, tales como la venta en pública subasta de todas las fincas urbanas pertenecientes a los propios y arbitrios del reino (21 de febrero, 1798), imponiendo sus productos sobre la renta del tabaco al interés de 3 por 100 a favor de aquellos fondos comunales; que fue una gran novedad y una medida avanzada en el camino de la desamortización civil^{3}. Y como complemento de las medidas para sostener y afianzar el crédito, consolidar las deudas del Estado, así de los reinados anteriores como del presente, y atender al pago puntual de los intereses y al reintegro progresivo del capital de los vales reales, se expidió, pocos días antes de dejar el ministerio el príncipe de la Paz, la real cédula de 9 de marzo (1798), creando la Caja de amortización, en la cual habían de entrar precisamente todos los fondos hasta entonces destinados a la extinción de vales^{4}, a cargo de un director particular, conduciéndose de las provincias a Madrid por cuenta del banco de San Carlos los productos de sus arbitrios y asignaciones sin rebaja alguna, ni otra condición que la de haber de mediar siempre cuarenta y cinco días entre el cobro de cada cantidad y su entrega a la orden de la dirección de la caja misma^{5}.

No obstante los esfuerzos y las esperanzas de todos los ministros, el que de nuevo se encargó del ministerio de Hacienda don Francisco Saavedra encontró a fines de 1797 un déficit tan considerable, que asombrado de él, y calculando que tal vez no bajaría de 800.000.000 lo que en arbitrios extraordinarios había que proporcionar para cubrir las más urgentes necesidades, propuso al rey la creación de una junta de hacienda (4 de mayo, 1798), que con toda actividad y solicitud arbitrase recursos y viese los medios de consolidar el crédito público, y el particular del Banco, de los Gremios y de la Compañía de Filipinas, que eran los cuerpos que solían auxiliar al gobierno en sus apuros. Esta junta^{6}, después de ponderar en su Memoria la necesidad de corregir el agio y de sacar la mayor suma de dinero posible, donde quiera que lo hubiese, sin coacción ni violencia si pudiera ser, propuso al monarca, y éste aprobó, los arbitrios siguientes: –un préstamo patriótico en España e Indias, sin interés, por acciones de 1.000 reales, reintegrable en veinte y cinco años después de la paz: –traer inmediatamente a España todos los caudales que se pudieran reunir en América, enviando al efecto algunos navíos y las fragatas más veleras que hubiese: –facilitar algunas gracias de nobleza a vecinos honrados a precio de cuarenta mil reales, y algunas mercedes de hábitos de las órdenes militares por tres mil pesos en España y cuatro en América: –ejecutar desde luego la venta de los bienes de la corona, fuera de los sitios reales que habitaba S. M., y acabar de resolver la de los hospitales, hermandades, patronatos y obras pías, e imponiendo su importe sobre la renta del tabaco, como se había hecho con las fincas de propios, ya subrogando estas imposiciones a tres por ciento en lugar del cinco que se pagaba por los empréstitos de acciones, o del cuatro en los vales reales: –imponer un derecho de sello para las letras de cambio y pagarés de comercio, con proporción a su valor, como se practicaba en Francia y otras naciones de Europa^{7}.

Por toda esta serie de medidas económico-administrativas se ve que en los apuros siempre crecientes y en el déficit progresivo del tesoro, el principal estudio y conato del gobierno se cifraba en buscar arbitrios sin recurrir a imponer directamente a los pueblos ni nuevos tributos ni recargos en las contribuciones establecidas, que era todo el empeño de Carlos IV; como se ve también que de los arbitrios propuestos los unos no se planteaban, los otros no producían lo que sus autores se habían imaginado, y que la guerra con la Gran Bretaña seguía consumiendo las rentas públicas, e imposibilitando y alejando cada día más la nivelación de los gastos con los ingresos.

En lo demás, y por lo que hace al sistema proteccionista o al de libertad comercial, al privilegio o a la exención, a la tasa o a la libre venta, no se advierte que hubiese más fijeza de ideas que antes. Y mientras por una parte se concedía a los Cinco gremios mayores de Madrid privilegio exclusivo por ocho años para trasportar a estos reinos de los puertos de Marruecos los granos y demás frutos de aquel país^{8} mandaba que todos los tejidos y manufacturas del reino se pudieran vender sin sujeción alguna a tasa o regulación de las justicias^{9}, se prohibía la extracción de granos y aceite, y se franqueaba la entrada en el reino a cuantos artistas extranjeros quisieran venir a establecerse en él, hasta con el goce de la mayor de las libertades, la libertad religiosa^{10}.

Lo que se advierte, sí, es el espíritu y la tendencia de aquel gobierno a la desamortización civil, así como también a la eclesiástica en cuanto lo permitía la condición de los tiempos, y a derogar, o por lo menos disminuir los privilegios y exenciones de las comunidades, corporaciones y particulares, ya del pago del diezmo, ya de los impuestos y contribuciones públicas, como los demás propietarios del Estado. No había ministro que no adoptara o no propusiera alguna medida en este sentido. Intento manifiesto de ir practicando la desvinculación civil demuestra la disposición de sacar a la venta las fincas de los propios, y la propuesta de enajenar hasta algunos y determinados bienes del patrimonio de la corona. En todas las memorias de los diferentes ministros de Hacienda que se sucedieron en el breve período que examinamos, se proponía la enajenación y aplicación de sus productos a la extinción de la deuda pública, ya de las encomiendas de las órdenes militares, ya de los bienes de hospitales, cofradías y otros de manos muertas, ya la supresión de ciertas prebendas y dignidades eclesiásticas, ya uno u otro aumento en el subsidio del clero, ya un impuesto personal a los que obtenían beneficios o profesaban en alguna orden o religión monástica. El breve impetrado de Su Santidad para la revocación de las exenciones de pagar diezmos (8 de enero, 1796), produjo varias disposiciones para ser llevado en todas sus partes a rigurosa ejecución^{11}.

A fines de 1797 (17 de diciembre), siendo ya ministro de Gracia y Justicia don Gaspar Melchor de Jovellanos, se creó en su ministerio una superintendencia general de Temporalidades de España, Indias e Islas Filipinas, y una dirección general del ramo bajo su dependencia, con el objeto principal de establecer orden, economía y actividad en la administración, recaudación e inversión de los bienes que habían sido de los extinguidos jesuitas. Y sin embargo el príncipe de la Paz, pocos días antes de salir del ministerio, quiso dejar consignada una prueba de tolerancia, desusada hasta entonces, para con los expulsos religiosos de la Compañía, permitiendo a todos los ex-jesuitas españoles que pudieran volver libremente al reino, o bien a las casas de sus parientes si los tuviesen, o bien a conventos, con tal que no fuese en la corte ni en los sitios reales^{12}.

Sentíanse entonces los efectos naturales de la lucha de las ideas antiguas y nuevas, principalmente en materias de religión, de moral, de política y de filosofía. Por una parte se habían desarrollado mucho en el reinado de Carlos IV los gérmenes de la crítica sembrados en el de Felipe V, crecientes en el de Fernando VI, y multiplicados en el de Carlos III, propagados por los ministros mismos de este monarca. Alguno de ellos, como Floridablanca, se asustó después con las doctrinas anti-cristianas y anti-monárquicas de los filósofos y de los revolucionarios franceses, y asombrado y estremecido de sus progresos, receloso del contagio, y abultándole su imaginación los peligros para España, llevó al extremo que ya antes hemos visto los medios de precaución y de represión, prohibiendo rigurosamente la introducción y circulación de libros, suprimiendo enseñanzas en las universidades, y dando ensanche a los inquisidores para redoblar su vigilancia, lo cual dio ocasión a que se formaran sumarios por sospechas de impiedad, de jansenismo, o de adhesión a la nueva filosofía, a personas de elevada posición, de gran ciencia, y de reconocidas virtudes^{13}. Aranda que le sucedió, y que conservaba sus conocidas ideas de antes, y no participaba tanto de los temores de Floridablanca, modificó aquel sistema y cortó algunas de estas causas en el breve tiempo de su ministerio. Y el príncipe de la Paz, que sin ser afecto a las máximas de la revolución francesa, no era tampoco fanático, ni enemigo de la ilustración; el príncipe de la Paz, que siendo ya primer ministro había sido denunciado tres veces a la Inquisición, por sospechoso de ateísmo, por delito de bigamia, y por su privada conducta moral, y por tanto conocía por experiencia lo que eran delaciones inquisitoriales^{14}, por un lado templaba el poder del Santo Oficio cercenándole atribuciones, por otro no dejaba de vigilar para impedir la circulación y lectura de los libros prohibidos que sin cesar se introducían de Francia, y traducían ya también y reimprimían en España en daño de Estado^{15}.

Menester es hacer justicia al generoso comportamiento con que el príncipe de la Paz se condujo con ocasión de aquellas denuncias. El arzobispo de Seleucia y confesor de la reina don Rafael de Múzquiz, y el arzobispo de Sevilla don Antonio Despuig, no pudieron conseguir que el inquisidor general, que lo era a la sazón el arzobispo de Toledo cardenal Lorenzana, decretase la prisión del príncipe, que esperaban poderla hacer con asentimiento del rey, ni siquiera que examinase testigos, ni aun a los mismos delatores. En vista de esto, se acordó que el de Sevilla escribiese a su amigo el cardenal Vincenti, que había sido nuncio en Madrid, excitándole a que hiciese que el papa Pío VI reconviniera al inquisidor general Lorenzana por su inacción o indolencia en proceder contra el ministro. Vincenti consiguió en efecto que el pontífice escribiera al cardenal inquisidor, pero esta carta, juntamente con la que el cardenal romano dirigía al metropolitano de Sevilla, fueron interceptadas en Génova por el general de la república francesa Napoleón Bonaparte. Y como a éste le conviniese entonces congraciar al ministro español, reciente como estaba la alianza y amistad entre España y la república francesa, trasmitió las cartas al general Perignon, a la sazón embajador de Francia en Madrid, para que éste informase en su nombre al príncipe de la Paz de la intriga que contra él se urdía.

Tal vez otro en la posición del príncipe, hecha una revelación semejante, se habría ensañado contra los que de tal manera y por tales medios intentaban derribarle del poder y presentarle ante el juicio público, no solo como hombre de vida licenciosa, sino como irreligioso y semi-ateísta. Godoy limitó su venganza y el castigo de los que así buscaban perderle a alejarlos de la corte y del reino, y aun esto lo hizo bajo un pretexto decoroso, y honroso para ellos mismos, a saber, el de enviarlos a visitar en nombre de Carlos IV y consolar y acompañar al papa, afligido entonces y agobiado de pesadumbres, con motivo de la entrada y de los excesos de los ejércitos franceses en Roma; que este fin se propuso en la orden que comunicó (14 de marzo, 1797) al inquisidor general Lorenzana, y a los arzobispos de Sevilla y de Seleucia, y esta la causa del viaje de los tres prelados de que hemos hablado ya en otro lugar^{16}.

Indudablemente la política y las ideas de Godoy influyeron de un modo visible en que la Inquisición tomara en aquel tiempo un carácter de templanza, tanto más extraño cuanto que pocas veces y en pocas épocas se había presentado a los tribunales del Santo Oficio tan buena ocasión para recobrar su antigua fiereza y renovar sus rigores, como aquella en que las doctrinas anti-cristianas, o por lo menos peligrosas de la revolución francesa, y los libros y escritos que de allá continuamente venían, habían contaminado a españoles de no escaso entendimiento y de significación e influencia social, infiltrádose en algunas de nuestras universidades y escuelas, y en otro tiempo habrían suministrado pasto abundante a los pesquisidores, delatores y jueces. Sin el espíritu de tolerancia que distinguía al gobierno de Carlos IV no habría podido el célebre procesado por la Inquisición en tiempo de Carlos III y prófugo en Francia, don Pablo Olavide, volver a su patria y vivir honrada, tranquila y holgadamente en ella^{17}. Mucho quebrantó también el príncipe de la Paz el poder de la Inquisición con haber hecho que la causa formada al profesor de la universidad de Salamanca, don Ramón de Salas, fuese sacada del tribunal del Santo Oficio y avocada al Consejo de Castilla, medida que hacía siglos no se había atrevido a acometer ningún ministro. Hizo todavía más, que fue conseguir una real orden, mandando que aquel tribunal no pudiera prender a nadie, de ningún estado, alto o bajo, sin previo beneplácito y consentimiento del rey; orden que estuvo firmada, pero que por nuevas intrigas dejó de tener efecto^{18}.

Cualquiera que fuese la conducta del príncipe de la Paz dentro y fuera del regio palacio, cualesquiera que fuesen sus ideas políticas, y cualquiera que hubiese sido su educación en la infancia y su instrucción cuando empezó a tener manejo en los negocios públicos, no puede dejar de reconocerse que no solamente no fue enemigo de las luces, de las ciencias, de las letras, y de los estudios en general, sino que los protegió y fomentó notablemente, dando cierta holgura a la enseñanza en vez del encogimiento y la estrechez en que los exagerados temores de Floridablanca en sus últimos años la habían puesto; permitiendo a la imprenta desenvolverse en campo más ancho, sin dejar de ser severo con lo que se creía deber estar prohibido; alzando el entredicho que respecto a algunos estudios se había puesto a los colegios y universidades; introduciendo nuevos libros y nuevos métodos hasta en los establecimientos eclesiásticos; premiando con togas, mitras o prebendas a los que se distinguían en las aulas; permitiendo cierto vuelo a las ideas, impulsando los institutos, academias y asociaciones literarias y artísticas; ayudando a la fundación de escuelas especiales; mostrando gustar del trato y amistad de los literatos y doctos; pidiendo informes a los hombres de ciencia sobre el modo de mejorar la enseñanza pública, y creando juntas para que examinasen y perfeccionasen los planes de estudios.

No suponemos nosotros, ni nuestra imparcialidad nos lo podría consentir, ni la razón y la historia nos lo persuaden, que haya de mirarse como obra exclusiva de aquel ministro el movimiento intelectual que ciertamente se advirtió ya en su primer ministerio, ni que las mejoras que los diferentes ramos de los conocimientos humanos, en más o menos escala, recibiesen, fueran producto del celo y esfuerzos del que dirigía entonces la nave del estado. Menester sería para esto olvidarse de los naturales frutos que necesariamente había de producir la abundante semilla en los anteriores reinados arrojada; desconocer el saludable influjo que habían de ejercer hombres de la ciencia y de la reputación de Campomanes, Saavedra, Jovellanos y otros insignes y doctos varones que dirigían las academias y ocupaban plaza en los ministerios; y no reparar en los destellos de civilización y de luz, que aunque envueltos en la niebla de doctrinas perniciosas, enviaba incesantemente la nación vecina, y más con el contacto y la continua comunicación que permitía nuestra alianza con ella. Pero el empeño y ahínco que puso el príncipe de la Paz, al intentar la justificación de sus actos de gobierno en los tiempos de su infortunio, en demostrar que había sido el protector de la ilustración y de las letras de su patria, prueba que al menos aspiró a este glorioso título, y que abrigó el deseo de merecerle, lo cual es siempre laudable en el hombre de estado^{19}.

Y en efecto, mérito tuvo en el desembarazo con que dejó obrar, sin temerlas ni recelar de su influjo, las Sociedades Económicas, creación fecunda del anterior reinado, en procurar su aumento y multiplicación, extendiéndolas hasta a poblaciones cortas y muy subalternas^{20}, en hacer que estas reuniones populares (cuya existencia pública y legal acaso impidió la formación de otras clandestinas que hubieran podido ser muy dañosas) produjesen trabajos, programas, discursos y memorias luminosas y útiles, en que se ejercitaban los talentos, con que se iban formando colecciones y bibliotecas, y se invertía con provecho un tiempo que de otro modo se habría tal vez empleado en fraguar planes peligrosos para la patria. La impresión del informe de la Ley Agraria de Jovellanos, presentado al Consejo de Castilla por la Sociedad Económica Matritense, fue debida a empeño del príncipe de la Paz, teniendo que vencer no pocas resistencias. Consiguiente al desarrollo de aquellas asociaciones populares fue el de las escuelas de enseñanza primaria, que fomentó también el gobierno con ordenanzas y provisiones encaminadas al propio fin, y a excitar el celo y la emulación de los pueblos y hasta de los particulares al propósito de no carecer en sus respectivas localidades de estos primeros establecimientos que constituyen la base y el principio de toda cultura.

A este tenor y a la sombra de aquella latitud protectora crecían las escuelas y enseñanzas de los conocimientos económico-políticos, industriales, de comercio y de agricultura; se traducían y publicaban las mejores obras extranjeras que se conocían^{21}; y se escribían también originales sobre las propias materias^{22}. Ayudaban a su propagación publicaciones periódicas, redactadas por capacidades especiales de primera nota, tal como el Semanario de Agricultura y Artes, que dirigió el sabio don Juan Melón, y de cuya fundación se envanecía el príncipe de la Paz como de pensamiento enteramente suyo. Otros periódicos que se publicaban, con una libertad que Floridablanca no habría consentido, en la capital del reino y en las de provincias, llevaban también las luces y extendían y difundían los conocimientos de esta índole entre las clases industriales y trabajadoras del pueblo^{23}.

Obsérvase en este tiempo una marcada tendencia a crear establecimientos en que se enseñaran las ciencias exactas, físicas y naturales. Al del Instituto Asturiano de Gijón, que con tanta gloria dirigió el ilustre Jovellanos, siguiose la creación del cuerpo de Ingenieros Cosmógrafos de Estado, cuya fundación tuvo por objeto el estudio de la astronomía teórica y práctica en todos sus ramos, el de las ciencias matemáticas aplicadas a la navegación, la geografía, la agricultura, la estadística y otros usos de la vida social^{24}. Las ordenanzas para este cuerpo se dieron en 19 de agosto de 1796. Y en el Museo Hidrográfico, creación de 1797, se logró reunir una preciosa colección de mapas, planos, diseños, instrumentos, manuscritos y libros raros y apreciables, siguiéndose una constante correspondencia con los establecimientos análogos que existían en otros países, y haciendo con ellos recíprocos cambios.

Por aquel mismo tiempo se dio a los estudios de medicina y farmacia, y a sus auxiliares la química, la física experimental y la botánica, una amplitud y un impulso, y se les consagró una atención especial que no fue infecunda en resultados. Fundose el Real Colegio de Medicina en Madrid, cuya dirección y cuyas escuelas fueron encomendadas a profesores que han dejado un nombre ilustre y un recuerdo honroso en la historia de la ciencia. Y casi simultáneamente se estableció y planteó en el hospital general el estudio de la medicina práctica, destinado para los bachilleres de las universidades y cirujanos latinos del colegio de San Carlos que desearan terminar su carrera como médicos. Mejoras tanto más recomendables, cuanto que a la imperfección, estrechez, y casi abandono en que había caído esta carrera, hasta el punto de verse el gobierno en apuros para dotar el ejército y la armada de los facultativos indispensables, se agregaban las ideas extrañas y mezquinas, y hasta extravagantes y ridículas, que de la medicina tenían en aquel tiempo hombres a quienes se reputaba ilustrados, y a quienes se consultaba sobre la materia^{25}. Se estimuló la publicación de obras de medicina, farmacia y ciencias físicas, la traducción de las mejores de otros países, y la adquisición de buenos libros, y se formó una decente y utilísima biblioteca^{26}.

Creación de la misma época, debida igualmente al impulso del que estaba entonces a la cabeza del gobierno, fue la escuela de Veterinaria que se estableció en Madrid al lado de la puerta de Recoletos. Que aunque ya Carlos III, reconociendo el vacío y la necesidad de esta enseñanza, había nombrado y pensionado personas inteligentes que hiciesen en el extranjero estudios y trajesen a su patria los conocimientos, libros, instrumentos, y cuanto hallasen más adelantado en el ramo^{27}, pero a las excitaciones hechas por don Manuel Godoy a Carlos IV se debió sin duda la construcción del edificio y la instalación de la escuela, cuya dirección encargó a los mismos que habían hecho aquel viaje de observación y de estudio. Pronto se conoció la utilidad de este establecimiento para la milicia, para la agricultura y ganadería, y más habiéndose impuesto como cargo y obligación de la Escuela ilustrar a los pueblos y prestarles cuantos auxilios fuesen necesarios para curar las enfermedades epidémicas y endémicas de los ganados donde quiera que se padeciesen, y se reclamase su asistencia.

Es de notar la minuciosa solicitud de aquel gobierno en todo lo relativo a la instrucción popular, desde los trajes de los profesores y alumnos de las universidades hasta la enseñanza de los oficios más mecánicos. Respecto a lo primero, se hallaba ya mandado que los estudiantes asistiesen a las aulas de manteo y sotana (que de esto se denominaron manteístas); que desde el principio del curso vistiesen todos precisamente en invierno de paño de las fábricas nacionales, de color honesto hasta la segunda suerte, pudiendo usar en el verano telas de seda lisas, también de las mismas fábricas, y no de otras: que solo los doctores, maestros y licenciados pudieran llevar libremente todo el año vestidos de seda, mas no camisolas con encajes o bordados; y que ninguno cuando fuese de hábitos llevase cofia o redecilla, ni género alguno de peinado. Mas como se hubiese ido adulterando este traje, el gobierno de Carlos IV acudió a su remedio con una circular (16 de febrero, 1797), en que decía: «Informado ahora S. M. del desorden que hay en las universidades mayores en el porte y traje de los estudiantes, poniendo algunos más atención en usarlos extravagantes y ridículos que en el estudio de la profesión a que van destinados, presentándose con botas, pantalones, lazos en los zapatos, corbata en lugar de cuello, el pelo con soletas, las aberturas de la sotana hasta las pantorrillas, para que se vean los calzones de color, los chalecos y las bandas; deseoso S. M. de evitar los males que se siguen del uso de dichos trajes, trascendentales a la moral, indecorosos a las universidades y a los que las dirigen y gobiernan, se sirvió comunicar al Consejo la real resolución que tuvo por conveniente...» Y en la parte dispositiva se mandaba fijar edictos al principio de cada curso, prescribiendo los trajes, e imponiendo a los contraventores la pérdida del curso, y aun la expulsión de las aulas, encargando a los profesores que diesen ejemplo a los discípulos, bajo la pena de suspensión de su cargo, y ordenando que de haberlo cumplido así se diese cuenta cada dos meses al Consejo, así como de cualquier contravención que se advirtiese.

Respecto a lo segundo, a saber, a la enseñanza de artes y oficios, nótase en aquel gobierno un sistema plausible, que consistía en no reducir la práctica de un arte, oficio o profesión mecánica al aprendizaje y al ejercicio rutinario, sino en poner al lado de los talleres escuelas en que se enseñaran los principios necesarios para ejercer con conocimiento y con habilidad, y aun poder enseñar a otros los fundamentos de aquel arte. Así, junto al taller de instrumentos astronómicos y físicos que se agregó al real Observatorio en el Buen Retiro, se puso una escuela de geometría mecánica, astronómica У física para los jóvenes que hubieran de dedicarse a la construcción de aquellos instrumentos, y de este modo no tener necesidad de seguir importándolos de fuera, y no ser siempre nuestra nación tributaria de otras. Bajo igual sistema se plantearon otras fábricas y artefactos, tales como el del grabado en metales y piedras duras^{28}; la de maquinaria para construir y tornear objetos de concha, marfil, maderas finas, bronce y otros metales^{29}; la aplaudida y célebre de relojería dirigida por los hermanos Charost^{30}; la de máquinas de cilindro de Roberto Dale^{31}; la suntuosa de papeles pintados de Giroud de Villete^{32}; la tan celebrada de platería que todavía existe hoy con el nombre de Martínez^{33}, y otras a este tenor. Y se formaron y publicaron catálogos y descripciones de las máquinas de más utilidad o más aplicables a nuestra industria, de que se encargó don Juan López de Peñalver, en unión con otros entendidos artistas, que como él habían viajado por Europa a expensas del gobierno.

Consecuencia de este sistema y de la publicación de los mejores métodos, y de las facilidades que para adquirirlos se proporcionaban, fueron los adelantos y mejoras que se hicieron en las fábricas de hilados y tejidos de sedas, algodones, paños, lanas, papel, cáñamos y lienzos, establecidas en Valencia y Cataluña, en Segovia, Granada, Guadalajara, Brihuega, Cádiz y Galicia, en que se ocupaban millares de brazos; algunas, como las de Valencia y Cataluña, anunciaban ya por sus progresos lo que habrían de ser; el gobierno hizo también para algunas de ellas adelantos de sumas no despreciables. Pero ya hemos indicado la parte de mérito y de gloria que en el fomento y en los adelantos de la industria fabril cupo también a las Sociedades Económicas, gloria de que igualmente participaron las asociaciones de señoras de las clases alta y media, que en la capital del reino y en las de algunas provincias se habían suscrito a aquellos cuerpos patrióticos, inclusa la reina misma, que siguiendo aquel noble impulso quiso costear una escuela dedicada a la enseñanza de ciertas delicadas labores^{34}.

El título de protector de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando que se dio al príncipe de la Paz, prueba por lo menos la grande estimación que de este cuerpo hacía, cuando en su elevada posición social quiso honrarse y creyó enaltecerse más con este título. «Mi título de protector de la Real Academia, dice él en sus Memorias, no fue una vanidad, sino un cargo que acepté con la ambición y el ansia de llenarle.» Aun cuando solo por vanidad le hubiera tomado, honroso es siempre para las artes y para las letras que los hombres que han llegado a la cumbre del poder aspiren, como quien reconoce el verdadero valor de ciertos dictados, a llamarse, con más o menos merecimientos, protectores de los cuerpos científicos. Cuanto más que no se puede decir que fuese aquel ministro protector de la academia solo en el nombre. En medio de la situación turbulenta de Europa y de los apuros y escasos medios del erario español, algo fue haber dotado su biblioteca de libros, estampas, dibujos y modelos, y haber emprendido o continuado publicaciones pendientes tan importantes y útiles como las colecciones de retratos de los reyes, de los varones ilustres de España, de los trajes de las provincias y de las naciones modernas, la de estampas de la Biblia, de los mejores cuadros de los palacios reales, de modelos arquitectónicos y otras de este género, dándolas a precios cómodos para más difundirlas y excitar el gusto y el estudio del dibujo y del grabado. Por lo menos en estos dos ramos, ya que en el primero no se formó escuela que pudiera competir con la antigua, sobresalieron artistas tan distinguidos como Goya, Selma, los Carmonas, Enguídanos, Bayeu, Carnicero y Maella, los unos que mantuvieron con sus obras la reputación que ya antes habían alcanzado, los otros que en este reinado ganaron merecido nombre y fama.

La providencia de no permitir que se construyesen obras sin sujetarlas previamente a la inspección de la academia y sin la dirección facultativa de arquitecto titulado, sobre ser un justo tributo pagado a los que habían consumido un capital de tiempo y de dinero en el estudio del arte, puso coto a la inconveniente y abusiva libertad de construir, remedió en mucha parte las irregularidades monstruosas, natural producto de aquella, ganaron en gusto y regularidad los edificios públicos, y la arquitectura y escultura pudieron seguir en la vía de la restauración en que Carlos III las había puesto. Ayudó a ello bastante el empeño del príncipe de la Paz, y sus excitaciones a que escribieran o imprimieran obras clásicas de artes, u originales o traducidas, que era una de las cualidades de aquel ministro. Y así se publicaron en aquel tiempo escritos y libros de escultura y arquitectura, como de pintura y de música, o reimpresos por haberse hecho raros, o nuevos, o traducidos, algunos por encargo especial, y costeados también algunos por el gobierno^{35}.

Pasando de las nobles artes a las bellas letras, aunque dejando para ocasión más oportuna el juicio del movimiento intelectual de este reinado, cúmplenos solo apuntar ahora ligeramente que los hombres del gobierno en el período de que estamos dando cuenta, en medio de sus graves atenciones políticas, no solamente no dejaron amortiguar el espíritu literario a que habían dado calor los reinados anteriores, sino que dejando a las veces libre y desembarazado campo a las musas, a las veces acariciándolas ellos mismos, la amena literatura seguía desenvolviéndose sin trabas, algunos ingenios fueron especialmente favorecidos, la poesía prosiguió, ya sosteniendo, ya remontando su vuelo, las obras clásicas de la antigüedad, griegas y latinas, pudieron saborearse en el idioma castellano, y la lengua patria, cultivada y manejada con talento y con habilidad, ganó en claridad, en precisión, en elegancia y en soltura, llevando además muchas de las obras y producciones de aquel tiempo el sello de la grandiosidad de ideas y de sentimientos propio del desarrollo de la cultura y de la filosofía. Tal debía suceder cuando la poesía, en todos sus géneros, era cultivada por ingenios como el de Moratín, el hijo predilecto de Talía; como el de Meléndez Valdés, tan tierno, sensible y delicado, como melancólico, majestuoso y sublime; cuando departían con las musas el gran Jovellanos, el ardiente Cienfuegos, el festivo Iglesias, el nervioso y varonil Quintana.

Hermana de la poesía la elocuencia, ni esta se rezagó en la vía del progreso, ni el gobierno dejó de atender y alentar así a los que producían escritos elocuentes como a los que publicaban los libros en que se enseñan las reglas de este ramo de la bella literatura. El gobierno mismo dio el ejemplo de su estimación a los oradores clásicos de la antigüedad, mandando hacer en la Imprenta Real la excelente edición en catorce volúmenes de las obras completas de Cicerón^{36}. Traducíanse del francés y del inglés el Curso razonado de bellas letras de Bateux, y las Lecciones de retórica de Blair, una y otra con aplicaciones a nuestra lengua. Los padres de la Escuela Pía publicaban el Arte y la Retórica de Horneros. Capmani había ganado ya no poca reputación con su Filosofía de la Elocuencia, que afianzó y aumentó con su Teatro histórico y crítico de la elocuencia castellana; y la Academia Española había laureado al erudito Vargas Ponce por su elegante Elogio del rey don Alonso el Sabio. Y en cuanto a la oratoria sagrada, levantada ya en el anterior reinado de su vergonzosa decadencia, y sostenida en éste por prelados de la erudición de un Tavira, y un Amat, de un Armañá y de un Posada, y por religiosos tan ilustrados como los padres Santander, Salvador, Traggia y Vejarano, mereció también una protección especial del gobierno, que en 1796 quiso hacer una colección de los sermones más escogidos, así para honrar a sus autores, como para que sirviesen de estímulo y de modelo a los que se dedicaban al ministerio del púlpito.

Dábanse a luz gramáticas y diccionarios de lenguas sabias y vivas, algunos de ellos o de real orden o por encargo especial del primer ministro; de la misma manera que se escribían y publicaban, por comisión también del gobierno, obras ideológicas, históricas y morales^{37}. Igual impulso recibían las pertenecientes a otras carreras y estudios. Obsérvase que las relativas al arte militar y a las materias de guerra eran la mayor parte traducciones^{38}, y solo algunos ingenios como Valdenebro, Peñalosa y Palacios Rubios escribían tratados originales: mientras las que versaban sobre marina y navegación eran más comúnmente producción de autores españoles, entre los cuales se cuentan Mendoza de los Ríos, Alcalá Galiano, Ciscar, Solano y Mazarredo. La ciencia jurídica, civil y canónica, ya de tiempos atrás más cultivada en España, y en que habían sobresalido tan eminentes jurisconsultos, tuvo también algunos excelentes continuadores, y la eclesiástica especialmente se enriqueció con las traducciones de Berardi, Van-Espen y Cavalario. La historia española, sagrada y profana, contó en aquel tiempo varones tan ilustrados y doctos como el padre Risco, sabio continuador de la grande obra de Flórez, como el abate Masdeu, que en 1797 llevaba ya escritos diez y ocho volúmenes de la Historia crítica de España, como Ortiz y Sanz, autor del compendio cronológico, y críticos y bibliógrafos como Pellicer y Valladares. Las obras de ingenio, las de educación y de costumbres, la novela, eran igualmente cultivadas por eruditos como Cañaveras, Montengón, Peñalver, Gutiérrez, García Malo y otros, autores o traductores de planes de educación en todo género de estudios preparatorios, de novelas como Eusebio, Antenor, Eudoxia y Clara Harlowe, de libros de costumbres como el de Blanchard.

Propio era este movimiento literario de una época en que florecían Campomanes, Jovellanos, Muñoz, Sempere y Guarinos, Llorente, Martínez Marina, Lardizabal, Cabarrús, Sotelo, Forner, Conde, Asso, Amat, Castro y otros muchos esclarecidos varones, y cuando solo la Academia de la Historia contaba en su seno hombres tan ilustrados y talentos de tan merecida reputación como Campomanes, Llaguno y Amírola, Sánchez, Gómez Ortega, Capmany, Cerdá y Rico, el geógrafo López, Jovellanos, Manuel, Varela y Ulloa, Cornide, Banqueri, Vargas Ponce, el cosmógrafo Muñoz, Traggia, Pellicer, Martínez Marina, y como supernumerarios y honorarios contaba a los ilustres Trigueros, Sáez, González Arnao, López, Carbonell, Bails, Abad y Lasierra, Mayans, Fernández Vallejo, Lorenzana y Tavira^{39}.

Fomentábanse las bibliotecas públicas, y se remuneraba a los encargados de estos depósitos literarios con una anchurosidad a que no se ha llegado en tiempos posteriores, y tanto más extraña y laudable cuanto era entonces más ahogada la situación del tesoro^{40}. Nótase también que no dejaba de atenderse al mejoramiento de las profesiones científicas o facultativas, puesto que para su ejercicio se exigían condiciones y títulos que dieran garantía de aptitud, de instrucción y de responsabilidad^{41}. Pero al propio tiempo que se veía cierto buen deseo de proteger y facilitar las carreras literarias obsérvase el errado e inconveniente sistema que se seguía, y cuyo abuso llegó en parte hasta tiempos que nosotros mismos hemos alcanzado, en materia de dispensación de edad, de cursos y grados académicos, y de conmutación de estudios de unas a otras facultades o profesiones, sujetando la concesión de estas gracias a un arancel en que se determinaba la cantidad que se había de pagar por cada una de ellas; como si el dinero diera ciencia, y la mayor contribución fuera la pauta de la mayor suma de conocimientos humanos. En la tarifa de los derechos que habían de pagarse por cada una de las dispensaciones de ley e gracias al sacar, aprobada por real cédula, previo informe de los Consejos (13 de mayo, 1801), se señalaba lo que había de exigirse y cobrarse por la dispensa o conmutación de cada curso para grados mayores y menores, por cada año de edad, por cada habilitación para regentar cátedras o hacer oposición a ellas, por cada condición o cualidad que se dispensase para el ejercicio de una profesión^{42}. No tardó en reconocerse lo absurdo de este sistema, especialmente en la parte literaria, y en aquel mismo año se acudió de algún modo a su remedio, comunicándose al Consejo por vía de aclaración la siguiente real orden: «No queriendo el rey que se reputen gracias al sacar las que se expresan en la nota adjunta^{43}, rubricada por mí, y se comprenden en la tarifa inserta en la real cédula de 13 de mayo de este año, porque con ella se da lugar al desorden y relajación de las leyes académicas, tan necesarias para que florezca la instrucción pública, como lo exige el bien del Estado, lo participo a V. E. de orden de S. M. para que se tenga entendido en el Consejo para su cumplimiento.»

No hemos hecho ahora sino presentar una ligera muestra del movimiento intelectual de aquel tiempo, indicar la variedad de estudios que se cultivaban, y mencionar una parte de los hombres ilustres que enriquecían con sus producciones y escritos la república de las letras, reservándonos dar en otro lugar mayor extensión a este examen; puesto que al presente solo nos proponíamos demostrar que aquel gobierno, en medio de las atenciones de la guerra, de la situación turbulenta y agitada de Europa, y del natural desasosiego de los ánimos en España, si cometió errores políticos, ni dejó de impulsar la industria y las artes, ni descuidó el desarrollo y mejoramiento de los estudios públicos, ni trató con indiferencia a los eruditos y sabios, ni fue corto en proteger los ingenios, ni escatimó a la emisión del pensamiento una libertad y un ensanche de que antes había carecido, ni fue escaso en promover y auxiliar multitud de publicaciones en casi todos los ramos de los conocimientos humanos, que sin este auxilio no habrían podido ver la luz ni derramarla a su vez en el pueblo.