Capítulo VIII
Interior
Ministerio de Saavedra, Jovellanos, Soler, Urquijo y Caballero
1798-1799

Había llevado el príncipe de la Paz al gobierno, pocos meses antes de su caída, si no enteramente por inspiración propia, aceptando con gusto la indicación que alguno de sus amigos le hizo, dos hombres ilustres, a quienes el rey por su consejo encomendó los ministerios de Hacienda y Gracia y Justicia, don Francisco Saavedra y don Gaspar Melchor de Jovellanos. Mereció sin duda alabanza entonces y ahora el príncipe de la Paz por haberse asociado en el gobierno personas tan capaces y tan dignas. Especialmente Jovellanos, propuesto por su amigo el conde de Cabarrús, llevaba ya una gran reputación como sabio jurisconsulto y magistrado integérrimo, como político y economista, como hombre de una erudición tan brillante como profunda; que de todo había dado públicas e inequívocas pruebas, ya en el desempeño de sus cargos, ya principalmente en las muchas obras que su fecundo ingenio había ya producido. Sacando el príncipe de la Paz a este hombre ilustre del rincón de Asturias a que le habían hacía años relegado, nombrándole primero embajador de Rusia y casi acto continuo ministro de la corona en España, dio un testimonio de aprecio y consideración al mérito, que toda la nación vio con placer; si bien se discurría y sospechaba que no podrían concertarse y avenirse las ideas y las costumbres del ministro favorito con las costumbres y las ideas de los dos nuevos miembros que había llevado al gabinete.

Mas aunque todo el mundo presumió que Saavedra y Jovellanos se alegraron, como entonces se alegró el pueblo, de la exoneración del príncipe de la Paz (28 de marzo, 1798) es lo cierto que aquellos dos ilustres amigos, teniendo presente la gratitud que le debían por haberlos elevado al ministerio, no solo no quisieron cooperar, sino que se opusieron al empeño que muchos mostraron y con que los excitaban a acabar de perder al valido, añadiéndose a esta honrosa consideración el justo miramiento a las personas del rey y de la reina, a quienes de cierto habrían ocasionado graves disgustos en diversos sentidos los medios que para perseguir al príncipe de la Paz les proponían algunos de sus más rencorosos enemigos; y así se contentaron con que le apartaran de los negocios públicos.

Correspondiendo Jovellanos a lo que de su ilustración y de su amor a las ciencias y las letras se esperaba, y guiado por aquella máxima que consignó en su informe a Carlos IV: «Ya no es un problema, es una verdad generalmente reconocida, que la instrucción es la medida común de la prosperidad de las naciones, y que así son ellas poderosas o débiles, felices o desgraciadas, según son ilustradas o ignorantes;» emprendió la reforma de los estudios, comenzando por los de la universidad de Salamanca, la primera en consideración por su fama tradicional, y cuyas enseñanzas hemos dicho ya en otra parte hasta qué punto se habían viciado. Para realizar tan noble y útil pensamiento puso los ojos en uno de sus mayores amigos, docto y virtuoso prelado, conocido ya en todo el reino por su vasta erudición y por sus prendas apostólicas, a saber, el esclarecido don Antonio Tavira, obispo de Osma. No podía hacerse elección más acertada para objeto tan importante y delicado. Al efecto propuso al rey la conveniencia de su traslación a la mitra de Salamanca, donde podría dedicarse con quietud y reposo al desempeño de la honrosa comisión que se le iba a confiar. El rey accedió a ello (6 de julio, 1798), y así lo expresó en el real decreto de su nombramiento^{1}.

No era solo la reforma de los estudios y de las universidades lo que se proponía Jovellanos: proyectaba también, si no suprimir la Inquisición, al menos obligar al Santo Oficio a que sustanciase los procesos y fallase por las reglas comunes del derecho, que atendida la índole de aquel tribunal equivalía a su abolición, y era lo mismo que había intentado el ex-obispo de Astorga, arzobispo de Selimbria e inquisidor general, don Manuel Abad y Lasierra, con tan desgraciado éxito que le costó ser condenado a reclusión en el monasterio de Sopetrán. Algo templó los rigores inquisitoriales el príncipe de la Paz, pero contrariedades que no pudo o no supo vencer hicieron que dejaran de realizarse medidas ya acordadas que habrían quebrantado más su poder. Sabedor Jovellanos de que el canónigo y secretario de la Inquisición de corte don Juan Antonio Llorente había trabajado, por orden del mismo Abad y Lasierra, un plan completo de reforma para corregir la arbitrariedad y el misterio de los procedimientos del Santo Oficio, con el título de: Discursos sobre el orden de proceder en los tribunales de la Inquisición, pensó seriamente en poner en ejecución este plan.

Pero así su proyectada reforma de los estudios como la de la Inquisición se quedaron sin realizar, por haber sido Jovellanos exonerado del ministerio de Gracia y Justicia (24 de agosto, 1798), reemplazándole don José Antonio Caballero, fiscal togado del Consejo supremo de la Guerra. Diose a Jovellanos plaza efectiva en el de Estado con el sueldo correspondiente, pero se le mandó volver a Asturias para que siguiera desempeñando las comisiones que había tenido a su cargo antes de ser ministro, en cuya virtud, llegado que hubo a Gijón, consagrose al fomento y prosperidad de su querido Instituto Asturiano, creación de que justamente se envanecía. La circunstancia de haber sido encomendada pocos días antes (13 de agosto) interinamente la secretaría de Estado al oficial mayor de ella don Mariano Luis de Urquijo por enfermedad del ministro don Francisco Saavedra, y de haber padecido en aquellos días Jovellanos ciertos cólicos que no había experimentado nunca y que le obligaron a tomar las aguas de Trillo, indujo a algunos a pensar que un agente vil y una mano oculta habían intervenido en la alteración de la salud de uno y otro ministro^{2}. Tanto estas separaciones, como la persecución que después sufrieron, y muy especialmente la de Jovellanos, de que daremos cuenta a su tiempo, han sido generalmente atribuidas a intrigas y manejos de la reina y del príncipe de la Paz, a quienes abochornaba y ofendía el saber, la moralidad y el aprecio público de aquellos dos ministros. Esfuérzase el príncipe de la Paz en justificarse de esta imputación, achacando toda la culpa al siniestro influjo del nuevo ministro Caballero, hombre en verdad nada recomendable, apropósito solo para hacer papel en una corte corrompida, para prestarse a servir de instrumento a los más torcidos fines, y para ejecutar los servicios más afrentosos^{3}. Pero en este, como en otros puntos, olvidose el príncipe de la Paz, al intentar su justificación, de lo que en sus correspondencias confidenciales había dejado escrito bajo su firma, y que el tiempo podría revelar. Así hemos podido nosotros adquirir la certeza de que si en este hecho criminal y concreto que aquí apuntamos, si acaso existió, pudo no tener parte el valido de los reyes, la tuvo sin duda, y no pequeña, en la persecución que algo más adelante se movió a aquel ilustre patricio^{4}.

En cuanto a las dos principales reformas intentadas por Jovellanos, corrieron bien diversa suerte después de su separación. La de los estudios de Salamanca hízola el ministro Caballero su sucesor, pero hízola, de acuerdo con algunos rancios profesores de la antigua escuela, en opuesto sentido al que Jovellanos y el sabio Tavira se proponían, y más que reforma fue una verdadera reacción en favor de la viciosa enseñanza que se estaba dando. No sucedió así con la reforma inquisitorial. El ministro Urquijo era amigo de los reformadores franceses, y adicto a sus doctrinas; y como al año siguiente ocurrieran varios casos, de ellos uno en Barcelona y otro en Alicante, allí con el cónsul francés y aquí con el de la república holandesa, en que la Inquisición se excedió en la ocupación y registro de sus papeles so color de ser anti-religiosos, aprovechó Urquijo aquella ocasión para enfrenar al tribunal de la Fe e impedirle el ejercicio de ciertas atribuciones que se arrogaba, y aún habría propuesto al rey su entera supresión si hubiera durado más su ministerio.

La parte más aflictiva de la situación interior del reino en este período era el estado lastimoso del tesoro público, y la falta de un sistema administrativo acertado y prudente, que pudiera, ya que no remediar del todo aquel mal, por lo menos aliviarle. Interrumpidas nuestras comunicaciones con los dominios de América, precisados a mantener en pie de guerra un ejército y una fuerza naval considerable por espacio ya de muchos años, paralizado el comercio interior y exterior, nuestra alianza con la república francesa y los compromisos y los gastos que de ella se derivaban nos empobrecían cada día más, y las medidas económicas que se dictaban para cubrir tan enormes atenciones, o eran inoportunas, o ineficaces, o irrealizables, y por huir de aumentar los impuestos iba creciendo cada año el déficit, y a compás del déficit anual crecían también anualmente las dificultades. En otro capítulo expusimos cuál había sido la marcha económica del gobierno hasta la retirada del príncipe de la Paz de la dirección del Estado, y cuál el informe de la Junta de Hacienda creada por el ministro don Francisco Saavedra para que propusiera los medios y arbitrios de aumentar las rentas públicas y ocurrir a las necesidades ordinarias y extraordinarias del servicio.

Terminaba esta junta su informe con las notables palabras siguientes: «Señor: La junta siente sobremanera haber tenido que afligir el corazón paternal de V. M.; pero se trata de su corona, de su persona, de las de sus hijos, y sobre todo de esta familia inmensa que le ama y que la Providencia confía a su cuidado; se trata de los intereses más sagrados de la humanidad, del orden social, de la moral y de la religión, que se sobresaltan con los amagos de las convulsiones, de la anarquía, compañera inseparable de la disolución de los Estados. Todavía es tiempo de salvarlo todo. V. M. hallaría el premio de los sacrificios personales que hiciere, en su conciencia, en las bendiciones de los pueblos y en la justicia de la posteridad.» Harto manifiesta este cuadro la gravedad del mal y la necesidad de los sacrificios que la junta proponía. La corte se asustó, temerosa de aumentar, con algunas de las medidas, que las había enérgicas y radicales, el descontento público, que era ya muy general contra ella, y aun se ofendió de la entereza y de la libertad con que hablaba la junta. El ministro de Hacienda Saavedra, que había pasado a serlo también de Estado, aun antes de la enfermedad en que luego cayó, había suplicado al rey le diese una persona de celo y de inteligencia que le ayudara a desempeñar el cúmulo de negocios a cuyo examen él no podía dedicarse teniendo que atender a las dos secretarías. El monarca nombró entonces (18 de mayo, 1798) superintendente general de la real Hacienda, con la dirección de la secretaría del despacho del ramo, a don Miguel Cayetano Soler, consejero que era de Hacienda y honorario de Castilla, el cual desde entonces, y mucho más desde que Saavedra enfermó, fue el verdadero ministro de Hacienda, como Urquijo lo era de Estado, aun cuando Saavedra conservara ambas secretarías.

La primera medida que por el nuevo ministerio se tomó para remediar las escaseces del erario y acudir a los gastos siempre crecientes de la guerra, fue hacer un llamamiento patriótico a los españoles, proponiendo dos suscriciones en España y en las Indias (27 de mayo, 1798), la primera de un donativo voluntario en dinero o en alhajas de oro o plata, la segunda de un préstamo sin interés, igualmente voluntario, a reintegrarse por el gobierno en diez plazos al fin de cada uno de los diez años siguientes a los dos primeros de la paz, cuando ésta se hiciese. El rey y la reina quisieron alentar el espíritu nacional, siendo los primeros a dar ejemplo de desprendimiento, cediendo la mitad de las asignaciones que se hacían a la tesorería mayor para sus bolsillos secretos (5 de junio, 1798), y enviando a la casa de moneda todas las alhajas de plata de la real casa y capilla menos precisas para el servicio de sus personas y del culto divino^{5}. La lealtad española no dejó de responder a la voz y al ejemplo de sus soberanos, habiendo quien a falta de metálico ofrecía su propiedad inmueble, y mayorazgos que proponían la venta de sus bienes vinculados si se les permitía disponer de ellos para el préstamo; pero así y todo el recurso era demasiado tenue para tan grandes y tan urgentes necesidades.

En su vista se dictó en solos dos días (24 y 25 de setiembre, 1798) una serie de reales cédulas prescribiendo las disposiciones y arbitrando los recursos siguientes: 1.ª Dando a los poseedores de mayorazgos, vínculos y patronatos de legos facultad de enajenar sus fincas, imponiendo sus valores en la caja de amortización al interés de 3 por 100 pagadero desde el día mismo de la entrada del dinero en caja: 2.ª Prohibiendo hacer depósitos judiciales, y trasladando todos los que hubiere a las tablas numularias del reino o a la misma caja de amortización: 3.ª Mandando trasladar a la misma y con el propio interés todos los caudales secuestrados por quiebras: 4.ª Disponiendo que entraran en la mencionada caja y devengando el mismo rédito los fondos y rentas de los colegios mayores de Salamanca, Valladolid y Alcalá, corriendo su recaudación a cargo del superintendente general de la real Hacienda: 5.ª Agregando e incorporando a ésta los bienes que quedaban de las temporalidades de los jesuitas, y que la superintendencia de ellas, antes creada, pasase al ministerio: 6.ª Estableciendo una contribución sobre los legados y herencias en las sucesiones trasversales: 7.ª Ordenando la enajenación, a beneficio de la caja, de todos los bienes pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías, memorias, obras pías y patronatos de legos; e invitando a los obispos que promoviesen con igual fin y con las mismas condiciones la enajenación de los bienes correspondientes a capellanías colativas, y cualesquiera otras fundaciones análogas que tocasen a su fuero^{6}.

Muchas ilusiones se hacía el nuevo ministro sobre el resultado de tan considerable número de arbitrios, y mucha confianza tenía en restablecer con ellos el crédito español a los ojos de Europa, y así se lo escribía al embajador Azara^{7}. Pero la prueba de lo pronto que vio desvanecerse aquellas ilusiones fue la cédula de 17 de octubre (1798), abriendo un préstamo de 400.000.000 de reales, distribuidos en 160.000 acciones de a 2.500 reales cada una, señalando los plazos para su reembolso, que se anticiparon a los pocos días para inspirar más confianza. Mas ésta no venía, por más que menudeaban y se sucedían unas a otras las órdenes e instrucciones para la más pronta y ventajosa ejecución de todas las providencias enumeradas, inclusa la de conceder a los poseedores de vínculos o mayorazgos la facultad de reservar para sí la octava parte del valor de los bienes que vendieran, con tal que impusieran en la caja el resto de su producto, e inclusa también la pena de suspensión a las justicias que descuidaban el cumplimiento de lo ordenado respecto a depósitos judiciales. Menester fue nombrar otra Junta suprema de Hacienda (11 de enero, 1799), para dirigir las enajenaciones, con jurisdicción y facultades propias, e independientes de todos los consejos, chancillerías, audiencias y demás tribunales del reino, autorizada para resolver de plano y sin forma de juicio^{8}.

No bastaron los esfuerzos de la nueva junta, ni el haber mandado poner en la caja de amortización la quinta parte neta de los fondos, así en dinero como en granos, de los pósitos del reino, con la obligación de pagarlo todo en metálico, así lo que tuviesen en efectivo, como lo que conservaran en especie, siendo de su cuenta darlo por vendido al precio corriente. A muy poco tiempo se hizo otra nueva creación de vales (8 de abril, 1799) por valor de 53.000.000 de pesos, con el rédito de 4 por 100, destinando al pago de los intereses no solo las antiguas hipotecas, sino otras nuevas, que parecieron bastantes para hacer frente al rédito anual de la deuda, que era de cerca de 88.000.000. Mas como esta creación fuese hecha para realizar los pagos y negociaciones de la real hacienda dando a los vales igual valor que al metálico, en un tiempo en que estaba ya en tan gran descrédito el papel moneda, acrecentose más y más la desconfianza, y aquella medida produjo una consternación general.

Viose que con la creación y con las medidas de la Junta Suprema de Amortización, en vez de remediarse o menguar, se aumentaban y crecían los apuros del tesoro y el descrédito de los vales, y se acordó mudar de mano, y se suprimió la junta de 11 de enero (6 de julio, 1799), restableciendo la caja de amortización al ser y estado que tenía cuando se erigió por real decreto de 12 de enero de 1794. Pero un genio fatídico y siniestro parecía inspirar entonces a los encargados de dirigir la administración. Motivo daría para pensar así la real cédula que a consulta del Consejo Real se expidió (17 de julio, 1799), mandando que se reconociesen los vales como moneda verdadera, salvo un 6 por 100 de baja de su primitivo valor, cuya diferencia se prometía extinguir hasta igualar enteramente el papel con el metálico, y no permitiendo que en los pagos se hiciese distinción alguna entre el oro, la plata y los vales. Se mandó además establecer en las plazas principales ciertos bancos o cajas de reducción para los casos urgentes o apurados. El que denunciara haberse hecho una operación en que no se admitiese el papel como moneda, recibiría en premio la mitad de los valores denunciados. Providencia fatal, que llevó la desconfianza, el descrédito, la confusión y el desorden al mayor extremo imaginable.

Para auxiliar y fomentar aquellas cajas o bancos, que el gobierno miraba como áncora de salvación, para mantener el crédito de la deuda pública y sostener el del comercio, el Consejo de Hacienda mandó suspender la incorporación a la corona de los oficios enajenados, imponiendo a sus poseedores el servicio de la tercera parte de su valor que pagaría en la caja (9 de noviembre, 1799): aplicar a las mismas un servicio anual que se impuso a todo el reino (10 de noviembre) sobre criados y criadas, caballos y mulas, fondas, hosterías, confiterías, almacenes, tabernas, casas de juego, tiendas de todas clases, y sobre una multitud de objetos, principalmente los de lujo^{9}: la mitad de los caudales que vinieran de América: un subsidio de 300.000.000 de reales por repartimiento entre los pueblos, con proporción a su riqueza, y dejando a los mismos la facultad de buscar arbitrios que, sin ser gravosos a los pobres, produjeran la expresada suma (12 de noviembre): el producto de una gran rifa que se concedió a las cajas (1.º de diciembre, 1799), con variedad de suertes, y en premios pagaderos o por una vez o en rentas vitalicias^{10}: varios otros arbitrios sobre los fondos de pósitos. Y además se dieron muchas instrucciones y se estrecharon las órdenes (27 de diciembre) a fin de activar las ventas de los bienes vinculados, obras pías y memorias, y para la más pronta ejecución de los siete reales decretos de 19 de setiembre.

Sin duda los hombres del gobierno y de la administración fiaron muy poco en la eficacia de todas estas medidas, no obstante la aparente confianza del ministro, o fiaban menos en su ciencia, o en la inteligencia y probidad de los empleados civiles, cuando discurrieron apelar al apoyo del clero para levantar el crédito del papel moneda e ir extinguiendo los vales. Formose en efecto una junta compuesta de catorce prebendados, sacados la mitad de las siete iglesias metropolitanas, la otra mitad de las sufragáneas, nombrándose comisario regio de esta junta al intendente de Guadalajara don Santiago Romero. Llamose Junta eclesiástica de vales reales, y fueron individuos de ella dos ilustrados canónigos, el uno de Calahorra, don Juan Antonio Llorente, autor de la Historia de la Inquisición, el otro magistral de Tarragona, después arzobispo de Palmira, don Félix Amat, autor de la Historia eclesiástica, los cuales nos han dado noticia de los planes y proyectos que en ella se formaron, como que cada uno de los dos hizo el suyo. Llorente, que fue el secretario de la junta, decía en su proyecto que las rentas eclesiásticas debían valer al tesoro 150.000.000 de reales al año, pues si no producían más que sesenta, consistía en el modo como se administraban. Se encargaría el clero de la administración de los vales, teniendo a sus órdenes las oficinas y empleados. Para pagar los intereses y verificar sucesivamente la amortización se le dejarían todas las contribuciones que pagaba^{11}, y además las rentas de correos, cruzada, &c. Al efecto se establecería en Madrid una junta de seis prebendados, a cuyo cargo correría la dirección de todas las operaciones^{12}. El proyecto de Amat se diferenciaba de éste, aunque convenía en el fondo^{13}.

Aunque al decir de los autores de estos planes, y de algún historiador contemporáneo, al solo rumor de que S. M. aprobaba el plan eclesiástico, bajaron un 13 por 100 en pocos días los descuentos de los vales, y aunque se imprimieron y dirigieron a los prelados y cabildos circulares reservadas, y se obtuvo la adhesión de casi todos, bien que no sin gran repugnancia de parte de muchos, y aunque el rey manifestó a la junta estar muy satisfecho de su amor a la real persona y al bien de sus vasallos, el plan quedó sin efecto, tal vez porque se consideró demasiado favorable al clero, y porque no faltó quien persuadiera al rey que tales concesiones al estado eclesiástico equivalían a poner la suerte del reino en sus manos^{14}.

Resultado de todos estos arbitrios y recursos, de todas estas juntas civiles y eclesiásticas, de todas estas emisiones de valores, de todas estas cajas de reducción, de todos estos esfuerzos de los hombres y de todos estos sacrificios impuestos al pueblo, fue un déficit de aquel año para el inmediato de más de trescientos millones, que unido a los que de tres años atrás venían pesando sobre el tesoro, constituía el asombroso déficit de más de mil doscientos millones^{15}. Pero se comprende bien y deja de asombrar este resultado, si se considera que además del funesto sistema económico que se seguía, además de los cuantiosos dispendios de la guerra, no pasando los productos de las rentas de unos seiscientos veinte millones, poco más o menos, más de ciento los consumía solamente la casa real^{16}.

Y sin embargo, en esta situación angustiosa y en medio de esta penuria se activaban y se repetían las expediciones navales para sostener la guerra con la Gran Bretaña, y teníamos valor para declarar la guerra a la Rusia. Y en medio de estas escaseces y apuros el rey Carlos IV mandaba abrir un crédito ilimitado para socorrer y asistir al desgraciado pontífice Pio VI, de modo que no le faltase nada en sus forzosas peregrinaciones y penalidades; rasgo de bondadosa generosidad propio de un monarca católico, sinceramente afecto al padre común de los fieles, en tanto que otros soberanos se contentaban, siendo católicos como él, con demostrar hacia el desventurado pontífice una compasión estéril: conducta que honra los piadosos sentimientos y la innata liberalidad de Carlos IV, y que le atrajo las constantes bendiciones de Su Santidad hasta que exhaló el último suspiro, pero con la cuál acrecía las estrecheces que se estaban padeciendo en su propio reino. Verdad es que en premio de tan tierno interés y solicitud obtuvo el gobierno de Carlos IV del achacoso y perseguido papa varios breves otorgando subsidios eclesiásticos y otras gracias no menos importantes, que a nombre del rey impetró el ministro español don Pedro Labrador que le acompañaba en su peregrinación y destierro.

Fueron estos breves los siguientes: uno para la imposición de un subsidio de sesenta y seis millones de reales sobre el clero de España e Indias, en la misma forma que el del año 1795: otro para aplicar al erario las rentas de todas las encomiendas de las órdenes militares con facultad de vender los capitales de ellas para darles igual aplicación: otro aprobando el real decreto de enajenación de los bienes de hospitales, cofradías, patronatos y obras pías, a fin de imponer su producto en la caja de amortización al interés de 3 por 100, exhortando a los prelados a que hiciesen lo mismo en lo respectivo a los bienes de capellanías, beneficios y otros de su jurisdicción: y finalmente, otro prorrogando la Bula de la Cruzada por veinte años, y por todo el tiempo que hubiese dificultad de acudir a Roma, si bien no accedió a la perpetuidad con que el ministro pretendía la concesión; como tampoco se atrevió a condescender en la aplicación al erario de la tercera parte íntegra de la renta de los obispados y arzobispados de España. Igual éxito tuvo la pretensión que por encargo del ministro Urquijo hizo don Pedro Labrador de que consintiese Su Santidad en que se restituyera a los obispos sus facultades primitivas, restableciéndose en todo su rigor la antigua disciplina de la Iglesia en este punto. El atribulado papa contestó a esto, que hallándose solo, sin la asistencia del colegio de cardenales, y por lo tanto privado de su consejo, no se consideraba en situación de poder resolver sobre materia de tanta importancia, ni de hacer una novedad de tal trascendencia.

Murió al fin, después de tantos achaques, trabajos y padecimientos de toda especie, el pontífice Pío VI de la manera que en otro lugar hemos dicho, el 29 de agosto de 1799^{17}, a los ochenta y un años y ocho meses de edad, habiendo regido la Iglesia por espacio de más de veinte y cuatro años y medio, faltando poco para que su largo pontificado desmintiera la profecía universalmente recibida de que ningún papa ha de gobernar la Iglesia por espacio de veinte y cinco años como San Pedro. El rey manifestó pública y oficialmente el dolor que le había causado su fallecimiento; pero el ministro Urquijo tomó de él ocasión para hacer una variación esencial en el régimen de la Iglesia española; y en la misma Gaceta (de 10 de setiembre, 1799) en que se anunciaba la dolorosa muerte del pontífice, se publicó un real decreto devolviendo a los arzobispos y obispos toda la plenitud de facultades que habían tenido por la antigua disciplina de la Iglesia para las dispensas matrimoniales y otros asuntos, sin necesidad de acudir a Roma, hasta que el rey les comunicara el nombramiento de nuevo papa^{18}. Esta providencia no fue del mismo modo recibida y ejecutada por todos los prelados; pues no todos pensaban de la misma manera acerca de las atribuciones inherentes a la dignidad y jurisdicción episcopal, o a su delegación de la Santa Sede, y así unos hicieron uso, y otros no, de la autorización de dispensar por sí en los impedimentos matrimoniales, pero sin que esta diversidad de opiniones turbara la paz entre los prelados.

No guardaron la misma mesura otras personas. El decreto avivó la mal apagada lucha de escuelas: resucitaron las denominaciones de jansenistas, jesuitas y molinistas, aplicadas recíprocamente por los ciegamente adictos a la curia romana y por los afectos a las reformas eclesiásticas. Distinguíase la Inquisición, apoyada por el nuncio, en designar con epítetos injuriosos a sujetos muy respetables, los más señalados por su saber y su virtud, y el fanatismo los quería presentar como sospechosos de herejía solo porque sostenían las doctrinas en que se fundaba el real decreto^{19}. Declamábase en los púlpitos, y se abusaba de la influencia del confesonario; y aun se hubiera enardecido más la lucha con la publicación de folletos y opúsculos en los dos opuestos sentidos, si ya desde el principio del año no hubiera el gobierno con laudable previsión puesto coto a la libertad de imprimir escritos en que se trataban materias de esta clase con todo el apasionamiento de escuela, y mandado recoger todos los ejemplares de los que se habían publicado con los títulos de: «Liga de la Teología moderna con la Filosofía,» y «El pájaro en la Liga,» impugnación satírica éste del primero^{20}. El gobierno anduvo también muy prudente en prohibir la circulación de otras obras que estaban ya preparadas, y que habrían hecho mucho daño en el estado de calor y de pasión en que los ánimos se encontraban^{21}. Pero así como los enemigos de toda reforma encontraban favor en la Inquisición, así los que lo eran del influjo de la curia romana contaban con el apoyo del ministro Urquijo, que estaba resuelto a reponer la Iglesia de España en sus facultades primitivas, y a plantear todas las consecuencias que en este sentido se desprendían del real decreto.

En cuanto a la elección de nuevo pontífice, indicamos ya en esta parte cómo se debió al consejo y a la diligencia del embajador español Azara que hallándose el anciano Pío VI prófugo en Siena, expidiera una bula determinando cómo había de congregarse el cónclave para la elección del que hubiera de sucederle en la silla de San Pedro después de su muerte, a fin de evitar un cisma en el estado de perturbación y desquiciamiento en que se hallaban la Iglesia y las naciones de Europa, y cómo el mismo Azara trabajó para recoger las firmas de los cardenales que andaban dispersos. Así dispuesto todo con esta previsión, a la muerte de Pío VI se reunió en Venecia el cónclave (1.º de diciembre, 1799), compuesto de veinte y cinco cardenales. No hace a nuestro propósito referir las dificultades que sobrevinieron en los tres meses largos que duró aquella reunión. Al fin fue proclamado el cardenal Chiaramonte, el cual tomó el nombre pontifical de Pío VII. Contra la opinión y el deseo de Bonaparte y del gobierno francés, el monarca y el gobierno español reconocieron y aceptaron como legítimo el nombramiento, y Carlos IV mandó celebrar con Te-Deum y luminarias la exaltación del nuevo padre común de los fieles. Pero ya pertenece esto al periodo que habremos de examinar más adelante, y veamos ahora lo demás que en lo tocante al gobierno interior de España se había hecho.

En verdad se conoce que embargada la atención y preocupados los ánimos de los gobernantes, en lo exterior con los preparativos, movimientos y sucesos de la guerra, en lo interior con las estrecheces, la penuria y los ahogos del tesoro, apenas en las colecciones y en la crónica oficial de este tiempo se registran actos de gobierno y providencias administrativas que no se refieran a los medios de levantar el crédito, de satisfacer los intereses de la deuda pública, de crear cajas de reducción, de buscar arbitrios, de inventar recursos, de apelar a empréstitos, de promover ventas, de impetrar subsidios, de solicitar donativos, de arbitrar maneras cómo cubrir necesidades urgentes y atenciones perentorias, y cómo salir de los apuros y conflictos de cada día, de cada hora y de cada momento. Pero pocas medidas encaminadas al desarrollo de la riqueza, providencias dirigidas al aumento de la producción, ni disposiciones enderezadas a acrecer la materia imponible. Aquel movimiento de protección a la agricultura, a la industria, a la fabricación, al comercio y a las artes, que iniciado en los reinados anteriores duraba en los primeros años del de Carlos IV, se veía languidecer en los últimos del siglo XVIII; pues solo se observan aisladas provisiones en favor de los industriales o artistas, y esto solamente cuando ellos acudían en queja y reclamaban contra la violación de franquicias o derechos otorgados.

Ni en la administración de justicia se ve que se efectuase, ni aun se intentase reforma alguna esencial. El aumento de alguna sala en tal cuál audiencia, de algunos jueces en el tribunal de la Rota, reclamado por el número de los procesos y negocios; un real decreto declarando corresponder a los consejeros de Estado la precedencia de asiento o lugar en las reuniones y solemnidades sobre todos los de los otros consejos y tribunales del reino; y una real cédula prescribiendo reglas para la provisión, dotación, promociones y ascensos de los corregidores y alcaldes mayores, duración del servicio en cada clase, inamovilidad en sus empleos, y causas por que podrían ser removidos y castigados^{22}, fue lo principal, o mejor dicho, lo único que en esta materia se hizo en los dos años del último siglo que comprende este nuestro examen, si bien es para nosotros indudable que se habrían efectuado otras mejoras si hubiera sido menos efímera la duración del ilustre y sabio Jovellanos en el ministerio de Gracia y Justicia. Sin embargo, una providencia dictó el ministro Caballero, laudable en cuanto se dirigía a corregir el abuso, ocasionado a la inmoralidad, de venir a Madrid las mujeres e hijas de los empleados de la carrera judicial a promover las pretensiones de sus maridos o padres. El ministro mandó que no se admitiese ninguna solicitud hecha de este modo, ni se ascendiera ni mejorara a los empleados mientras no constase que aquellas se habían restituido a su compañía (6 de mayo, 1799). Y encargaba a los jefes que en sus informes expresaran siempre si se hallaban o no reunidos con su familia, y las noticias que tuviesen de ésta en el caso de estar separada o ausente.

Tampoco fueron muchos los bandos de policía y buen gobierno que para el régimen de la capital publicaron en este tiempo los alcaldes de casa y corte; y los pocos que expidieron no dan ciertamente una idea aventajada de la civilidad y la cultura, ni de la moralidad del pueblo, como si en esto también se hubiera paralizado el impulso que Carlos III había dado y la solicitud con que atendía a todo lo que fuera aseo y decoro público, como signo exterior y visible que es de la civilización de un país. Infiérese cómo se viviría en Madrid cuando hubo necesidad de mandar a los dueños o administradores de las casas que hicieran poner en ellas puertas, en el término de un mes, y que éstas fuesen seguras, de buena calidad y con llave, y que tuviesen luz desde el anochecer hasta las doce en que mandaban cerrar, «para evitar, decía el bando, los insultos y torpezas que se cometen en los portales» (21 de enero, 1799). Por bando de 8 de abril de 1799 se imponían penas de trabajos públicos y de destierro a los que sonrojaban, insultaban, silbaban y aun atropellaban y escarnecían a las señoras que en Semana Santa se presentaban en la calle con vestidos o basquiñas moradas o de otros colores. Y se ve que no solo fue ineficaz la providencia, sino que tuvo que ceder la autoridad a los groseros instintos del pueblo, puesto que al año siguiente por otro bando (16 de marzo, 1799) se ordenaba, «que para corregir algunos excesos que se han advertido en el uso de trajes menos decentes y modestos… ninguna persona de cualquiera clase o condición, por privilegiada que sea, pueda en tiempo alguno usar basquiña que no sea negra, ni en ésta fleco de color o con oro o plata, pena a que contraviniese de ser castigada con todo rigor según la calidad de su persona, además de ponerlo en noticia de S. M.»

Así se iba advirtiendo la decadencia interior, en riqueza pública como en ilustración, en administración como en cultura.