Capítulo XV
Gobierno del príncipe de la Paz
Situación económica del Reino
De 1800 a 1807

Prosiguiendo la historia de la marcha administrativa de este reinado, tal como la fuimos ya haciendo en varios de los capítulos anteriores, y la cual dejamos suspensa en el VIII, al apuntar el siglo XIX y al ponerse por segunda vez al frente de la gobernación del Estado como primer ministro el príncipe de la Paz, completaremos ahora la reseña económica que allí y desde aquella fecha dejamos pendiente. Aunque la responsabilidad de la buena o mala administración de la hacienda pública toca más directamente a los que tienen a su inmediato cargo la dirección de este ramo, y el príncipe de la Paz cuida de advertir en diferentes lugares de sus Memorias que él no tenía parte en el manejo de estos negocios, y no eran ciertamente en los que más se hacía sentir su iniciativa, sin embargo, ni era ajeno a ellos, ni dejó de manifestar muchas veces pensamientos o ideas que podían ser provechosas o nocivas, ni la marcha política de un estado puede dejar de influir grandemente en su situación económica, ni puede menos de alcanzar una parte no pequeña de alabanza o de censura de los aciertos o errores en todos los ramos de la gobernación al que por su especial posición y su mayor influjo da movimiento e imprime una dirección a la máquina del gobierno.

Vimos ya en el último de aquellos capítulos cuál era el estado fatal de nuestra hacienda al terminar el año 1799, a que alcanzaba nuestro examen; estado que confirmaban las Memorias de los ministros del ramo. En el resumen de la que dos años después presentó al rey una persona, conocedora ya entonces de la materia, y que más adelante se vio en posición de acreditarlo más, a continuación del cuadro demostrativo de los gastos, ingresos, existencias y déficit de los años anteriores, se decía:

«Pero no bien se había salido de las calamidades de la guerra continental, cuando se emprendió la marítima contra Inglaterra, la cual disminuyó enormemente los ingresos de las rentas por la interrupción del comercio, y por lo que impide la venida de los caudales de las Américas.– Así, habiendo ascendido en dicho año (1795) las entradas de la tesorería a 675.057.881 rs., y en cada uno de los sucesivos a solos 478.157.208; y los gastos desde 1.117.255.589 rs. a 1.442.690.423, ha resultado un déficit anual de 820.000.000, que hasta 1801 importó 4.000.000.000; cantidad en que se puede valuar el coste de la guerra, sin contar los enormes desembolsos que la pérdida del papel moneda ha ocasionado, originada del atraso de pago en los réditos, y de la suspensión de las extinciones.

»Por manera, que trayendo a un punto todas las partidas referidas, la guerra de nueve años ha costado al erario más de siete mil millones de reales; y si bien hasta el año de 1795 se hallaron recursos capaces de satisfacer los gastos de la corona, crecieron en los sucesivos las dificultades por la responsabilidad y peso de las deudas anteriores, por la pobreza de todas las clases, por la heroica resistencia de V. M. a aumentar contribuciones, y por la ruina del crédito; de modo, que a pesar de las más activas diligencias, y de las reformas más severas en los gastos de administración; a pesar de las negociaciones emprendidas con casas extranjeras sobre los fondos de las colonias, de los recargos que dictó la necesidad, y que la prudencia hizo que recayesen sobre los pudientes, y de las medidas eficaces para consolidar la extinción del papel moneda, conteniendo su demérito; nos hallamos en el día con una deuda consolidada de más de 4.108.520.721 rs. en la península, con otra acaso igual en las Américas, y con un descubierto en partidas corrientes de 720.000.000 de reales, a las cuales son acreedores las clases más privilegiadas del estado, las más dignas de atención, las que han sacrificado su quietud y su sangre en servicio de V. M., las que han aprontado sus caudales para alivio del erario, las que viven de sueldo, y que no teniendo más arbitrio para sostenerse que sus empleos, perecen en la miseria por falta de consignaciones; y aumentando créditos sobre créditos y deudas sobre deudas, embarazan el tesoro público para la paga, y hacen llegar hasta los individuos más miserables del estado los efectos de la penuria y del descrédito.»

Y al terminar su Memoria decía:

«Aunque los ingresos del erario puedan ser mayores en lo sucesivo por lo que proporcionarán el comercio y la abundancia consiguiente a la paz, y por los mayores productos de las colonias, nunca pueden ser tan grandes que basten a cubrir todas las necesidades; y mucho menos en los años primeros: porque los pueblos agotados con las calamidades pasadas necesitan tiempo para reponerse, y para animar la reproducción de las riquezas, con utilidad del tesoro.^{1}»

En efecto, a las calamidades de la guerra se agregaron las de la peste, que comenzó azotando y diezmando la rica y comerciante ciudad de Cádiz, arrebatando en poco tiempo la muerte siete mil trescientas ochenta y siete personas, con la circunstancia notable de que las cinco mil ochocientas diez fueron varones^{2}. Al tiempo que aquella epidemia se extendía por el litoral del Mediodía, otra de diferente índole afligía las provincias interiores de las Castillas; en términos de tener que suspenderse el curso académico en algunas universidades, como las de Salamanca y Alcalá, para evitar los peligros de la afluencia de los jóvenes; y en los pueblos de la Carlota y la Carolina se estableció un cordón sanitario riguroso para impedir bajo las más graves penas toda comunicación con la Andalucía Baja, no permitiendo entrar ni salir a persona alguna^{3}. Y no fueron de este solo género las calamidades. En 30 de abril de 1802, reventó el famoso pantano de Lorca llamado de Puentes, obra costosísima del reinado anterior, asolando y destruyendo la parte baja de la ciudad llamada puerta de San Ginés y casi todo el arrabal de San Cristóbal, haciendo estragos dolorosos y horribles en personas, animales, casas, sembrados y plantíos, cuyos daños, fuera de los personales, se calcularon en 24 a 30 millones. Unidas las pérdidas de esta catástrofe a los gastos de la guerra de Portugal, aunque corta, a la escasez de las cosechas de algunos de aquellos años, y a las calamidades públicas, no bastaban a remediar tantos infortunios ni las bondades del rey que con mano liberal distribuía auxilios de subsistencias y aun de medicamentos a los pueblos más afligidos, ni las suscriciones a que generosamente se prestaban los particulares, ni los esfuerzos de la junta de socorros, que en verdad los hizo grandes para enjugar las lágrimas de tantos afligidos.

Y sin embargo, la paz marítima con la Gran Bretaña después de una guerra costosísima de seis años, aunque de más breve duración aquella de lo que hubiera sido de desear, dio un respiro a la nación, y se le proporcionó también al gobierno para hacer frente en lo posible a tantos quebrantos. Sobrevenir con más facilidad, merced a esta feliz coyuntura, las flotas de América, fue muy acertado poner al Consejo a la cabeza de la comisión gubernativa de consolidación de vales reales y demás negocios de la deuda del estado, y muy oportuna la providencia de aquél de suprimir las cajas de descuento y satisfacer sus acciones a los prestamistas, con que llegó a tomar el papel en el mercado un valor hasta entonces desconocido. Ello es que en diciembre de 1802 resultaba amortizada la suma de 200.000.000 de reales, pequeña en cotejo de la enorme deuda del tesoro, pero grande, atendido el corto tiempo trascurrido y el estado tan miserable de la hacienda, y que algo atenuó la aflicción pública.

A este resultado cooperaron diversas otras medidas que se tomaron en este tiempo, tales como el reglamento para la redención de los censos perpetuos, la entrega de todos los fondos de pósitos a disposición de la Dirección de provisiones, el arancel de los servicios pecuniarios que habían de hacerse por las gracias al sacar que se concedieran con destino a la consolidación de vales, las reglas para la colectación y administración de una anualidad de las dignidades y beneficios vacantes destinada a la extinción de los mismos, el recurso de las loterías, de los depósitos judiciales, de quiebras y concursos aplicados al propio objeto, y otras semejantes provisiones^{4}. Fue una novedad, notable para aquel tiempo, y novedad útil, la creación de Oficinas de Fomento, las cuales, entre otras cosas, entendieron en la estadística que se mandó formar en 1801, y se publicó en 1802, de los bautismos, matrimonios y defunciones, con expresión de sexo, edad, naturaleza, oficio o profesión, enfermedad y otras circunstancias, que se contenían en nueve estados o formularios a que habían de arreglarse en las tablas que se remitieran, a fin de conocer en todo tiempo el estado de la población y las causas que contribuían a aumentarla o disminuirla^{5}. De mayor utilidad aún pudo ser la estadística de frutos y manufacturas que también se mandó formar, primera de esta clase en la península, y que si bien imperfecta, como tenía que ser en el principio, demuestra el valor que se empezaba a dar a los datos estadísticos, y que continuada habría podido conducir a establecer la equidad en los impuestos, y producir otras ventajas y resultados de reconocida utilidad^{6}.

Si bien en 1803 se amortizó menor suma de vales relativamente al año anterior, pues solo se cancelaron unos 250.000.000, consistió mucho, ya en el aumento de pagos que por las nuevas ordenanzas se estableció para el ejército y marina, ya por la escasez de las cosechas, y ya principalmente por el subsidio en metálico a Francia en sustitución del contingente de navíos armados que reclamaba Bonaparte, como medio de mantener nuestra neutralidad entre Francia e Inglaterra. Lo extraño es que en medio de las nuevas angustias que las calamidades y los compromisos de una política que ahora no calificaremos nos creaban, hubiera todavía aliento para emprender, a favor de una paz precaria, y puede decirse que problemática, algunas obras públicas de caminos y puertos^{7}, bajo la dirección de un cuerpo de ingenieros, aunque incompleto y a estrechos límites reducido, que se formó y se puso a cargo de don Agustín de Betancourt, y que puede considerarse como el anuncio y principio del que con otros elementos y sobre más ancha y sólida base habíamos de ver más adelante establecido.

Para ver de alentar el comercio y la industria nacional en medio de tantas escaseces, se acordó eximir de toda clase de derechos y declarar libre el tráfico y circulación de los productos y manufacturas de los dominios españoles de Europa, Asia y América, y dar facilidad a la introducción de materias extranjeras de que carecíamos y eran necesarias para fomentar la fabricación en nuestro suelo, al mismo tiempo que se prohibía absolutamente la entrada de artefactos extranjeros de algodón, seda, lino, y otras semejantes materias, siquiera disgustasen estas disposiciones a la potencia que el gobierno mostraba más interés en mantener contenta y amiga, y siquiera los resultados no respondiesen ni a los buenos deseos ni a los ventajosos fines que de ellas con arreglo a las ideas mercantiles de aquel tiempo esperaban y se prometían^{8}.

No puede dudarse del celo y afán con que procuraba el gobierno remediar en lo posible la escasez de cereales que afligía a los pueblos, no ya solo por la falta o cortedad de las cosechas, sino por los manejos de los monopolistas y acaparadores, plaga que por lo común suele venir tras la esterilidad, y ser no menos duro azote que ella. A extinguir una y otra se encaminaban multitud de providencias que registramos, dictadas en el sentido propio del sistema económico de la época y con la rudeza de las formas de los gobiernos absolutos. Comenzose por obligar a los cosecheros y cualesquiera otros tenedores de granos a vender al precio corriente a cualesquiera que lo solicitasen todo lo que no necesitaran para la siembra o para el sustento de su familia, bajo la pena de perdimiento de todo lo que tuviesen^{9}. Continuose por mandar que en todos los pueblos del reino sin distinción, en que se temiese que, o por la escasez de la cosecha o por la subida de los precios, faltasen granos para la sementera o para el abasto de pan de cada vecindario, se retuviera la parte necesaria de los que se hubieren pagado o se debiesen pagar por diezmos, fuesen eclesiásticos o laicales^{10}. Y como se elevasen representaciones, quejas y consultas por parte de varios personajes, y se dudase si estaban comprendidos los granos procedentes de tercias reales, de noveno, excusado, encomiendas, &c., a todo contestó el rey con estas lacónicas palabras: «Ninguna clase de diezmos he querido exceptuar de mi resolución, comprendida en la cédula de 8 de setiembre, y así lo he mandado.»

Prohibiose rigurosamente la exportación, y se abrieron nuestros puertos a la introducción de granos extranjeros, que fue de lo que provino una de las más enormes deudas que contrajimos con la Francia, la cual se encargó del abastecimiento de granos a nuestra península, y añadió ese crédito más al del subsidio estipulado en el tratado de neutralidad. Para surtir a cada pueblo según sus necesidades, formose además con real aprobación en Madrid una compañía de capitalistas y casas de giro, de la cual habían de recibir los ayuntamientos el grano que pidiesen, a los precios establecidos, por coste y costas, a pagar en el acto o en un corto plazo; y se prescribían reglas sobre el modo como los pueblos habían de hacer los pedidos, verificarse la entrega, realizarse los pagos, las operaciones de conducción y distribución, &c.^{11}– En armonía con estas medidas, y atendida la influencia que tienen siempre los precios del grano y del pan con los de los demás artículos de consumo, diéronse varias providencias sobre la tasa de comestibles, y se expidieron diferentes órdenes con penas y multas para que las personas acaudaladas, y los dueños de fondas, hosterías y otros establecimientos no pudieran pagarlos sobre el precio establecido, para evitar los perjuicios que de ello habrían de resultar al público^{12}. Y por otro lado también se discurrían y se mandaban plantear medios y recursos para el mantenimiento de los jornaleros en la temporada rigurosa del invierno, ya excitando la caridad y la filantropía de los prelados, cabildos y otras corporaciones y personas pudientes, ya mandando a las justicias que promovieran obras públicas para alimentar, ocupar y entretener tantos brazos ociosos y necesitados^{13}. Esfuerzos todos que demuestran el buen deseo de los gobernantes, pero ineficaces para el remedio de la penuria y miseria que aquejaba los pueblos, y que nacía de más hondas raíces, y no provenía solamente de causas naturales, sino también de causas políticas y administrativas, irremediables unas, no exentas de culpa y error otras.

Entre ellas debe sin duda contarse los pingües, los enormes sueldos y emolumentos que de atrás venían disfrutando los ministros, consejeros y otros altos funcionarios del Estado, acumulando además cargos y empleos, y percibiendo las retribuciones y los gajes señalados a todos y cada uno de ellos. De 15 a 24.000 pesos era la dotación de las secretarías del despacho, 6.000 pesos el sueldo de cada consejero, que con los gajes^{14}, los cuales en cantidad determinada se aplicaban como parte de sueldo, ascendía el de cada consejero a 134.776 rs. Había de este modo quien reunía por sus cargos 20.000, y hasta más de 40.000 pesos de haber; cantidades que hoy nos parecerían exorbitantes y desproporcionadas, pero que lo eran infinitamente más en aquellos tiempos, atendida la diferencia de las condiciones económicas de la vida^{15}.

Ello es que no habiéndose acertado a remediar la carestía, continuando los logreros y atravesadores, a pesar de todas las mencionadas providencias, en su sistema de ocultación de granos, y esperando forzar de este modo a la subida de los precios (propio manejo de los que en tales casos acostumbran a especular con la miseria pública), detentadas y sin circulación las existencias, diestros aquellos en quitar de las manos lo que venía en cargamentos extranjeros para esconderlo en sus paneras, y no muy celosos ni activos muchos ayuntamientos para proveerse de los depósitos establecidos por la compañía de negociantes, y voces maliciosas que con fundamento o sin él se esparcen siempre contra esta clase de empresas, todo contribuía a aumentar la penuria, a predisponer al pueblo, con la idea horrible del hambre, contra los ministros y contra el Consejo, de quien procedían inmediatamente las providencias, y a prepararle a las sublevaciones y los tumultos, bien que incluyendo también en sus quejas, así a la empresa de provisiones de Madrid y sus sucursales en las provincias, como a los logreros y acaparadores, cuya participación en el mal nadie desconocía^{16}. La aplicación del producto de las ventas de memorias y obras pías al surtido de las cillas, la retención de la quinta parte de todos los diezmos, la reducción del voto de Santiago por aquel año a una mitad, y otras medidas de esta índole, excitaron el disgusto y la murmuración de los partícipes en diezmos, y principalmente del clero, contra los autores de ellas, representándolos como los causantes de todos los males, y más señaladamente al príncipe de la Paz contra quien estaba ya prevenido, así porque el cargo y responsabilidad de los males públicos recaen siempre en primer término sobre el que en primer término se halla al frente del gobierno del Estado, como porque la memoria indeleble de su rápida elevación y la odiosidad que en España sigue siempre a las privanzas y a los validos, abría fácil entrada a la irritación y al encono contra el personaje en cuyo descrédito se trabajaba. Los enemigos que tenía dentro y fuera de palacio explotaban también aquella versión para representarle el culpable del hambre que amenazaba, y hacerle más odioso y acabar de concitar contra él las pasiones populares.

Y sin embargo no quiso el gobierno adoptar las medidas de rigor que aconsejaba y proponía al rey gobernador del Consejo, conde de Montarco, para averiguar las existencias, inquirir quiénes fuesen los detentadores de los granos, castigarlos ejemplarmente, y residenciar al propio tiempo a las justicias, enviando para ello a las provincias comisarios regios revestidos de especial jurisdicción y amplias facultades. Lo que se hizo fue apelar al medio siguiente.

Hallábase en Madrid el famoso Mr. Ouvrard, el director de la compañía francesa titulada: Reunión de comerciantes, que era la que entonces hacía con el gobierno de la república todos los negocios y operaciones del tesoro^{17}, el hombre acaso más notable que se ha conocido por su genio fecundo, emprendedor y especial en materia de recursos y de grandes especulaciones, en vastas operaciones de crédito, y en abarcar para sus combinaciones todos los grandes mercados del mundo. Era ya el gran provisionista de la Francia, el abastecedor de su ejército y marina, y el que había sacado ya de grandes apuros a su gobierno. A este hombre singular, que tanta celebridad ha adquirido en la historia económica, acudió al príncipe de la Paz para salir del que entonces afligía la España. Prestose pronta y fácilmente Ouvrard a celebrar un contrato con los ministros, el Consejo y la junta de provisiones, por el cual se obligaba a surtir el reino de cereales, hasta la cantidad de dos millones de quintales, mayormente de trigo de buena calidad, a precio de 88 rs. quintal, que con el derecho de extracción impuesto por la Francia subía a 104 rs. poniéndolo en nuestros puertos y trasportándolo a los mercados del interior, facilitando los pueblos de su cuenta los bagajes. A cambio de este servicio se dio al gran asentista el privilegio de extraer los pesos duros de nuestras colonias americanas al precio de 3 francos, 75 céntimos, que en España, Francia y Holanda valían cuando menos 5 francos; ganancia exorbitante, pero ciertamente bien merecida, si Ouvrard tenía la fortuna de traer del nuevo al antiguo mundo aquellos metales burlando la vigilancia de los cruceros ingleses; y España renunciaba de buen grado a la cuarta parte de su riqueza de América a trueque de realizar y asegurar las tres cuartas partes, y remediar al propio tiempo la miseria que padecía el reino^{18}.

Este último objeto se consiguió cuanto era posible; pues tan pronto como se tuvo noticia del contrato, y antes que llegaran a nuestras costas los cargamentos hechos por cuenta de Mr. Ouvrard, ya comenzaron los mercados del interior a verse surtidos de grano, los almacenes se fueron abriendo a competencia, las paneras se franqueaban, y los precios fueron descendiendo sucesivamente en dos terceras partes^{19}. Se vio pues manifiestamente que la escasez había sido menos real que facticia, y muchos especuladores, en vez de las enormes ganancias que se habían prometido, sufrieron grandes pérdidas, y algunos se arruinaron.

Mas éstos eran remedios parciales y momentáneos, y sobre los atrasos que de antes venía padeciendo el tesoro, la guerra que de nuevo nos declaró la Gran Bretaña^{20} vino a ponernos en mayores apuros y más invencibles conflictos. Pues si bien cesó la obligación del subsidio que nos habíamos comprometido a satisfacer a Francia durante la neutralidad, y de que aun estábamos en descubierto, en cambio hubo necesidad de mantener en pie de guerra fuerzas considerables marítimas y terrestres; fue menester armar y proveer hasta cuatro escuadras, y multitud de barcos ligeros y fuerzas sutiles, para atender a la guarda y defensa del litoral de la península y de las dilatadas e inmensas costas de ambas Indias. A estas atenciones hubo que destinar los fondos que habían de servir para seguir amortizando los vales reales, teniendo que sostener el crédito con aumento de hipotecas y con nuevos valores. Se obtuvo del papa la facultad de enajenar la séptima parte de las fincas de la Iglesia, con las mismas condiciones que la venta de los bienes de memorias y obras pías, dando en equivalencia al clero inscripciones o láminas con el interés de tres por ciento anual, que fue un gran paso en el sistema de desamortización eclesiástica iniciado en el reinado anterior y proseguido en éste. Pasados algunos meses se abrió un empréstito de 100.000.000 de reales (29 de junio, 1805), repartidos en cincuenta mil acciones con el interés anual de cinco y medio por ciento, reembolsable todo en ocho años. Se empleó el medio, entonces muy en uso, de las loterías extraordinarias. Se arbitró la subvención temporal de uno y medio por ciento del valor de los géneros y frutos que se extrajesen o se importasen de países extranjeros, así en los puertos de España como en los de América. Se autorizó a la caja de consolidación para admitir al rédito anual de tres por ciento las cantidades que libremente se quisieran imponer en ella, recibiendo por capital efectivo una tercera parte de su importe, y las otras dos en créditos liquidados y corrientes contra la tesorería mayor, prescribiendo reglas así para el reembolso de los capitales como para la negociación de los créditos. Y a pesar de la repugnancia de Carlos IV a establecer nuevas contribuciones, se impuso, 1.º un tres y un tercio por ciento sobre los frutos que no pagaban diezmo: 2.º media anualidad de los productos de capellanías laicales en cada nuevo nombramiento que se hiciese: 3.º un tres y un tercio por ciento sobre los productos de las donaciones de la corona a manos muertas: 4.º un arbitrio de cuatro maravedís en cada cuartillo de vino que se consumiese en el reino^{21}.

Y a pesar de tan extraordinarios esfuerzos, ni el ejército podía estar vestido, pagado y alimentado como correspondía, ni las escuadras provistas de las dotaciones y de los víveres que habían menester, que la guerra hacía necesarios, y que el gobierno aliado de la Francia no recomendaba solamente, sino que porfiadamente exigía. Diarias eran sus quejas sobre la falta o escasez de provisiones de nuestras naves, y sobre lo incompleto y tardío de sus aprestos para las combinaciones en que a ella le convenía emplearlas, y para los movimientos y operaciones que su gobierno ordenaba y disponía, sujetos nuestros marinos por el tratado de París a obedecer las órdenes del emperador o del ministro de Marina del imperio. Verdad es que Francia solía anticipar y suministrar fondos para la provisión, armamento y equipo de nuestras naves; pero esto mismo iba formando un crédito, que unido al de los cargamentos de trigo, y al del subsidio por la neutralidad aun no satisfecho, aumentaba enormemente la deuda de España, y dio lugar y pie a prolijas e incesantes reclamaciones de parte del emperador y del gobierno francés, a veces tan apremiantes que ponían en desesperados aprietos y apuros a los ministros españoles, no encontrando ya medio cómo terminar la liquidación de un modo que fuese por lo menos soportable.

Más espléndido el gobierno de aquel tiempo, y más dado a la largueza que lo que los empeños del tesoro consentían, al modo que había desplegado una costosa magnificencia en las bodas de los príncipes, y que subvenía al proscrito pontífice Pío VI con una liberalidad que habría sido muy laudable si no hubiera tenido tantas y tan urgentes necesidades interiores que satisfacer, así también después del lastimoso desastre de Trafalgar quiso ser tan pródigo en recompensas y premios con los valientes que habían sobrevivido y con las familias de los que perecieron en aquel glorioso y funesto combate, como si el erario se hallara en el mayor desahogo. El fin y la intención eran dignos de alabanza, mas sobre recargarse el tesoro con ascensos y pensiones que no podía soportar, hubo que recurrir a suscriciones patrióticas, que ciertamente produjeron un resultado honroso al civismo de los pueblos y de las corporaciones, y de las mismas tropas que también escotaron de sus escasos haberes para el socorro de las familias de aquellos beneméritos marinos, pero que no disminuían las nuevas obligaciones que contraía el Estado. Con haber quedado tan reducida nuestra armada, al fin de aquel mismo año (1805) era deplorable su situación respecto a administración y asistencias; y es desconsolada la pintura que del estado del departamento del Ferrol hacía en diciembre del mismo, en comunicación confidencial al príncipe de la Paz, un hombre que demostraba conocer a fondo el personal y la administración de aquel departamento^{22}.

En medio de todo, fuerza es reconocer que no desatendía el gobierno, en cuanto era posible, el ramo de obras públicas, ni descuidó, como muchos han supuesto, la industria y la fabricación. Las oficinas de Fomento, para las cuales por primera vez se exigieron condiciones de estudios y pruebas de conocimientos a los que habían de ser empleados en ellas, habían trabajado con utilidad en los objetos de su instituto, que eran, entre otros muchos, recoger de los libros, memorias y archivos, y extractar y ordenar cuantos datos y noticias pudiesen reunir sobre agricultura, industria, comercio, hacienda, navegación, medidas, pesos, monedas, impuestos, población, &c., para formar un censo el más completo y exacto posible en todos los ramos de estadística, como que habían de presentar al gobierno al fin de cada año una memoria o estado comparativo de la situación económica del reino, con un informe sobre las causas del atraso o del progreso, del movimiento o de la estancación, y sobre los medios de fomentar y desarrollar los elementos que constituyen la riqueza de un país, y las medidas que pueden conducir al mejor orden económico, y al más sencillo y equitativo sistema de impuestos.

Estos trabajos, que habían de arrojar el producto verdadero de las rentas del Estado, y el conocimiento de los gastos indispensables de cada ministerio; que podían ser la base para fijar los presupuestos anuales; que se esperaba sirviesen para poder establecer la contribución única a que por un error económico de la época aspiraban como una perfección tiempo hacía los gobiernos de España, y que de todos modos eran unas apreciables tablas estadísticas, que contenían datos y documentos utilísimos para las reformas que se deseaban en el sistema rentístico; estos trabajos llegaron a estar, como indicamos atrás, muy adelantados; pero los trastornos que después sobrevinieron fueron causa de que unos se perdieran o inutilizaran, y de que otros cayeran acaso en manos que hayan sabido utilizarlos en trabajos posteriores.

Pero las circunstancias eran superiores a todos aquellos esfuerzos, y no bastaban cuantos arbitrios se discurrieran para cubrir las inmensas atenciones, los enormes atrasos, los nuevos compromisos y las necesidades crecientes de cada día^{23}. Una de las mayores era sin duda la de tener constantemente habilitadas y en continuo movimiento todas las escuadras y flotillas que se necesitaban para guardar y defender las dilatadísimas costas de nuestras posesiones de ambos mundos contra las expediciones marítimas y los ataques de la poderosa Inglaterra. Fuerza es confesar que no se hizo poco en mantener la integridad del territorio español, y en conservar las colonias, rechazando las invasiones inglesas, y oponiendo a sus acometidas defensas tan heroicas como la de Buenos-Aires (1806 y 1807). Pero esto mismo hacía acrecer prodigiosamente los ahogos de la hacienda; al compás de los apuros apremiaban las exigencias de la Francia; Napoleón no era hombre de espera para las liquidaciones y los pagos, y fue menester, a propuesta de un personaje de aquella misma nación, contratar un empréstito de 30.000.000 de florines con la casa Hoppe y compañía de Holanda, cuya comisión se dio a don Eugenio Izquierdo, sobre el de 10.000.000 de florines que en 1805 se había negociado con Ouvrard al rédito de cinco y medio por ciento^{24}.

Larga y por demás prolija tarea sería la de hacer la historia de estos y otros contratos que las necesidades y los compromisos políticos obligaron al gobierno de aquel tiempo a celebrar con aquellos y otros negociantes, y más larga todavía, y más complicada la de las reclamaciones, cargos, liquidaciones, reparos, protestas y gestiones de todas clases, que desde entonces se entablaron y han continuado hasta estos mismos días, entre los gobiernos español y francés, entre el tesoro de Francia, la caja de Consolidación de España, los contratistas Vaulemberghe y Ouvrard, las casas Hoppe y compañía de Holanda, Desprez, Hogguer, David, Parich, y todos los que como negociantes, asociados o agentes en América y Europa en tales contratos intervinieron, y cuyas embrolladas liquidaciones han producido transacciones y convenios internacionales, leyes de cortes y reales decretos, elevando, o convirtiendo, o determinando obligaciones que aún no se pueden dar por terminadas. De onerosas para España han sido calificadas las condiciones, especialmente de algunos de aquellos contratos, pero la nación por un concurso de causas anteriores y de actualidad no se hallaba en disposición de imponerlas más ventajosas a los que pudieran suministrarles fondos para sus urgentes necesidades^{25}.

Así fue que a pesar de los cuantiosos fondos que en este reinado se aplicaron a la amortización de la deuda, solo pudieron extinguirse unos 400.000.000 de reales, del inmenso capital de 1.760.000.000 a que próximamente ascendía el importe de los doscientos cuarenta y tres mil doscientos cincuenta y cinco vales que en diferentes épocas se emitieron, y al tiempo de la abdicación de Carlos IV la nación se halló con una deuda en vales representada por la suma de cerca de 1.900.000.000 que gravaban al erario con 75.000.000 de rédito anual^{26}. Y no obstante los arbitrios y las trazas de los cinco ministros que estuvieron encargados de la hacienda, trazas a que los obligaba también el empeño sistemático de Carlos IV de no imponer nuevos tributos, el total de la deuda de España ascendió a 7.204.256.831 reales, y su rédito anual subía a 207.913.473 reales^{27}.

Pero hay que tener en cuenta que no toda esta masa de deuda había sido contraída en este reinado, sino que una buena parte de ella procedía de los anteriores, y que haciendo rebaja de los juros, de los créditos de Felipe V admitidos en los empréstitos, y de la creación de vales del tiempo de Carlos III, resulta una disminución en la deuda de este reinado de más de 2.600.000.000^{28}; y que los gastos de una guerra de quince años, casi continua o con breves interrupciones, fueron inmensos, y tantos, que agregadas las pérdidas, no es fácil, aunque algunos lo han intentado, poderlos calcular.

Que de este estado casi permanente de guerra, que de los gastos enormes que a esta atención había que consagrar, que de las calamidades y siniestros que se padecieron, que de los apuros y estrecheces del erario, que de los errores políticos y hasta de la agitación e inquietud en que se vivía, habían de resentirse la agricultura, el comercio, las artes todas, que solo prosperan y florecen a la sombra del sosiego público, de la paz y de la economía, es cosa que ni puede ni debe sorprender, porque no deben sorprender las consecuencias naturales y que lógicamente nacen de sus causas. Mas no por eso deja de ser también exagerada la pintura que historiadores nacionales y extranjeros han hecho hasta ahora de la completa ruina que habían sufrido, del absoluto abandono en que, según ellos, tuvieron los ministros de este reinado aquellos elementos de riqueza y de prosperidad. La primera obligación del historiador es ser imparcial y justo. Nosotros, deplorando como el que más la decadencia que por desaciertos o errores políticos y económicos aquellos ramos padecieran, no podemos dejar de reconocer los esfuerzos que al intento de protegerlos y fomentarlos hicieron, con más o menos acierto, y con más o menos ventura, los gobernantes de aquella época.

Ya en el capítulo VI enumeramos varias providencias encaminadas a este buen fin. El modo indirecto de poner coto a la estancación de la propiedad inmueble con el quince por ciento sobre todos los bienes raíces que adquirieran las manos muertas, y otro quince por ciento a favor de la Caja de amortización sobre los bienes, derechos y acciones que se vincularan en lo sucesivo a consulta de la cámara y con real licencia; la enajenación de los edificios pertenecientes a los propios; la venta con autorización pontificia de las fincas y predios pertenecientes a obras pías, memorias, cofradías y patronatos laicales, con destino a la extinción de la deuda pública; la supresión de la carga del servicio extraordinario y su quince al millar que pesaba sobre la agricultura; la reproducción de la casi olvidada real cédula de 1770 para el repartimiento de tierras concejiles y la concesión a censo de las realengas; la obtención del breve pontificio para la disminución y reforma de las órdenes religiosas; la admisión en España de artistas y artesanos extranjeros que viniesen a ejercer o enseñar alguna profesión u oficio, sin que les sirviera de impedimento su religión o creencia; la supresión de algunos gremios, y la libertad de aprendizaje y ejercicio de ciertos oficios mecánicos; la abolición de la marca y peso a que se había sujetado a los fabricantes, y de las trabas impuestas a la manufactura y venta de sus telas y tejidos; la introducción en el reino, libre de derechos, de las herramientas, instrumentos, útiles y primeras materias necesarias a la fabricación; la mejor organización de los pósitos; el establecimiento de montes píos y bancos de socorro para agricultores e industriales; las providencias dirigidas a promover la reedificación de solares y casas yermas, y otras a este tenor.

También en el presente capítulo hemos apuntado algunas providencias dirigidas al mismo fin. Habilitáronse además nuevos puertos para el comercio, y se derogaron restricciones puestas de antes al trasporte de géneros y frutos. Se aumentaron y mejoraron los consulados, y se abolió la marca para los árboles destinados a la marina. Invirtiéronse sumas no despreciables, que se hallan en las cuentas de la tesorería, para el fomento del jardín botánico, del gabinete de historia natural, de el de máquinas, del laboratorio de química, para telégrafos, caminos, canales de Aragón y Castilla, para las fábricas de paños, de algodones, de cristales y de china. Medidas todas, si se quiere, incompletas, incoherentes, aisladas, inferiores a lo que reclamaban las necesidades, y no sujetas a un sistema como la mayor parte de los trabajos de aquel tiempo, pero que al menos prueban no haber habido ese total descuido y abandono que generalmente se supone; y aparecen aún menos insignificantes si se considera el estado casi continuo de guerra en que se vivió, la penuria consiguiente del tesoro, las influencias que contrariaban las reformas, y lo no muy adelantados que entonces se hallaban todavía los estudios económicos.

Del estado de nuestra marina al tiempo de la invasión francesa y de los sucesos que produjeron la abdicación de Carlos IV traza un historiador francés el cuadro más lastimoso y desconsolador, comenzando por decir que, compuesta en tiempo de Carlos III de setenta y seis navíos y cincuenta y una fragatas, solo constaba de treinta y tres navíos y treinta fragatas en el reinado de Carlos IV. Con gran fruición (como que la manifiesta siempre y en cuantas ocasiones se le presentan de deprimir la nación española) se detiene luego en hacer la pintura más triste del estado de deterioro de casi todos estos buques y de sus tripulaciones, reduciendo solo a seis navíos los que estaban en aptitud de hacer servicio^{29}. Y exclama después: «He aquí a lo que había llegado la marina de una de las naciones del globo más naturalmente destinadas al mar, ¡de una nación casi tan insular como la Inglaterra…! Cuando se preguntaba a la administración española cuántos navíos había armados y equipados, no podía decirlo. Si se le preguntaba en que época se hallaría tal división en disposición de levar el áncora, se veía más embarazada para contestar. Todo lo que el gobierno sabía era que la marina se encontraba desatendida; esto lo sabía muy bien, y aun lo quería…»

No diremos nosotros que nuestra marina se hallara en aquel tiempo en un estado próspero y brillante: de no estar tan atendida como debiera, y de la mala administración de los departamentos, nos hemos quejado algunas veces: los descalabros que había sufrido en tantos años de lucha con la potencia naval más poderosa eran muchos y la tenían muy quebrantada. Mas sobre ser de todo punto inverosímil que el gobierno mismo lo quisiera, que fuera tal su ignorancia que no supiera cuántos navíos tenía, y cuáles estaban armados, nosotros demostraremos al referido historiador, primero, que el gobierno no lo ignoraba, y segundo que el número de navíos y fragatas no era tan reducido como él con su acostumbrada confianza da por seguro y sentado. De los datos oficiales que obran en el archivo de nuestro ministerio de Marina consta que había en aquel tiempo, no treinta y tres navíos y veinte fragatas como asegura Thiers, sino cuarenta y dos navíos de sesenta a ciento catorce cañones, y treinta fragatas de veinte y seis a cuarenta y cuatro, veinte corbetas de diez y seis a treinta y dos sin contar un buen número de buques menores^{30}.

Confesamos que un buen número de estos buques necesitaban de gran reparación, que las tripulaciones de algunos eran incompletas, y que otros carecían del material necesario. Diremos más, siquiera nos sea doloroso reconocerlo, y de ello haremos un grave cargo al gobierno de aquella época. El personal de nuestra armada era tan excesivo, tan desproporcionado el número de jefes, capitanes, oficiales, ingenieros y pilotos, que sus sueldos absorbían un presupuesto exorbitante; y que si ya en el reinado de Carlos III se quejaba con razón el conde de Aranda de la desproporción del personal de nuestra armada y de su excesivo coste en cotejo y relación con la francesa, en el de Carlos IV subió de punto aquel mal a un extremo inexcusable^{31}.

Mas dado caso que fuese exacto en todas sus partes (lo cual solo en hipótesis podemos conceder) el cuadro lastimoso y triste que del estado de nuestra marina en aquella época ha trazado el historiador a que nos referimos, parécenos que a nadie menos que a un historiador francés correspondía complacerse en recargarle de tan negras tintas y hacer por ello tan severos cargos al gobierno español, siquiera fuese en consideración a haber estado tantos y tantos años la marina española (en cumplimiento fiel de una alianza más o menos prudente o indiscreta, más o menos conveniente o nociva a nuestra nación) consagrada al servicio de la Francia y a las órdenes del gobierno francés, casi siempre anclada en sus puertos y protegiendo sus costas, combatiendo constantemente al lado y en unión, y a vanguardia muchas veces de las escuadras francesas contra las fuerzas navales de la Gran Bretaña, nuestra común enemiga entonces: siquiera en consideración a que los descalabros que sufrió la marina española en combates gloriosos, aunque desgraciados, le vinieron, o por acudir a salvar de una destrucción próxima y casi segura una flota francesa, como en Cádiz, o por torpeza y pusilanimidad del almirante en jefe francés, como en Finisterre y Trafalgar; siquiera en consideración a que el mismo Napoleón en ocasiones solemnes hizo cumplida justicia y público elogio del valor de los marinos españoles sus aliados, y a que el almirante francés Villeneuve tuvo que oír sin replicar de boca del español Gravina palabras como las siguientes: «Señor almirante, siempre que los españoles han operado con escuadras combinadas han sido los primeros a entrar en fuego.»