Frigdiano Álvaro Durántez Prados
El español y Brasil
«Tanto a Francia como a Italia y a Alemania se les concedió generosamente ese estatus, no por ser países afines a los iberoamericanos –que no lo son, no hablan ni español ni portugués–, sino, supuestamente, “por las significativas aportaciones” que pudiesen realizar al sistema multilateral iberoamericano. Hoy hemos visto que estas naciones, lejos de contribuir positivamente, han actuado gravemente y con hostilidad contra el patrimonio lingüístico compartido iberoamericano.»
Cuando en estos últimos días el Papa de Roma se ha dirigido pública y directamente en español a los ciudadanos de Timor Oriental, una pequeña nación de lengua oficial portuguesa en el extremo de Asia, pronunciando incluso su multitudinaria homilía en nuestro idioma, conviene recordar la noticia que al comienzo del verano impactó tan negativamente en distintos sectores educativos y diplomáticos de Brasil, España y la mayor parte de los países hispanoamericanos: la Embajada de la República Francesa en Brasilia, con el apoyo de las de Italia y Alemania, maniobró políticamente para evitar que el idioma español fuese declarado por el Parlamento brasileño de enseñanza obligatoria en las escuelas del país. Aparte de la declarada injerencia en la política interna brasileña por parte de estos actores no americanos –injerencia que analizaremos ahora–, hay que destacar varios elementos fundamentales de este intento, estéril, de dinamitar o limitar la creciente importancia del idioma español en el gigante suramericano.
En primer lugar, es preciso sentar la premisa de que cualquier decisión sobre política interna o externa de Brasil supone una prerrogativa soberana exclusiva de esta gran nación independiente. Es decir, Brasil, a través de sus representantes y de sus procedimientos legítimos y legales, decide lo que considera acorde y lo que considera contrario a sus intereses nacionales. Por tanto, no es una embajada europea la que ha impuesto la medida aprobada por el Parlamento brasileño, sino una decisión soberana de la República Federativa del Brasil.
Dicho esto, vale la pena analizar brevemente la medida en sí. En nuestra opinión –y en la de muchos en Brasil–, la incorporación sustantiva del idioma español a la vida educativa, cultural, política y económica del Brasil representa una disposición fundamental para la proyección geopolítica global del país suramericano. Si Brasil aspira a ser reconocido como un «actor global», junto a los otros BRICS (Rusia, India, China y Sudáfrica), con peso e influencia en las diferentes regiones del mundo, tendrá que ser líder antes en su propia región natural, América del Sur, mayoritariamente de lengua española. Y para ser líder aquí, es preciso conectar primero con la corriente lingüística principal de la docena de países que lo circundan, sin contar los restantes hispanohablantes de Centroamérica, Caribe y Norteamérica. Considerando además la relación de intercomprensión existente entre el español y el portugués –que hace al primero fácilmente entendible por los hablantes lusófonos–, la opción posible y realista es clara.
En Brasil se da la circunstancia de que los gobiernos históricamente más nacionalistas, generalmente de derechas, han limitado tradicionalmente el conocimiento del castellano y, por tanto y paradójicamente, la proyección regional y global del país. Por el contrario, los de izquierdas han sido normalmente más proclives a la integración suramericana y a la adopción del español y, como consecuencia, han conseguido una mayor visibilidad de Brasil en el mundo. Pero ésta es una cuestión diferente, como lo es también la capacidad restringida de cualquier gobierno brasileño de implementar la enseñanza del español a nivel nacional.
En segundo lugar, asumido lo anterior, es preciso dilucidar cómo la actuación de una embajada europea, secundada por dos adláteres menores, ha podido más que veinte legaciones diplomáticas de países hispanohablantes, casi todos de la misma región que Brasil, en lo que ya se ha calificado y denunciado en este país como una acción abiertamente neocolonial y foránea extrarregional. Una injerencia incluso justificada públicamente por la embajada francesa con un cinismo sorprendente, manifestando que se trataba de una medida «en favor del multilingüismo», cuando es sabido que el único objetivo de Francia en este terreno, incluso declarado, es intentar frenar la presencia y proyección internacional del español para conseguir, a su parecer, que el francés se sitúe como segunda lengua internacional después del inglés y desplazando al español. Es algo obvio.
En este sentido, vale la pena también dedicar un par de líneas al seguidismo poco útil de las embajadas de Italia y Alemania, que nada ganan en esta controversia impulsada por un tercer Estado con intereses diferentes. La enseñanza del italiano y el alemán –lenguas con una posición internacional muy diferente a la del español o el francés– ya era respetada por la ley modificada en las zonas de Brasil donde se verificase una fuerte presencia de descendientes de inmigrantes de las correspondientes nacionalidades. En este contexto y ante la toma de una decisión tan importante por parte de los brasileños, las naciones hispanohablantes y sus instituciones representadas en Brasil habrían dialogado con las autoridades y representantes del país exponiéndoles su posición proclive al mayor conocimiento de la lengua española por razones de integración general; pero sin la menor actitud injerencista. Otros, sin embargo, han hecho algo muy diferente como lo demuestra el reconocimiento explícito realizado por las embajadas europeas mencionadas de sus acciones de ‘lobby’, de presión directa, ante los políticos y parlamentarios brasileños. Pero hay además otra cuestión muy relevante, de carácter político, que podrá dar más que hablar: nos referimos a la cooperación, la concertación político-diplomática y la integración general iberoamericana representada por el Sistema de Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno a las que periódicamente asisten el Rey de España y los presidentes iberoamericanos.
En 2008, atendiendo al interés que suscitaban internacionalmente las Cumbres, se estableció la categoría de ‘observador asociado’ a la Conferencia Iberoamericana para aquellos Estados que compartiesen afinidades lingüísticas, culturales y/o geográficas con los iberoamericanos; o que, no compartiéndolas, pudiesen realizar aportaciones significativas. Se añadía que los Estados solicitantes debían asumir expresamente el acervo integrado por los principios orientadores de la Conferencia. Y entre los elementos fundamentales del acervo iberoamericano se hallan, precisamente, las lenguas española y portuguesa, la llamada «base lingüística común», hoy más conocida como la iberofonía.
Tanto a Francia como a Italia y a Alemania se les concedió generosamente ese estatus, no por ser países afines a los iberoamericanos –que no lo son, no hablan ni español ni portugués–, sino, supuestamente, «por las significativas aportaciones» que pudiesen realizar al sistema multilateral iberoamericano. Hoy hemos visto que estas naciones, lejos de contribuir positivamente, han actuado gravemente y con hostilidad contra el interés de la integración general iberoamericana a través de sus embajadas en el seno del mayor país de la Comunidad Iberoamericana, maniobrando con luz y taquígrafos contra, ni más ni menos, el interés y el patrimonio lingüístico compartido iberoamericano. Es triste pero necesario, incluso por dignidad, que se plantee la pertinencia de que estos tres países europeos puedan seguir manteniendo la categoría de observador asociado a la Conferencia Iberoamericana.
Decíamos al principio que este intento de frenar al español en Brasil era, después de todo, «estéril». Y efectivamente lo es porque, como reconocían los propios actores injerencistas implicados. «el español ya es la elección del 95 por ciento de los brasileños que quieren aprender un segundo idioma». Pero es una cuestión de principios. Y de pragmatismo, como lo acaba de demostrar el Papa en Asia.