El catedrático de filosofía Agapito Maestre informa de cómo ha sido desposeído de su cátedra por la Universidad de Almería

Querido amigo:

Lo mejor será contar muy sintética y «descarnadamente» los hechos:

En 1995 o comienzos del 96, residiendo en Madrid, y a través de una convocatoria aparecida en el BOE firmo una plaza para presentarme a una cátedra del Área de Filosofía (perfil: «Corrientes actuales del pensamiento contemporáneo»).

En 1996, obtuve la cátedra de Filosofía en la Universidad de Almería, el Presidente del Tribunal fue Gustavo Bueno, hasta entonces yo era Profesor Titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Complutense (y en excedencia como Profesor Adjunto de «Historia de la Filosofía» de la misma Universidad). Y el mismo año 1996 fui nombrado catedrático y tomé posesión de mi cargo.

En 1998, una Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (T.S.J.A.) anulaba la convocatoria de la plaza al haberse omitido el preceptivo Informe del Departamento correspondiente (aunque fue muchas veces requerido, según dicen los miembros del antiguo equipo rectoral y consta en las diligencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al Departamento por el que se sacaba la plaza... El antiguo rectorado pidió, en el año 1996, permiso a la Sala del T.S.J.A. para realizar la oposición y ésta lo concedió...).

En 1998, al enterarme de la sentencia, y como yo nunca tuve conocimiento de ese procedimiento judicial, me quede perplejo. Pues no pude jamás tener ocasión de intervenir en él. Por eso, pedí amparo por indefensión al Tribunal Constitucional a través de mi letrado Don Manuel Clavero Arévalo (recurso 1730/98 A). El Tribunal Constitucional admitió a trámite la petición de amparo, e incluso por un Auto, de 8 de febrero de 1999, la Sala Segunda del Alto Tribunal resolvió acordar la suspensión de la ejecución de la Sentencia del T.S.J.A. respecto del fallo anulatorio de la convocatoria de mi plaza; pero el 11 de febrero de 2002 lo ha desestimado por una Sentencia de la que fue ponente doña Elisa Pérez Vera, a pesar de que el Fiscal y el Abogado del Estado me concedían el amparo.

En 1999, mientras yo solicitaba amparo al Constitucional, la sentencia fue recurrida en el Tribunal Supremo por los Ministerios de Educación y Justicia en «Interés de Ley», y el Tribunal Supremo el 9 de febrero de 1999 estimó el recurso, declarando como doctrina legal que el Informe omitido por el Departamento no tiene carácter vinculante. Y, por lo tanto, la Sentencia del T.S.J.A. no sería ya aplicada a terceros (no entraría, dicho llanamente, en los Aranzadis).

A pesar de que la Sentencia de 1998 del T.S.J.A. sólo anula la convocatoria sin pronunciarse sobre la resolución del Concurso-Oposición, que jamás fue recurrido por nadie ni en ese proceso ni en otro, ha de entenderse que la resolución del Concurso no debería verse afectada por una sentencia que anula la convocatoria por la ausencia de un mero trámite formal, nunca invalidante de los actos posteriores (un Informe preceptivo, pero no vinculante, que nunca habría hecho cambiar la Resolución del Concurso), y a pesar que hay diversas fórmulas para solucionar el problema del que nadie se beneficia (ni siquiera los recurrentes), y a pesar de los Informes del Ministerio de Educación sobre la citada Sentencia que nunca invalida el nombramiento de Catedrático a los afectados por la Sentencia, y a pesar de que Maestre ha impartido toda su docencia del curso 2001-2002 por tenerla concentrada en el primer cuatrimestre, y a pesar de tener aprobada por su Departamento la programación docente del próximo curso, y a pesar de que se paralizan todos los trabajos del Grupo de Investigación que dirijo, y a pesar de que el rectorado ha ejecutado de modo diferente sentencias similares referidas a profesores contratados, y a pesar de los pesares, &c., &c. el martes santo, en plenas vacaciones de Semana Santa, 26 de marzo, a las 13 horas, Agapito Maestre recibió la llamada de un PAS para que se pasase por la Universidad a recoger una carta o resolución, firmada por el Secretario General de la Universidad, el día 22 de marzo, en la que se le niega (o se le cesa) como Catedrático de la Universidad de Almería. ¡Vida!

En fin, queridos lectores, he aquí un ciudadano que, primero, no pudo personarse, por desconocimiento, en la causa que instruía el Tribunal Superior de Andalucía que trataba sobre la impugnación de la convocatoria de tres plazas; en segundo lugar, no pudo apelar a otras instancias cuando conoció la sentencia del T.S.J.A., pues en esa época no cabían recursos ni de apelación ni de casación contra ese tipo de sentencias que anulaba la convocatoria y, en tercer lugar, a pesar de ser una sentencia cuya doctrina ha sido considerada perjudicial al interés público por el Tribunal Supremo ha podido aplicarse en su contra (porque las sentencias recurridas por el Tribunal Supremo no afectan para los casos concretos sobre los que se dictaron), con lo cual se da la paradoja de que si se hubiera reiterado el proceso –siempre que el Tribunal Constitucional le hubiera admitido el recurso de amparo– contra la convocatoria, el Tribunal Superior de Justicia no habría podido aplicar la doctrina que empleó en su momento por haberlo así declarado el Tribunal Supremo...

¿Por qué la Universidad de Almería ha ejecutado la sentencia del modo menos favorable a su catedrático, es decir, dejándole en la calle, a pesar de tener otras alternativas (hay varios dictámenes de expertos y reconocidos juristas, así como del propio Ministerio de Educación que niegan radicalmente esa forma de ejecución)? ¿Persecución política e intelectual? ¡Obvio! ¿Por qué se convocan plazas con vicios formales sin que lo sepan los interesados? Para tener atrapados a los afectos al «régimen» convocante (endogamia o prevaricación a plazo fijo), y si la obtiene uno que no es «afecto», posteriormente, poder «eliminarlo» con trabas formales de la peor burocracia estalinista.

¡Vivan los imposibles!

Agapito Maestre

Sócrates tenía razón al decir que una sociedad es totalitaria y cruel, si en ella todo es posible. Mi amigo, un poeta socrático contemporáneo, apostilla: «No hay solución. Desengáñate de poder vivir tranquilamente en una Comunidad donde todo es posible.» Mi opinión es menos pesimista, pero les contaré una historia singular, excepcionalmente mi pequeña historia, con ánimo de expresar públicamente un desasosiego, que empieza a ser común a quienes vivimos en Andalucía. Me refiero al miedo, a la indefensión, ante las instituciones. Yo, por ejemplo, soy catedrático de la Universidad de Almería por Oposición, desde el año 1996, el presidente del Tribunal fue Gustavo Bueno, y toda mi vida está proyectada en el alma mater, pero el Rector me ha cesado durante las vacaciones de Semana Santa. ¡El caso de Edurne Uriarte, en el País Vasco, comparado con esta decisión, en una Universidad de Andalucía, deja de ser algo insólito! El martes santo me llamó un funcionario para entregarme una «extraña carta o resolución», firmada por el Secretario General, que me comunicaba que desde ese mismo momento estaba fuera de la institución, a pesar de haber sido aceptada mi programación docente para el próximo curso. Dicho con llaneza, aunque soy Catedrático de Universidad desde el año 1996, estaba en la calle. ¡Nada es imposible en regímenes sin libertad!

La docencia y la investigación con mis alumnos y compañeros, mis investigaciones en colaboración con otras universidades españolas y extranjeras, varios tramos de investigación reconocidos por el Ministerio de Educación, más de treinta libros publicados (unos en solitario y otros en colaboración), no menos de 100 trabajos científicos, director de un Grupo de Investigación con financiación pública, tesis doctorales dirigidas y otras en preparación, becas y estudios en el extranjero, tres licenciaturas, doctorado con premio extraordinario, tres oposiciones de Universidad ganadas en diferentes Áreas de Conocimiento, etcétera, sólo han servido para recibir una notificación del rectorado con la que pretende anular mi pertenencia al cuerpo de Catedráticos de Universidad por un mero error formal cometido por la propia Universidad, y del que yo no podía tener conocimiento, cuando firmé hace más de siete años la plaza, que he venido desempeñando con estricto cumplimiento de mi deber, incluido lógicamente el de establecer mi residencia en Almería y el consiguiente traslado familiar.

¡Lo imposible es posible! ¡Un martes santo uno se levanta Catedrático y se acuesta sin tener puesto de trabajo! ¡La cosa es seria! Pues que cuando un acto normal, como presentarse a un concurso de cátedra de Universidad y ganarla, puede tener consecuencias dramáticas para su protagonista, es que algo grave está pasando en la sociedad. Cuando lo imposible se hace cotidiano en ciertas universidades, parece que estamos al borde del abismo. Cuando «el todo es posible» de los regímenes totalitarios aparece como algo normal, es que la libertad democrática está herida de muerte. ¿Qué he podido hacer para que un rectorado pretenda anular mi condición de Catedrático de Universidad? Acaso me he excedido en mi crítica sobre los comportamientos de los rectores andaluces, y el de Almería en particular, ante el proyecto de ley del Ministerio de Educación para la reforma de la Universidad española. Acaso no se admite de buen grado que yo defendiese, especialmente para Andalucía, una urgente Ley Orgánica de Universidades. Acaso no sentaron bien mis artículos contra las huelgas surgidas, y a veces organizadas, desde los rectorados contra el proyecto de Ley de Universidades. Acaso no fueron acertados mis comentarios aparecidos en El Mundo de Andalucía sobre la situación de la Universidad española, por ejemplo, cuando escribí: «Una interesante corriente de opinión recorre Andalucía, España, contra las inercias exhibidas por las autoridades académicas y políticas ante el "proyecto" de reforma de la ministra de Educación y Cultura (...). Me han impresionado dos opiniones recientes que pueden ser también de interés para el lector. La primera se refiere a los atropellos cometidos en nombre de la autonomía universitaria (...), que invitan a pensar que tampoco ahora se generaría dentro de la Universidad una movilización capaz de poner freno a atropellos de mayor cuantía; a pesar de todo, el autor de esta opinión hace votos porque una nueva ley cambie el escenario con la ayuda de universitarios dispuestos a luchar por su autonomía, pero siempre con la seria reserva de que los actuales expertos (podría hablarse de equipos rectorales) en los entresijos del gobierno académico llevan demasiados años entrenándose concienzudamente para otras batallas, que no son, precisamente, académicas.

El talento, seguía yo diciendo en ese artículo de El Mundo de Andalucía, es un bien escaso en los espacios universitarios, pero está en trance de desaparecer por la utilización perversa que de la institución han hecho un grupo de rectores y un puñado de profesionales del poder que «desgobiernan» algunos campus (...). Descerebrada, burocratizada y con poquísimos sentido autocrítico, la Universidad española está bajo mínimos. La LRU y todos sus defensores, entre los que destacan los mencionados expertos en los entresijos del poder académico, han conseguido que esta «institución» se mueva por un camino tortuoso entre lo políticamente correcto y la endogamia que, en cuanto conducta desviada de las normas aceptadas por los ciudadanos decentes de cualquier grupo social, roza permanentemente con las acciones del delincuente de guante blanco. La autonomía universitaria es sólo un concepto mancillado por el uso perverso que de ella hacen sus gestores políticos y académicos. Pocos son los que se atreven a reconocer este grave problema, pero mientras no digamos alto y claro que la mayoría de las conductas de los expertos en ganar elecciones universitarias están en los límites de las conductas mafiosas, ya me gustaría a mí que se quedaran en endogámicas, nada podrá reformarse.

Respeto, e incluso aliento, las buenas intenciones de la ministra y su equipo de reformadores, pero si no reconocen el peligro de estas conductas, a mitad de camino entre la actuación corporativa y el desprecio más perverso de los derechos individuales y la excelencia intelectual, sus buenos y piadosos deseos muy pronto se convertirán en gimoteos o, peor aún, en asunto de lucha electoral que es lo que hasta ahora pretendía eludirse. Por lo tanto, las Universidades mejor estarían cerradas que convertidas en centros especializados para el crimen, pues, como dijo Ortega: «Porque una lección es una peripecia de fuerte dramatismo para el que la da y para los que la reciben. Cuando no es esto, no es una lección, sino otra cosa –tal vez un crimen– porque es una hora perdida y la vida es tiempo limitado y perder un trozo de él es matar vida, practicar asesinato blanco. Como en la Universidad actual las lecciones no suelen ser eso que he llamado peripecia quiere decirse que la Universidad es un lugar de crimen permanente e impune.»

En fin, los motivos que han impulsado al rectorado de la Universidad de Almería a dejarme en la calle son difíciles de «explica», quizá hayan sido mis anteriores palabras o la cita de Ortega. ¡Quién lo sabe! Lo cierto es que en materia universitaria la equiparación autonómica de Andalucía con el País Vasco ha llegado a ser total, al menos para los no afectos al régimen gobernante.

Agapito Maestre cesado como catedrático de la Universidad de Almería

Manifiesto a favor del Catedrático Agapito Maestre
Los hechos | 81 profesores | Informe Rector
Fernando Muñoz, El escándalo Maestre